La Justicia de Estados Unidos define este martes el futuro del millonario juicio por YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá este martes un punto decisivo en el litigio por la expropiación de YPF, iniciado hace una década y con un fallo adverso que compromete al Estado argentino por US$16.100 millones más intereses diarios. La decisión determinará si se mantiene la suspensión sobre la orden de la jueza Loretta Preska, que exige entregar el 51% de las acciones de la petrolera como forma de pago, o si la medida queda sin efecto.

El tribunal maneja tres posibles caminos. Uno es conceder la continuidad de la cautelar que frena el traspaso, lo que permitiría seguir discutiendo la medida. Otro es rechazarla y habilitar la ejecución inmediata de las acciones, aunque Burford Capital, financista de los demandantes, anticipó que no las liquidará “como acto de buena fe”. El tercero es sostener la suspensión, pero ordenar que la Argentina aporte activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.

Si la suspensión se mantiene, habrá otra instancia para resolver la validez de la orden de Preska. Si no se concede, el país deberá elegir entre negociar un acuerdo con los acreedores o incumplir, con el riesgo de embargos sobre activos del Banco Central, restricciones para acceder a mercados de capitales o bloqueos sobre bienes de YPF en el exterior.

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El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, sin cumplir con la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la empresa. Esa omisión afectó a inversores que habían adquirido títulos en la Bolsa de Nueva York, lo que habilitó la jurisdicción estadounidense para dirimir el caso.

La historia previa involucra al Grupo Petersen, que había comprado el 25% de YPF con financiamiento de Repsol y bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. El acuerdo se sostenía con el cobro de dividendos, pero la nacionalización de la compañía eliminó esos pagos, provocando la quiebra de Petersen.

En 2015, el derecho a litigar fue subastado en España por el síndico de la quiebra de Petersen. Burford Capital, especializado en financiar juicios de alto costo, ganó la puja y asumió el financiamiento del pleito, incluyendo el de Eton Park, otro inversor afectado. Aunque Burford no es propietario de las demandas, recibirá el 70% de cualquier cobro, mientras que el 30% irá a la quiebra de Petersen para distribuirse entre acreedores.

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La jueza Preska determinó en junio que el juicio debía cancelarse con el traspaso del 51% de las acciones estatales en YPF. La Argentina sostiene que la entrega es impracticable y que ese porcentaje constituye un activo estratégico que no puede ser transferido sin afectar la soberanía energética.

El caso mantiene en vilo a los mercados, a los inversores y al propio Gobierno, que enfrenta la definición con un frente económico frágil. El resultado de la audiencia marcará el rumbo de las negociaciones futuras y podría redefinir la relación de Argentina con el sistema financiero internacional.

Fuente: NA.