Cuál será el ambiente de las movilizaciones que espera el Gobierno mientras se debate la reforma laboral

Política07/02/2026

Reforma laboral imagen ilustrativa generada por LA17

La Casa Rosada admite que no puede frenar una marcha multitudinaria y prepara un operativo con fuerzas federales y vallado en el Congreso, mientras la CGT ajusta su jugada.

La escena que el Gobierno imagina para la reforma laboral no se define solo por los votos, sino por el control del espacio público. En la Casa Rosada y en el área de Seguridad ya dan por descontado que no podrán aplicar el protocolo anti-piquetes si la convocatoria sindical se vuelve masiva. Por eso, el plan se apoya en fuerzas federales, custodia del Congreso y vallas, con una preocupación que crece a medida que se acerca el debate parlamentario.

En ese marco, el oficialismo leyó como una señal favorable la reunión del consejo directivo de la CGT, porque no encontró consenso para activar un cuarto paro general contra la administración de Javier Milei. El Gobierno venía esperando ese desenlace y lo interpretó como un alivio momentáneo en la dinámica sindical. Sin embargo, en Balcarce 50 sostienen que el clima duro se va a sentir con más fuerza fuera del recinto que dentro del Senado.

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La CGT, de todos modos, eligió el terreno de la visibilidad y anunció una movilización al Congreso el 11 de febrero, con autorización para replicar marchas en todo el país. En el Ejecutivo reconocen que una movilización así no se bloquea y por eso el despliegue se piensa como contención, no como impedimento. La lectura política es que las advertencias previas apuntan más a disuadir a manifestantes sueltos que a torcer una convocatoria orgánica.

La tensión suma un actor propio: ATE ratificó un paro para ese mismo 11 y el Gobierno volvió a instalar la amenaza de descuento salarial a quienes adhieran. Esa advertencia se repite como parte del repertorio oficial para reducir adhesiones, aunque el conflicto se mueve en un calendario donde cada gesto escala. El resultado es un escenario dual, con una central obrera que no para en bloque pero sí pone la calle, y un Estado que prepara custodia reforzada en el Congreso.

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Mientras tanto, la Casa Rosada empujó una jugada paralela sobre los gobernadores para evitar que el reclamo sindical se convierta en un frente político más amplio. En el oficialismo aseguran que lograron aislar la posición de la CGT de la postura mayoritaria de mandatarios provinciales, más concentrados en no perder recursos que en acompañar una ofensiva sindical. En ese contexto, incluso se cayó una reunión prevista en el Consejo Federal de Inversiones, convocada por gobernadores peronistas opositores a la reforma.

En esa interna aparece una voz que buscó endurecer el tono desde el PJ: el riojano Ricardo Quintela contó que llevó a la CGT una propuesta de escalada sostenida. “En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización”, dijo en Radio Con Vos. Su postura quedó más aislada, del mismo modo que los sectores sindicales que empujaban una huelga total.

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En el universo gremial también asoma la presión de Pablo Moyano, apartado de la conducción cegetista, que pidió voltear la reforma y explora alianzas con organizaciones sociales de la UTEP, ahora conducida por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita de Emilio Pérsico. Ese entramado busca volumen en la calle, incluso sin el instrumento del paro general. En el oficialismo lo miran como un factor de ruido, sobre todo si la marcha consigue sumar columnas por fuera de las estructuras tradicionales.

Puertas adentro del Gobierno, una frase sintetizó el clima de desafío hacia la central obrera y circuló cerca de Santiago Caputo. “Si hay o no paro, nos da lo mismo. No va a cambiar nada”, sostuvieron en ese entorno, en una línea que busca desdramatizar el impacto sindical. Al mismo tiempo, Caputo aparece como interlocutor valorado por dirigentes de peso de la CGT y se menciona su rol para contener a Gerardo Martínez tras la salida del jefe de la UOCRA del Consejo de Mayo.

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En paralelo, el oficialismo también evitó que prosperara una cumbre entre la cúpula cegetista y dos gobernadores de centro como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, que venían reclamando baja de impuestos para pymes. La disputa con Pullaro, además, tomó volumen antes del acto de este sábado en San Lorenzo, cuando Luis Caputo presionó para que Santa Fe liquide fondos obtenidos con aval de Economía. “Perdió $ 120 mil millones en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”, escribió el ministro, tensando aún más el vínculo político.