A 35 años del crimen de María Soledad Morales, el caso que desnudó el poder en Catamarca

Actualidad08/09/2025

María Soledad Morales

El 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, que tenía 17 años y cursaba el último año de secundaria, asistió a una fiesta organizada por sus compañeros para recaudar fondos para el viaje de egresados, y después de retirarse en compañía de conocidos no volvió a su casa. Dos días más tarde su cuerpo fue hallado en un basural con signos de violencia extrema, lo que provocó una conmoción que rápidamente superó las fronteras provinciales y expuso la influencia del poder local. Desde ese momento, la investigación quedó marcada por sospechas de encubrimiento que se repitieron en cada etapa del proceso.

En las primeras horas posteriores a la desaparición, la madre de la joven recibió la visita del entonces gobernador Ramón Saadi, quien con gesto paternalista pronunció la frase: “Quédese tranquila que vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. Esa promesa resultó vacía y se convirtió en el primer símbolo de la indiferencia oficial que caracterizó a las autoridades provinciales. Lejos de buscar la verdad, el poder político desplegó maniobras destinadas a proteger a los involucrados.

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El jefe de la policía de Catamarca, Miguel Ángel Ferreyra, intentó instalar la idea de que el crimen había sido obra de una secta satánica. Esa versión fue tomada como un intento deliberado de desviar la investigación, especialmente cuando se supo que su propio hijo había estado en la fiesta previa a la tragedia. De esta manera, el encubrimiento comenzó a operar en paralelo con una estrategia de hostigamiento hacia la familia de la víctima.

Los padres de María Soledad no solo sufrieron la pérdida sino también la presión institucional. Les sugerían que guardaran silencio y, al mismo tiempo, hicieron circular rumores sobre una supuesta “doble vida” de la adolescente, con el objetivo de ensuciar su imagen y desviar la atención de los verdaderos responsables. Mientras tanto, se confirmaba que el cuerpo había sido lavado por los bomberos siguiendo órdenes superiores, borrando rastros vitales para el avance de la causa.

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La autopsia determinó que la joven había sido drogada, abusada y golpeada con una violencia inusitada, lo que incluyó fracturas y lesiones que horrorizaban a cualquier lector del expediente. Testigos situaron a Guillermo Luque, hijo de un diputado provincial, y a Luis Tula, conocido como “el Flaco”, en los lugares donde transcurrieron las últimas horas de la víctima, lo que fortaleció la hipótesis de un crimen cometido por “hijos del poder”. Sin embargo, la maquinaria de encubrimiento continuaba en marcha y cada dato confirmado era seguido por nuevas irregularidades procesales.

La sociedad catamarqueña reaccionó ante la pasividad de sus autoridades y fue en ese contexto que surgieron las Marchas del Silencio. Encabezadas por la hermana Martha Pelloni y acompañadas por las compañeras de colegio de María Soledad, se convirtieron en un emblema de resistencia pacífica y de reclamo por justicia. El contraste entre el poder político que intentaba callar el caso y la población que exigía verdad se volvió cada vez más evidente.

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En 1991, el presidente Carlos Menem decidió intervenir los tres poderes de la provincia y destituyó al gobernador Saadi, pero la medida no logró esclarecer el crimen. Los nuevos funcionarios designados quedaron envueltos en escándalos y denuncias de favorecer a los sospechosos, lo que profundizó la desconfianza social hacia las instituciones. Durante varios años, los expedientes se acumularon con fallas, testimonios contradictorios y presiones a jueces y fiscales.

Recién en 1997 se inició un juicio oral que, aunque cargado de irregularidades, avanzó sobre los principales acusados. Guillermo Luque fue condenado en 1998 a 21 años de prisión como coautor de violación seguida de muerte agravada por uso de estupefacientes, mientras que Luis Tula recibió 9 años como partícipe secundario. Pese a las condenas, la sensación de que muchos otros responsables quedaron impunes persiste hasta hoy.

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María Soledad soñaba con estudiar para ser maestra jardinera y formar una familia, pero esos proyectos fueron truncados de manera irreversible. La violencia ejercida contra ella y la red de encubrimiento que siguió al crimen dejaron una herida abierta en la sociedad argentina, que encontró en este caso un ejemplo brutal de cómo opera la impunidad cuando los implicados son parte del poder. A 35 años, el nombre de la joven sigue siendo símbolo de lucha y de memoria colectiva.

Fuente: Infobae.