Fiscales y procuradores alertan por un retroceso institucional en Santa Cruz

Una iniciativa legislativa en Santa Cruz encendió alarmas en todo el país. Los Consejos de Procuradores, Fiscales Generales y de Política Criminal expresaron su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto de ley que impulsa el vicegobernador provincial para modificar la Ley 1600, norma que regula la organización judicial local. Advirtieron que la propuesta implica una injerencia directa del Poder Ejecutivo sobre la Justicia.

El documento, firmado el 4 de octubre por Jorge Miquelarena y Jorge Omar Canteros, titulares de ambos consejos, advierte que “bajo la apariencia de una reestructuración administrativa, se pretende quebrar el principio de separación de funciones que sustenta todo Estado de Derecho”. Los organismos remarcaron que la iniciativa degrada la jerarquía y funciones del titular del Ministerio Público Fiscal, afectando su estabilidad institucional y su rol legal como órgano independiente.

Uno de los puntos más cuestionados es la reubicación y redefinición de funciones del Fiscal General, que vaciaría de contenido la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal. “Este principio es esencial en el sistema acusatorio y único compatible con los lineamientos de nuestra Constitución Nacional”, señalaron los firmantes.

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El texto también recuerda que la propuesta desconoce el modelo tripartito consolidado en la reforma constitucional de 1994, que separa las funciones de Judicatura, Fiscalía y Defensa para garantizar equilibrio e imparcialidad. Pretender reunir funciones de acusación y defensa “constituye un retroceso institucional muy marcado que vulnera el principio básico del debido proceso”, establecido en el artículo 18 de la Constitución.

Los consejos alertaron que la modificación propuesta abre la puerta a la subordinación política de la acción penal pública, lo que afectaría gravemente la confianza ciudadana en la justicia. Al alterar la estructura del Ministerio Público Fiscal, se corre el riesgo de politizar la persecución penal y debilitar las garantías institucionales básicas.

En un tono firme, los organismos convocaron a los legisladores provinciales a frenar el avance del proyecto. “La aprobación de esta ley significaría un grave retroceso institucional. Exhortamos a no convalidar una iniciativa que vulnera principios constitucionales y a abrir un proceso de diálogo y revisión”, expresaron.

El pronunciamiento marca un posicionamiento unánime de todas las jurisdicciones del país, incluidas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “Defender la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la independencia del Poder Judicial no es un reclamo corporativo, sino un acto de compromiso con la República, la Constitución y la ciudadanía”, concluye el documento.