Rutas rotas y fondos desviados: Pesatti puso números y apuntó contra Nación por las muertes

Actualidad02/02/2026

Las rutas están destruidas.

El debate por el estado de las rutas nacionales en Río Negro volvió a subir de temperatura en las últimas horas, esta vez con un mensaje directo desde la política provincial. El vicegobernador Pedro Pesatti difundió en sus redes sociales un extenso texto donde vinculó el deterioro vial con la cantidad de muertes registradas en siniestros de tránsito. También apuntó contra el Gobierno nacional por el uso de fondos que, según sostuvo, deberían destinarse al mantenimiento de los caminos.

En su publicación, Pesatti describió el escenario como una tragedia evitable y lo respaldó con cifras oficiales. Según datos del Departamento de Tránsito de la Policía provincial, durante 2024 se registraron 71 víctimas fatales y 280 lesionados graves en Río Negro. Dentro de ese total, el dato que resaltó es que el 57% de los siniestros fatales ocurrió en rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El primer semestre de 2025, de acuerdo con el mismo planteo, mantuvo la gravedad del problema. Pesatti indicó que 48 personas murieron en 35 siniestros fatales, con un 62% de las muertes concentradas en rutas nacionales, lo que equivale a 30 fallecidos. Además, sumó un contraste que alimenta la discusión: la ONG Luchemos por la Vida estimó que en 2024 las muertes reales en la provincia llegaron a 106, por encima de los registros oficiales.

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En el centro del mensaje aparece con fuerza la Ruta Nacional 22, señalada como uno de los corredores más críticos. Pesatti aseguró que la siniestralidad en la Ruta 22 aumentó un 20% en el primer trimestre de 2025 respecto del mismo período del año anterior. También recordó que entre 2020 y 2023, solo en ese corredor, hubo 407 víctimas, con 79 personas fallecidas y 121 lesionados graves.

La publicación incorporó otro recorte que expone el impacto social del problema. Pesatti sostuvo que 19 de cada 100 accidentados murieron y que el 55% de las víctimas fatales tenía menos de 40 años. Ese punto, más allá de la estadística, apunta a una lectura política: la tragedia no se concentra en un grupo reducido, sino que atraviesa edades productivas y familias enteras.

El vicegobernador también centró su denuncia en el financiamiento de las obras viales. En su texto explicó que cada vez que se carga combustible se paga un impuesto específico destinado por ley al mantenimiento de rutas nacionales. En ese marco citó el Decreto 976/01, que establece que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte para financiar obras viales a través del SISVIAL.

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Según afirmó, el Gobierno de Javier Milei desvió esos fondos y dejó a Vialidad Nacional con menos recursos de los que le corresponderían. Como ejemplo, Pesatti sostuvo que en el primer bimestre de 2025 se recaudaron $600.000 millones por ICL y que a Vialidad Nacional le correspondían $86.000 millones, pero solo recibió $18.000 millones. En esa línea, definió la situación como un desvío del 79% de los fondos destinados legalmente al mantenimiento de rutas.

En el mismo mensaje, Pesatti citó denuncias de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sobre subejecución presupuestaria. Indicó que en 2024 el presupuesto para obras y mantenimiento fue de $609.672 millones, pero que solo se ejecutaron $332.392 millones, dejando $277.000 millones sin utilizar. Allí incluyó una frase textual que marcó el tono político de su publicación: “obra pública cero”.

La denuncia también se extendió al funcionamiento de Vialidad Nacional como organismo. Pesatti mencionó un informe de FEPEVINA que documenta la pérdida de más de 800 trabajadores especializados de la Dirección Nacional de Vialidad, con una proyección de 900 más a través de retiros voluntarios forzados. Además, señaló un congelamiento salarial por más de 15 meses y lo describió como un mecanismo de expulsión.

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En cuanto al estado de la red vial, el vicegobernador enumeró fallas visibles en rutas nacionales como la 22, 151, 23 y 40, con problemas de baches, calzada resquebrajada, banquinas inexistentes y falta de señalización. En ese punto, su mensaje conectó el deterioro técnico con el riesgo diario de quienes transitan por esas rutas, tanto por trabajo como por razones de salud o estudio.

Uno de los tramos que destacó fue la Ruta Nacional 151, con 150 kilómetros entre Cipolletti y el límite con La Pampa. Allí afirmó que circula el 72% del petróleo y el 42% del gas de la provincia, además de traslados sanitarios y movimiento escolar. También mencionó 576 traslados sanitarios anuales y el impacto sobre 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, para mostrar que el deterioro no solo afecta la seguridad vial sino también servicios esenciales.

En su publicación, Pesatti recordó además que el conflicto ya llegó a la Justicia. Indicó que en julio de 2025 el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes del Alto Valle, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de General Roca contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. Allí citó la denuncia por “desnaturalización del régimen de financiamiento vial” y el pedido de reparación urgente de la traza.

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Finalmente, el vicegobernador llevó el planteo al plano penal y mencionó posibles delitos como malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, citando artículos del Código Penal. También recordó que FEPEVINA presentó una denuncia penal contra el Administrador General de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, y sostuvo que la responsabilidad “asciende en la cadena de mando”.