Caso Gangeme Archivo.
La noche del 13 de mayo de 1999, la tranquila localidad de Trelew, en la provincia de Chubut, en el centro de la Patagonia argentina, se estremecía con el asesinato de Ricardo Gangeme, periodista de investigación y exdirector de los periódicos Jornada y El Informador Chubutense. Su homicidio marcó un antes y un después en la historia judicial y mediática de la región, convirtiéndose en un caso icónico de impunidad que, a 26 años, sigue sin resolverse.
Gangeme era conocido por su estilo incisivo y sus investigaciones que tocaban los intereses de poderosos sectores políticos y económicos. La noche de su muerte, había cenado en la Asociación Mutual de Empleados Provinciales en Rawson y fue seguido hasta su residencia en pleno centro de Trelew. A la 1:15 de la madrugada, mientras estacionaba su vehículo frente al edificio Albemar, un disparo calibre 38 lo alcanzó en la cabeza. Según las investigaciones, el asesino era un sicario contratado con apoyo local, aunque se trataba de versiones que según la investigación eran más que precarias, sin carga probatoria.
La conmoción inicial dio paso a una investigación plagada de irregularidades. La causa fue liderada en primera instancia por el juez Florencio Minatta, quien llevó a juicio a Gustavo Fabián Smith, Daniel Vitti y Alejandro Zabala como autor, instigador y partícipe, respectivamente. Sin embargo, todos fueron absueltos por falta de pruebas contundentes, con fuertes cuestionamientos a quienes estuvieron a cargo de las investigaciones.
Años más tarde, en 2007, el fiscal Ricardo Basílico reabrió la investigación y ordenó una nueva pesquisa a cargo de la Policía Judicial, pero tampoco logró avances significativos. En 2010, los fiscales Fernando Rivarola y Mirtha Moreno archivaron la causa tras verificar que las pruebas recolectadas no eran suficientes para imputar a nuevos sospechosos.
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La hipótesis más aceptada señala a Martín Laurindo Vélez Galván, un prófugo bonaerense que habría sido contratado para ejecutar el crimen. En 1998 y 1999, la Policía del Chubut había recibido advertencias sobre la presencia de un delincuente de alta peligrosidad en la región, vinculado a actividades criminales de gran magnitud. Vélez Galván había sido alojado en la Unidad 6 de Rawson y mantenía contactos con delincuentes locales.
La noche del asesinato, un testigo clave reveló que un policía de civil marcó a Gangeme desde la Escuela 5 -a una cuadra-, donde había sido interceptado por última vez. La investigación posterior indicó que el sicario huyó por la ruta con dirección al sur, hacia Comodoro Rivadavia, escoltado por una logística que incluía vehículos y apoyo local. “Tiempo que pasa, verdad que huye” indican las máximas investigativas.
Las primeras fallas en la investigación fueron evidentes. El proyectil que mató a Gangeme fue lavado, eliminando cualquier posibilidad de obtener evidencias genéticas, pruebas que en forma incipiente iban apareciendo en escena. Además, varios testigos clave dieron declaraciones contradictorias o fueron descartados sin explicación aparente, en forma sugestiva, empañando aún más la investigación. Uno de los episodios más controvertidos fue el testimonio de Jorge “Turco” Castillo, quien, tras recibir beneficios judiciales, se convirtió en testigo estrella, pero su credibilidad fue cuestionada.
El abogado defensor Fabián Gabalachis recordó el juicio como “atípico”, con un componente mediático que dificultó una investigación objetiva. Según Gabalachis, la amplia red de enemigos que Gangeme había acumulado debido a sus investigaciones amplió las hipótesis del caso, complicando aún más el esclarecimiento, a pesar de indicios que direccionaban las sospechas a un grupo empresario de la región.
Fernando Rivarola, uno de los fiscales asignados en 2010, destacó las limitaciones de retomar un caso tan antiguo. Aunque lograron digitalizar el expediente y seguir la pista de Vélez Galván, confirmaron que había fallecido en un accidente de tránsito en 2009. Esto cerró la última posibilidad de interrogar al presunto autor material y de rastrear a los responsables intelectuales.
