Polémica: el Estado pagará $14 millones a “El Concheto” por un fallo internacional que cuestiona su perpetua
Actualidad14/08/2025
Sergio Bustos
"El Concheto" Álvarez.
El Estado argentino deberá entregarle más de 14 millones de pesos a Guillermo “El Concheto” Álvarez, uno de los criminales más violentos y recordados de la historia reciente. La orden llegó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que el juicio que lo condenó a perpetua vulneró sus garantías.
El decreto oficial, firmado por el presidente Javier Milei y varios ministros, dispone un pago en efectivo equivalente a 11.000 dólares como compensación por “daño material e inmaterial”. La cifra, que saldrá de fondos públicos, provocó una ola de rechazo entre familiares de víctimas, referentes judiciales y ciudadanos comunes.
La CIDH cuestionó que durante el juicio por el doble crimen del pub Company de Belgrano, en 1996, Álvarez estuviera esposado de pies y manos, que no hubiera una revisión de la condena por un tribunal superior y que su defensa no tuviera tiempo suficiente para preparar el caso.
El fallo sostiene que la prisión perpetua puede ser tan severa como la pena de muerte si se aplica sin garantías básicas, una afirmación que para muchos suena ajena a la magnitud de los delitos cometidos y al dolor de las familias que llevan casi tres décadas pidiendo justicia.
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El prontuario de Álvarez es extenso: en julio de 1996 asesinó al empresario Bernardo Loitegui en Martínez para robar su auto; horas después mató al subinspector Fernando Aguirre y a la joven Adriana Carballido durante un asalto al pub Company. A estos crímenes se suman el homicidio de un compañero de celda en la cárcel de Caseros y múltiples robos violentos.
En 2015 recuperó la libertad gracias a una reducción de pena, pero apenas 96 días después volvió a robar y regresó a prisión, confirmando que nunca abandonó su conducta delictiva.
Durante la pandemia, se recibió de abogado en el penal de Villa Devoto y asumió su defensa ante la CIDH. El organismo internacional le dio la razón en parte, cuestionando la legalidad del juicio más importante de su carrera criminal.
Para la opinión pública, el fallo es un golpe a la confianza en el sistema judicial. Se premia con dinero a un asesino múltiple mientras las víctimas y sus familias solo recibieron pérdida, dolor y años de procesos interminables.
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Juristas y exmagistrados advierten que este tipo de resoluciones sientan precedentes peligrosos: otros condenados por delitos graves podrían intentar replicar el camino de Álvarez para buscar compensaciones económicas.
Desde sectores políticos y judiciales se pide al Gobierno evaluar cómo responder ante la CIDH en casos que impliquen delitos de extrema gravedad, para evitar lo que consideran “una humillación para las víctimas y una victoria simbólica para el delincuente”.
El caso deja una pregunta incómoda: ¿cómo explicar que un asesino que nunca mostró arrepentimiento reciba un pago millonario del Estado? La respuesta divide a abogados, funcionarios y organismos internacionales, pero para la calle es simple: es un escándalo.
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