La crisis del sector Textil en 1993: un año de quiebras, conflictos y desafíos

Mi Archivo21/12/2025

Crisis textil de los 90 1

El año 1993 marcó un punto de inflexión crítico para el sector textil argentino, con una serie de eventos que impactaron profundamente a trabajadores, empresas y economías regionales. Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la planta de Uboldi S.A. en Puerto Madryn, anunciado para el lunes siguiente, dejando de producir ese mismo día. Las fuentes aseguraron que los empleados serían tratados individualmente bajo la modalidad de retiro voluntario para evitar conflictos sociales.

Mientras tanto, en Dolavon, la planta de Hisisa-Fibrasur enfrentaba un deterioro progresivo. Su capacidad operativa había caído al 50%, y se especulaba sobre su venta o cierre definitivo. Las negociaciones con un grupo mexicano complicaron aún más la situación, avivando temores de desinversiones y traslados de maquinaria a su planta en Baradero.

En el Parque Industrial de Trelew, la situación era alarmante. En febrero de 1992, el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Carlos González, advertía sobre un posible éxodo de 12.000 personas si la crisis continuaba. Las empresas textiles, como Manufactura Textil Patagónica y Textil Windsor, ya enfrentaban despidos y suspensiones masivas. A pesar de reuniones con el gobernador Carlos Maestro, las soluciones parecían inalcanzables.

En marzo de 1993, los ex trabajadores de Del Golfo S.A. comenzaron a recibir sus indemnizaciones luego del cierre de la planta. Este caso reflejaba la gravedad de la crisis, ya que 49 personas fueron compensadas, pero 23 aún dependían de pagos futuros.

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Ese mismo año, Supersil S.A., también en el Parque Industrial, despidió a 33 empleados bajo el argumento de “falta de trabajo no imputable a la empresa”. Estos despidos se sumaron a más de un centenar desde marzo de 1993, generando incertidumbre sobre la viabilidad de la compañía.

La fábrica Britalco S.A. en Puerto Madryn, redujo su semana laboral a cuatro días, justificando esta decisión por la saturación del mercado debido a las importaciones. Este ajuste impactó directamente en los ingresos de los trabajadores, quienes comenzaban a sentir los efectos de la crisis.

El conflicto en Polysur, que se arrastraba desde principios de 1993, ejemplificaba el drama de los trabajadores que seguían laborando a pesar de no recibir salarios. La deuda acumulada por la empresa oscilaba entre 2.500 y 3.000 pesos por empleado. Dirigentes de la AOT buscaron soluciones, pero las visitas fugaces de los directivos no ofrecieron respuestas concretas.

En julio de 1993, tres fábricas textiles —Kinsey, Surjet y Prosur— anunciaron la suspensión de su personal en Trelew. Estas empresas habían presentado previamente expedientes ante la Cartera Laboral en Buenos Aires, justificando sus decisiones bajo un “procedimiento de crisis”.

El caso de Modecraft, cuya sucursal en Trelew fue adquirida por el holding mexicano Syncro por 10 millones de dólares, reflejaba la creciente influencia extranjera en el sector. Aunque los nuevos propietarios prometieron exportaciones y desarrollo, esta adquisición también estuvo ligada a las denuncias de prácticas comerciales desleales que habían debilitado a empresas locales.

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La planta de Kincey S.A., también en Trelew, no reabrió sus puertas tras un mes de suspensión sin goce de haberes. Los trabajadores, al no recibir explicaciones, se declararon despedidos y reclamaron indemnizaciones. La situación evidenciaba la falta de compromiso empresarial y el desamparo de los empleados.

En agosto de 1993, Fernando Sánchez, dirigente de la AOT, denunció el vaciamiento de las fábricas Welcrt S.A. y Sitma S.A., que trasladaban maquinaria a otras regiones. Estas prácticas fueron señaladas como precursoras de despidos masivos y suspensiones, agravando la crisis en el parque industrial.

Las condiciones laborales en el sector textil eran insostenibles. Según un informe de la AOT, empresas como Textil Punilla y Unilan Trelew pagaban apenas el 50% de los salarios establecidos por ley. Esto generó múltiples reclamos sindicales ante la cartera laboral para proteger a los trabajadores.

En medio de esta crisis, el secretario general de la AOT en Trelew, Carlos González, participó en una audiencia con el Ministerio de Trabajo en Capital Federal. Allí se presentó el caso de Prosur S.A., que justificaba el despido de 18 empleados con indemnizaciones reducidas al 50%, a pagar en 12 cuotas mensuales. Los gremios rechazaron esta propuesta, exigiendo el pago completo.

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La demanda por parte del sector empresario textil hacia el gobierno nacional para limitar las importaciones fue un tema recurrente en este período. Los productos provenientes de Asia, con precios significativamente bajos, habían inundado el mercado local, dificultando la competitividad de las fábricas nacionales.

En este contexto, la crisis del Parque Industrial de Trelew fue comparada con el destino de Sierra Grande, una localidad que había sufrido un éxodo masivo tras el cierre de su mina. Miles de empleos estaban en riesgo, y los empresarios veían con pesimismo la posibilidad de revertir la situación.

El impacto de estas crisis no se limitó a Trelew. Fábricas en Dolavon, Rawson, Gaiman y Puerto Madryn también enfrentaban despidos, suspensiones y reducciones de jornadas laborales. Esto dejó a miles de familias en la incertidumbre económica.

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La industria textil, que alguna vez fue un pilar del desarrollo en la región patagónica, estaba en franca decadencia. Las políticas de apertura comercial y la falta de regulaciones efectivas habían contribuido al colapso de numerosas empresas.

La resiliencia de los trabajadores, quienes continuaron luchando por sus derechos en medio de un panorama desolador, fue un testimonio de su compromiso con la industria. A pesar de los constantes despidos y suspensiones, las organizaciones gremiales se mantuvieron activas en la defensa de sus afiliados.

El año 1993 será recordado como uno de los más difíciles para el sector textil en la Patagonia. Los nombres de empresas como Hisisa, Fibrasur, Kincey y Prosur quedaron grabados como símbolos de una crisis que expuso las fragilidades estructurales de la economía regional.