El régimen fiscal de Misiones complica a empresas y transportistas con saldos irrecuperables

La presión tributaria en Misiones tomó una dimensión que ya genera alarma en todo el país. Distintas compañías describen un escenario en el que la recaudación dejó de ser un instrumento administrativo y avanzó sobre el capital operativo de quienes intentan sostener actividad en la provincia. Los mecanismos de retenciones y percepciones crean saldos a favor imposibles de recuperar, una situación que deriva en costos que superan con amplitud cualquier impuesto real y afectan la continuidad de operaciones comerciales diarias.

Una de las piezas centrales del esquema es el llamado pago a cuenta para camiones. Desde 2007, un transporte solo ingresa si abona un anticipo de Ingresos Brutos, sin importar la jurisdicción donde se origine la operación ni si corresponde tributar ese impuesto. El sistema quedó asociado a una lógica fronteriza que choca con los artículos 9°, 10 y 11 de la Constitución Nacional. En 2022, la Corte Suprema ordenó suspender su aplicación en el caso Loma Negra, pero en la provincia nada cambió y las exigencias siguen activas en cada puesto de control.

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La consecuencia inmediata para empresas y transportistas aparece en el decomiso de mercadería y en multas que se aplican cuando no se acredita el pago previo. El esquema funciona como un dispositivo medieval sostenido por software moderno, según describen especialistas que siguen los reclamos desde hace años. El resultado es un impacto directo sobre los costos de distribución y una señal negativa para cualquier firma que intenta abastecer al mercado misionero.

El segundo engranaje del régimen resulta todavía más problemático para compañías de otros puntos del país. Misiones exige retener Ingresos Brutos a proveedores inscriptos, aun cuando la operación ocurre en una provincia distinta, lo que genera doble imposición y alimenta saldos a favor imposibles de aplicar. De esa forma, una venta concretada en Buenos Aires, Rosario o Córdoba termina generando un pago compulsivo que no guarda relación territorial con la actividad.

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En esa dinámica, los agentes de retención quedan atrapados en una lógica que los expone a sanciones. Si omiten aplicar ese descuento, deben pagarlo con sus propios recursos y suman intereses y multas que elevan la carga fiscal. El sistema se vuelve perfecto para recaudar y nocivo para producir, un diagnóstico repetido entre estudios contables que observan cómo los créditos fiscales se multiplican sin una vía efectiva para utilizarlos.

Uno de los elementos que distingue a Misiones del resto de las provincias es su rechazo al sistema bancario SIRCREB. La provincia creó un esquema propio que retiene sobre todas las acreditaciones bancarias, sin distinguir actividad ni origen de los fondos. El padrón de retenciones funciona como una herramienta de castigo: cualquier empresa incorporada pierde una porción automática de cada monto que ingresa a su cuenta, lo que agrava la acumulación de saldos y reduce aún más la liquidez.

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La posibilidad de solicitar exclusiones o devoluciones aparece como una puerta que existe solo en el papel. Los trámites pueden tardar años y suelen quedar sujetos a fiscalizaciones previas que congelan cualquier avance, mientras la empresa continúa recibiendo retenciones. La percepción general entre contribuyentes es que el sistema invita a resignarse; no ofrece caminos reales para mitigar el impacto. Algunos estudios contables mencionan que las únicas respuestas se generan ante presiones políticas o ante amenazas de retirar operaciones de la provincia.

La estructura institucional también influye en la solidez del régimen. La Justicia provincial respalda un modelo que ya acumula cuestionamientos en todo el país y mantiene en funcionamiento normas que colisionan con fallos federales. La disputa final se dirime en la Corte Suprema, donde la causa Establecimiento Las Marías busca definir si el régimen respeta o no los límites constitucionales, una resolución que excederá el terreno tributario y marcará el alcance real del federalismo argentino.

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Lo que está en juego es más que un impuesto. Se discute un sistema que condiciona decisiones de inversión, altera cadenas de abastecimiento y desalienta la actividad económica en una provincia cuya maquinaria fiscal opera sin contrapesos. En ese escenario, la mirada nacional vuelve a Posadas a la espera de un fallo que determine hasta dónde puede avanzar una jurisdicción cuando convierte la recaudación en un instrumento de poder.

Fuente: LA NACIÓN.