

Neuquén administra seis fondos fiduciarios y más de la mitad está paralizada. La Fiduciaria Neuquina, creada en 2008 para canalizar recursos petroleros, terminó ampliando su alcance, pero hoy enfrenta un escenario en el que cuatro de sus instrumentos están inactivos o con mínima ejecución.


El ministro de Trabajo, Lucas Castelli, que preside la sociedad, fue claro: “Vamos a reconvertir o liquidar los fondos que no cumplen objetivos”. Según detalló, solo el fondo de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y el fideicomiso aeronáutico están funcionando plenamente.
El RSE canaliza aportes de petroleras hacia obras y programas sociales que no pueden ser financiados de forma directa por las empresas. Con este mecanismo se pavimentó la Ruta 5, se construyeron viviendas en Sauzal Bonito y se adquirieron notebooks para becarios. Al cierre de 2024, acumulaba 3.532 millones de pesos disponibles.
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En paralelo, el fideicomiso aeronáutico se convirtió en una herramienta clave para la compra de repuestos en el exterior y la capacitación de pilotos en Estados Unidos. En 2024 ejecutó casi 880 millones de pesos y conserva un saldo de 72,5 millones.
Los otros fondos muestran un panorama muy distinto. El de Vivienda Social, con apenas 49 millones, quedó obsoleto por nuevas leyes que lo superpusieron con otros programas. El fideicomiso de Producción, Industria, Servicio y Turismo, con 112,6 millones, no registra actividad desde hace meses.
El Foprodes, pensado para el desarrollo productivo, está bajo revisión. Castelli propuso inspirarse en un modelo de Río Negro que entrega maquinaria con financiamiento a devolver. Actualmente, este fondo guarda 329 millones y solo ejecutó 87 millones el año pasado.
El caso más sensible es el del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN), creado como reserva anticíclica en 2020. Debía recibir el 50% de las regalías de exportación de Vaca Muerta, pero no percibe ingresos desde 2023. Su objetivo original se modificó para destinar recursos al pago de deuda e intereses. Hoy acumula 57.255 millones de pesos, unos 47 millones de dólares.
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La decisión sobre el futuro de estos fondos se convirtió en un tema político y económico de peso. Algunos sectores insisten en reconvertirlos para impulsar producción, turismo y vivienda; otros, en cerrarlos para reducir gastos administrativos.
Mientras se define el rumbo, la mayor parte del capital permanece inmovilizado. En un contexto de alta inflación y necesidades urgentes, la presión social por darle un uso inmediato a esos recursos crece cada mes.








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