El entonces juez Roberto Portela, quien dictó el sobreseimiento de los imputados originales, admitió que las pruebas no eran suficientes para destruir el principio de inocencia. Según Portela, “algo falló” en la investigación inicial, dejando lagunas que no pudieron ser subsanadas en las pesquisas posteriores.
El crimen del periodista tiene puntos en común con otro ocurrido años después, el 30 de enero de 2003, cerca de las diez de la noche, desconocidos asesinaron de un disparo en el pecho al empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn. también en la provincia del Chubut a solo 70 kilómetros de Trelew.
De inmediato, y por una descripción de la esposa Lorena Gabarrus, testigo del homicidio de Espinoza, se direccionó la investigación inmediata a un raterito de pueblo, aunque no se lograron evidencias sobre su autoría. Más tarde, la investigación también fue direccionada a un sicario contratado en el conurbano bonaerense, hubo detenciones y en medio una autorización para demoler dos edificios donde se habían producido hechos importantes de la organización del crimen. Un conjuez amenazado de muerte, testigos que declararon y se desdijeron, fiscales sospechados de parcialidad y la impunidad como algunos de los hechos comunes entre ambos acontecimientos.
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Pablo Gangeme, hijo del periodista, se convirtió en un incansable defensor de la causa de su padre. En 2009, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando las irregularidades de la investigación. En 2023, la CIDH declaró admisible el reclamo, aunque la resolución definitiva podría tardar varios años.
Pablo sostiene que el caso fue manipulado desde el principio. Según él, su padre tenía documentación comprometedora que fue sustraída tras su muerte. También denuncia que varios testigos claves no fueron considerados y que las hipótesis se politizaron, desviando la atención del verdadero móvil del crimen.
El procurador general Jorge Miquelarena, quien reabrió la causa en 2007, concluyó que el asesinato de Gangeme fue un encargo ejecutado por Vélez Galván con apoyo local. Sin embargo, la imposibilidad de interrogar al sicario y la falta de pruebas materiales concretas impidieron resolver el caso.
A pesar de los esfuerzos de varias gestiones, el crimen prescribió. Los responsables, tanto materiales como intelectuales, nunca fueron llevados ante la justicia. La CIDH podría sancionar al Estado argentino por su ineficiencia, pero esto no traerá justicia plena para Gangeme ni para su familia.
El caso del periodista también refleja los desafíos de investigar crímenes complejos en un contexto de limitaciones tecnológicas y judiciales. En 1999, no existían herramientas como el rastreo de teléfonos celulares o el análisis genético avanzado que hoy son comunes en las investigaciones criminales.
La investigación periodística determinó que Gangeme fue una víctima de la violencia que reinaba en esos tiempos en la zona, y de un sistema que no pudo protegerlo ni esclarecer su muerte, e incluso con cierto interés en que el crimen quede impune.
Su legado como periodista y la lucha de su hijo Pablo son recordatorios de la importancia de la verdad y la justicia en una sociedad democrática, en la cual Gangeme fue un polémico periodista, temido y respetado, con una inagotable cantidad de fuentes informativas que lo ponían en la vanguardia del ejercicio de la profesión, pero que a su vez rozaba intereses que en esos momentos abarcaban sectores empresarios diversos. Gangeme rozó temas que más tarde hicieron que algunos de esos empresarios y funcionarios terminaran detenidos en causas de corrupción, en sonados casos que mostraron la verdad que antes había sido desnudada por el periodista asesinado.
A 26 años del asesinato, el caso sigue siendo un doloroso recordatorio de cómo la impunidad puede perpetuar el sufrimiento de las víctimas y sus familias. La falta de respuestas concretas deja abierta la herida, mientras la historia de Ricardo Gangeme se erige como un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad.
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Su hijo lo recuerda como un hombre exigente, generoso y comprometido con la verdad en una entrevista realizada en #LA17 que complementa la investigación.
Pablo Gangeme, lo evoca con una mezcla de admiración y dolor, a la vez que insiste: “Me siento orgulloso del padre que tuve y de todo lo que me enseñó”.
Nacido en Buenos Aires, Gangeme comenzó desde muy joven en el periodismo policial, con ese temple que requería escribir sobre crímenes, pobreza y calle. A los 25 años ya dirigía el diario Crónica. “Era un loco lindo, armaba todo el diario desde el teléfono a las diez de la mañana”, recuerda Pablo, quien lo acompañó muchas veces en su rutina de redacción.
