Noboa eliminó el subsidio al diésel y Ecuador vuelve a encenderse

Según un informe de Radio Francia Internacional en su podcast Noticias de América, el mandatario ecuatoriano decidió subir el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón, eliminando de manera sorpresiva el subsidio vigente desde hace décadas. La medida, que no fue acompañada de mesas de diálogo ni de un plan de transición, encendió la reacción de transportistas, agricultores y comunidades indígenas, que advierten sobre un aumento inmediato en los costos de vida.

El impacto político es inmediato porque en Ecuador el diésel no es solo un insumo productivo, sino un símbolo social y cultural. Dos presidentes anteriores, Lenín Moreno en 2019 y Guillermo Lasso en 2022, ya habían intentado retirar el subsidio sin éxito, provocando estallidos sociales que obligaron a dar marcha atrás. En ambos casos, el movimiento indígena fue protagonista de las protestas y logró reinstalar el beneficio.

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En diálogo con RFI, Leónidas Iza Salazar, referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue tajante: “El tema de los subsidios a los combustibles está anclado en más de 30 años de política pública. No puede eliminarse de manera agresiva y letal, como lo han intentado los gobiernos de turno”. Para el dirigente, la decisión de Noboa responde directamente a los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2024.

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El presidente decretó el estado de excepción en seis provincias y trasladó la sede del Ejecutivo a Latacunga, en Cotopaxi, zona donde las comunidades indígenas tienen fuerte presencia. “Venir a esta provincia es una provocación”, advirtió Iza, al denunciar un despliegue de más de mil policías y militares con drones y tanquetas. Desde su perspectiva, la decisión tiene un carácter militar y político que busca neutralizar la resistencia.

Los efectos económicos ya comenzaron a sentirse. El encarecimiento del diésel dispara los costos de producción y genera especulación en la cadena de comercialización de alimentos y bienes de primera necesidad. Para Iza, esto golpea más a los consumidores urbanos que a los pequeños productores, pero genera un malestar social transversal.

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El gobierno intenta compensar el aumento con bonos temporales y selectivos, aunque los gremios rechazan la medida por considerarla insuficiente. La CONAIE y otras organizaciones sociales reclaman una política de transición que acompañe con medidas productivas y sociales, en lugar de imponer ajustes que se descargan sobre los sectores populares.

De fondo, Ecuador revive un debate histórico sobre el rol del Estado y la presión de los organismos internacionales. “Lamentablemente no es una decisión del presidente, sino del FMI”, insistió Iza. El conflicto, que ya paralizó parte del transporte y amenaza con expandirse, vuelve a colocar al país en una encrucijada política que combina economía, soberanía y gobernabilidad.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional