Auditoría oficial detectó miles de certificados de discapacidad activos de personas fallecidas

El Gobierno nacional informó que una auditoría interna permitió detectar cerca de 180 mil certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas. El hallazgo se produjo durante una revisión integral de la Agencia Nacional de Discapacidad y fue confirmado mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas.

Según fuentes oficiales, el relevamiento se realizó en el marco de un proceso de control que incluyó bases administrativas, padrones y procedimientos internos. La verificación con el RENAPER permitió constatar que los registros seguían vigentes pese a que sus titulares figuraban como fallecidos, lo que encendió las revisiones sobre el circuito de otorgamiento y mantenimiento de beneficios.

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La auditoría se inició luego de la difusión de audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, donde se mencionaba un presunto circuito de pedidos indebidos. Tras su salida, el actual responsable de la ANDIS, Alejandro Vilches, avanzó con la revisión y autorizó la baja de los certificados observados.

Desde el Ejecutivo aclararon que el análisis no se limita a la anulación administrativa de los registros. En ese sentido, una fuente gubernamental sostuvo: “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, al describir el impacto que la permanencia de esos certificados tendría sobre el sistema de prestaciones.

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El mismo vocero explicó que se realizará un cotejo entre los datos de las personas fallecidas y los prestadores vinculados a los certificados detectados. Y agregó: “La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”, en referencia a eventuales responsabilidades por la continuidad de beneficios.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones y derechos previstos por el Estado. Su otorgamiento depende de juntas interdisciplinarias que evalúan cada situación particular.

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Desde el Gobierno señalaron que el hallazgo forma parte de un conjunto más amplio de irregularidades detectadas durante la auditoría. La revisión también alcanzó contratos, circuitos de validación y procedimientos internos del organismo, con el objetivo de ordenar la administración y evitar nuevas inconsistencias.

Las autoridades remarcaron que la información validada con el RENAPER permitió dimensionar el alcance del problema y acelerar las correcciones. En paralelo, se trabaja en mecanismos de control cruzado para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Mientras continúa el análisis técnico y jurídico, el Ejecutivo indicó que las definiciones sobre eventuales presentaciones judiciales se adoptarán una vez finalizados los informes complementarios. La auditoría sigue en curso y se esperan nuevas precisiones sobre los resultados finales.