El oficio lo llevó a la radio, la televisión y la producción teatral. Ganó la licitación para transmitir el Mundial México 86 por Radio Argentina y contrató a Víctor Hugo Morales. “Era de la vieja escuela, te miraba y sabías que tenías que aprender algo”, cuenta su hijo, al referirse a esas lecciones sin sermones que marcaron su vínculo.
Fue esa misma determinación la que lo condujo a instalarse en Chubut, junto a Carlos Spadone, para tomar la dirección del diario Jornada. Según Pablo, su padre “manejaba mucha información”, y estaba involucrado en investigaciones sobre corrupción que nunca llegaron a publicarse del todo. La relación entre esos datos sensibles y su asesinato sigue siendo una herida abierta.
A partir de esa noche fatídica en que su padre fue asesinado, Pablo, con apenas 23 años, se hizo cargo de una causa que, más que judicial, fue política, institucional y moral. “La información que tenía mi papá desapareció. El poder lo mató”, afirma con convicción. Pablo comandó una investigación particular que logró muchos indicios respecto a la verdad de la autoría del crimen.
Durante años, el joven recorrió juzgados, habló con fiscales, denunció las irregularidades y recopiló nombres que, con el tiempo, comenzaron a conectarse. Nunca dejó de luchar. Incluso quiso crear una fundación, pero no logró sostenerla ante los obstáculos que encontró en el camino. “Había mucha gente que no quería que esto se esclareciera”, confiesa.
Esta situación hizo incluso que el joven tuviera que intentar investigar en forma paralela el crimen, con ayuda de amigos de su padre, como Héctor González, el sindicalista de Luz y Fuerza entre ellos, intentó saber que ocurrió, lo cual le trajo problemas, “tuve custodia un año y medio. Tenía un móvil policial en la puerta de mi casa”, relata.
Para quienes trabajaron con Ricardo Gangeme, el recuerdo también es nítido. “No era mezquino. Todo lo que sabía nos lo enseñaba”, dice Gladys Videla, una ex compañera del diario. Su legado, afirman, fue el de un periodista generoso, íntegro y siempre sonriente, aun en los momentos más oscuros.
Pablo Gangeme se mostró agradecido por mantener viva la memoria de su padre y se recordar que en Trelew hubo un crimen de un periodista que quedó impune y con la sensación de una cierta “falta de ganas” de saber en verdad quien mató y quien mandó a matar a Ricardo Gangeme.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe detallado sobre el caso Gangeme. El documento recopila denuncias, actuaciones judiciales y omisiones del Estado argentino desde el año 1999. Señala falencias estructurales en la investigación y ausencia de sanción para los responsables.
Según se expresa en el documento N° 44/23, sobre petición 663-09 por informe de admisibilidad de la C.I.D.H., Ricardo Gangeme fue asesinado el 13 de mayo de 1999 en la ciudad de Trelew donde recibió un disparo en la cabeza. Era editor de la revista El Informador Chubutense e Investigaba maniobras de sobreprecios en contrataciones públicas.
El periodista había publicado investigaciones sobre un empresario local. Sus notas mencionaban operaciones con sobreprecios en la Cooperativa Eléctrica de Trelew -empresa público privada municipal de servicios básicos-. El empresario H. F. figuraba como uno de los responsables.
Se detalla en la presentación oficial que tres días antes del crimen, Gangeme fue amenazado. Según su hijo Pablo, H. F. detuvo su vehículo cerca del periodista y le dijo: "Vas a pagar con tu vida lo que estás publicando". Esa amenaza fue denunciada ante la Justicia.
El informe de la CIDH considera esa amenaza como un antecedente clave. Señala que el Estado no actuó con urgencia para proteger al periodista. Tampoco abrió una línea clara de investigación sobre el empresario implicado. A pesar de esa denuncia. La Justicia provincial no implementó medidas de resguardo y el periodista fue asesinado, en el centro de la ciudad, sin custodia ni resguardo alguno.
El documento público de admisibilidad detalla las fallas del sistema judicial. Refiere una lista extensa de irregularidades. Entre ellas: pérdida de pruebas, destrucción de un arma clave, manipulación del proyectil extraído y testigos falsos sin castigo.
