Otro crimen de impunidad: El homicidio de Cacho Espinosa

Mi Archivo08/06/2025

El homicidio de Cacho Espinosa

La noche del 30 de enero de 2003, la ciudad de Puerto Madryn fue escenario de un crimen que conmocionó a la opinión pública y dejó al descubierto las profundas fallas del sistema judicial argentino.

Raúl “Cacho” Espinosa, empresario pesquero de 52 años, fue asesinado frente a su esposa embarazada de cinco meses, en la puerta de la casa de su suegra. El asesinato, que parecía tener las características de un ajuste de cuentas, se convirtió en un caso emblemático de impunidad y negligencia.

Lorena Gabarrús, única testigo presencial, relató que un hombre alto, armado con una pistola nueve milímetros, disparó a quemarropa contra Espinosa tras llamarlo por su apodo. El asesino huyó corriendo por calle Lewis Jones, dejando a la víctima gravemente herida. Aunque fue trasladado al hospital, Espinosa murió pocos minutos después.

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Uno de los policías que escuchó la descripción de Gabarrús inmediatamente gritó “fue el Bizco Segundo” y rápidamente partieron al barrio Pujol 1 (hoy 21 de Enero) en la búsqueda del acusado, direccionando de inmediato la incipiente investigación. José Domingo Segundo era en esa época un raterito de poca monta.

El autor, cruzando la calle, llamó a Espinosa por su apodo, ante lo cual se dio vuelta y al ver el arma se arrojó sobre su asesino, pero la bala le acertó en el corazón. Cayó agonizante.

Desde el inicio, las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades. Fueron designados 24 jueces a lo largo del expediente, y desfilaron decenas de testigos sin que se lograra llegar a una resolución definitiva. El fiscal Daniel Báez lideró la causa desde la Fiscalía de Puerto Madryn, pero las hipótesis y estrategias legales no lograron aclarar las circunstancias del asesinato.

En el primer juicio, iniciado en 2011, se presentaron pruebas y testimonios que apuntaban a una posible autoría intelectual por parte de empresarios ligados a la industria pesquera. Sin embargo, este proceso terminó con la absolución de los principales acusados. El segundo juicio, celebrado en 2015, repitió el mismo patrón: Ademar Araujo, José Domingo Segundo y José Remigio Guevara fueron absueltos debido a la insuficiencia de pruebas.

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Una de las fallas más graves en la investigación fue la declaración de nulidad del secuestro de una billetera hallada en la escena del crimen. Este objeto, que la víctima habría extraído de las pertenencias de su agresor, podría haber sido clave para identificar al asesino. Sin embargo, la fiscalía no logró preservar ni presentar adecuadamente esta evidencia.

La intervención de Elisa Carrió, líder política que visitó a Espinosa diez días antes de su muerte, agregó un componente político al caso. Carrió declaró que el empresario había criticado duramente a las empresas pesqueras extranjeras, en especial a Conarpesa, de la que había sido vicepresidente antes de separarse en malos términos. Estas declaraciones sugirieron la posibilidad de un homicidio por encargo relacionado con disputas empresariales, pero las investigaciones nunca profundizaron en esta línea.

Conarpesa, una de las empresas pesqueras más poderosas de la región, y su presidente Fernando Álvarez Castellano, había sido señalada como posible responsable intelectual del crimen. Espinosa había ascendido desde marinero hasta vicepresidente de la compañía, pero su relación con los propietarios españoles se deterioró drásticamente en 1993. Tras su salida, fundó la pesquera San Isidro, lo que intensificó los conflictos con sus antiguos empleadores.

Las dudas sobre la investigación judicial también se extendieron a la Policía y a los fiscales que participaron en la etapa de instrucción. En el segundo juicio, los jueces ordenaron remitir declaraciones de testigos para evaluar posibles irregularidades y errores cometidos durante la recolección de pruebas. Estas acciones, aunque tardías, pusieron en evidencia un sistema judicial que parecía más enfocado en proteger intereses que en buscar justicia.

Uno de los aspectos más controversiales del caso fue la aparición y desaparición de testigos claves. Algunos de ellos cambiaron sus versiones, mientras que otros desaparecieron misteriosamente del proceso. Estas inconsistencias debilitaron la narrativa de la fiscalía y contribuyeron a la absolución de los imputados.

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Una de las principales hipótesis indicaba que en el domicilio del empresario español se había producido una reunión organizativa del crimen, incluso un testigo había brindado detalles del interior de la mansión, ubicada en la Avenida Roca, zona sur. Sin embargo, antes de terminar el proceso investigativo se permitió su demolición.

Esa misma hipótesis indicaba que Guevara y Araujo, los principales sospechosos se habían alojado en un hotel que se ubicaba en la Avenida Roca, a pocos metros de Yrigoyen. También fue demolido en el proceso, lo que agregó otro cuestionamiento a la investigación.

Otra curiosidad se centró en el arma, supuestamente utilizada para ultimar a Espinosa, y hallada a las pocas cuadras del lugar tirada en la calle, ya que estaba en pésimas condiciones, al punto tal que podía disparar un solo tiro, lo que hizo poco creíble el hecho de que haya sido el arma utilizada para el crimen.

El sistema judicial también enfrentó críticas por la rotación constante de magistrados. En total, 13 jueces se recusaron o fueron excusados por supuestas incompatibilidades, lo que dilató el proceso y generó sospechas sobre la imparcialidad de la justicia.

A lo largo de los años, el caso Espinosa se convirtió en un símbolo de la impunidad en la región. La falta de resultados concretos dejó a la sociedad madrynense con más preguntas que respuestas. La hipótesis de un asesinato por encargo, aunque plausible, nunca fue probada con pruebas contundentes. Tal era la impunidad que uno de los sospechosos, Araujo, una vez que fue liberado, fue detenido el mismo día con una pistola 9 milímetros y una granada de mano en su poder, y poco duró detenido por el hecho.

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Tampoco se profundizó la investigación sobre las amenazas denunciadas por el entonces conjuez Meani, que estaba a cargo de la investigación. Según denunció, en un departamento céntrico fue amenazado de muerte por personas a las que identificó. Sin embargo, nada surgió de esta investigación, que fue desechada y poco tiempo después, el fallecimiento de Meani dejó todo en la nada.

El contexto político y empresarial también jugó un papel importante en el encubrimiento del caso. Espinosa había acumulado poder e influencia en el sector pesquero, lo que lo convirtió en un objetivo vulnerable para aquellos que veían amenazados sus intereses. Su reunión con Elisa Carrió y las denuncias posteriores de la dirigente contra Conarpesa sugieren un trasfondo que nunca fue investigado.

A 22 años del asesinato, el caso sigue siendo un recordatorio de las fallas estructurales del sistema judicial argentino. La impunidad no solo afecta a la familia de la víctima, sino también a una sociedad que clama por justicia en un país donde los poderosos parecen estar por encima de la ley.

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El asesinato de Raúl “Cacho” Espinosa no solo fue un ataque a una persona, sino también a la confianza de una comunidad en sus instituciones. La incapacidad de esclarecer este crimen demuestra la necesidad de reformar profundamente el sistema judicial y de garantizar que la justicia sea igual para todos, independientemente de su poder o influencia.

El homicidio ocurrió a casi cuatro años del impune crimen del periodista Ricardo Gangeme, ocurrido en Trelew y que corrió el mismo destino, la impunidad y el descredito para la justicia de esos tiempos.

Dos crímenes con el mismo destino, en la misma época y en la misma justicia…¿casualidad o causalidad?