Pablo Gangeme presentó su reclamo, sostuvo que hubo encubrimiento estatal y considera que funcionarios judiciales protegieron a los verdaderos responsables del crimen de su padre. Denunció inacción, negligencia y arbitrariedad.
La CIDH recibió la denuncia y la analizó durante varios años. El caso fue incorporado a su sistema de peticiones. En el informe final, la Comisión sostiene que el Estado argentino no garantizó una investigación seria, rápida y completa.
El empresario H. F. nunca fue imputado en la causa. Aunque fue señalado como sospechoso, la Justicia no avanzó sobre él. Tampoco analizó sus vínculos con el poder económico ni sus antecedentes de amenazas contra otras personas.
La causa judicial tuvo múltiples idas y vueltas. Se procesaron a seis personas por homicidio agravado. La Cámara de Apelaciones dictó falta de mérito para tres. Los demás fueron juzgados y absueltos por falta de pruebas. El fiscal apeló la sentencia, pero el recurso fue rechazado. La Cámara de Casación no admitió la apelación. El caso quedó sin condenas. La familia siguió pidiendo justicia. El Estado archivó la causa en 2011.
El informe de la CIDH cuestiona esa decisión. Considera que el archivo no se basó en una investigación exhaustiva. Destaca que no se agotaron todas las líneas posibles de indagación y que las pruebas clave no fueron analizadas debidamente. El análisis subraya el rol de los funcionarios judiciales. Indica que la destrucción de un arma incautada fue ordenada por un juez. Señala la falta de fundamentación de muchas resoluciones. Menciona contradicciones en las sentencias.
La Comisión Interamericana afirmó que las omisiones judiciales comprometieron la garantía del derecho a la vida. Criticó la falta de sanción a los responsables. Ergo, el crimen de Gangeme sigue impune. Pablo Gangeme insiste que su padre fue asesinado por informar. Dice que las publicaciones periodísticas provocaron represalias. Cree que se trató de un crimen político. Denuncia una red de protección institucional hacia los autores.
La CIDH recogió esas declaraciones en su informe. Las presentó como elementos centrales. Reconoció el valor del trabajo de Gangeme. Subrayó la obligación del Estado de proteger a quienes ejercen la libertad de expresión.
El Estado argentino respondió al informe. Dijo que la investigación fue seria e imparcial. Alegó que se abrieron cinco hipótesis diferentes. Sostuvo que no pudo identificar al autor por falta de pruebas, no por negligencia. La Comisión Interamericana refutó esos argumentos. Señaló que hubo inactividad prolongada, cambios de fiscales, falta de impulso judicial y errores graves en el tratamiento de la prueba. Cuestionó la ausencia de condenas después de 25 años.
La causa de Gangeme se transformó en un símbolo. Representa los riesgos que enfrentan periodistas en Argentina. Refleja la fragilidad institucional frente a crímenes contra la libertad de expresión. La CIDH incluyó el caso como un ejemplo emblemático. Lo incorporó entre los expedientes donde el Estado incumplió sus deberes. Instó a garantizar justicia, reparación y memoria.
Ricardo Gangeme no recibió justicia en vida. Su familia tampoco la recibió en 25 años. El Estado no aclaró las pruebas perdidas, ni explicó las decisiones judiciales que beneficiaron a los sospechosos. El informe internacional exige respuestas. No basta con declarar que hubo diligencias. Hace falta esclarecer el crimen, identificar a los responsables y castigar a quienes facilitaron la impunidad.
El asesinato de un periodista no es un hecho aislado. Es un ataque al derecho de toda la sociedad a estar informada. Es un acto que exige reparación, verdad y garantías de no repetición.
La Comisión Interamericana elevó una voz firme. Le dijo al Estado argentino: "Ustedes no cumplieron con su deber". La impunidad, en este caso, tiene responsables y consecuencias institucionales.
Fuentes:
-CIDH, Informe No. 44/23. Petición 663-09. Admisibilidad. Ricardo Gangeme y familiares. Argentina. 16 de marzo de 2023.
-Archivo Diario Jornada, Diario El Chubut, Diario La Nación, Diario Página 12.
NdR: Esta es la nota completa, contexualizada y con más datos, de dos publicaciónes que se realizarón en la sección MI ARCHIVO, del mismo autor en este medio.
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