Los puntos críticos entre gremios, empresas y el gobierno por la reforma laboral

El proyecto se debate el miércoles y el Gobierno dice tener votos, pero la CGT convoca a marchar y prepara una ofensiva judicial mientras el empresariado discute su propia caja.

El miércoles, el Senado pondrá en discusión el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el oficialismo y, lejos de ordenar el clima, el trámite parlamentario expone una pelea en varios frentes. Mientras el Gobierno sostiene que reúne los votos para la aprobación general, la resistencia sindical escala y también aparecen diferencias nítidas dentro del mundo empresario. En el centro, una misma pregunta se repite: qué cambia, quién pierde poder y quién gana margen en la negociación diaria.

En el universo gremial, la CGT ya anticipó una movilización al Congreso y abrió la puerta a la judicialización de varios artículos. El rechazo no se limita a un punto, sino que combina cuestiones de financiamiento sindical, reglas de negociación colectiva y límites a medidas de fuerza. Con ese marco, el debate del Senado se lee como un test político, pero también como un examen de costos concretos para cada sector.

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Uno de los ejes que irrita a los sindicatos apunta a la retención automática de cuotas sindicales. La reforma busca eliminar la obligación del empleador como agente de retención, para volverla voluntaria y supeditada al consentimiento expreso del trabajador. En la práctica, esa modificación tensiona la estructura de recaudación y empuja a los gremios a disputar afiliación y aportes con otra intensidad, justo cuando la central obrera reconoce dificultades internas.

Otra discusión fuerte aparece en torno a la ultraactividad y el modo en que se sostienen cláusulas de convenios. La propuesta limita la ultraactividad a cláusulas normativas y obliga a renegociar anualmente ítems como las cuotas solidarias, lo que, para los sindicatos, achica capacidad de presión y acelera el desgaste de las negociaciones. En el mismo paquete, la prevalencia de acuerdos por empresa refuerza ese giro hacia pactos más fragmentados y menos sectoriales.

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El capítulo del derecho a huelga también concentra tensión y ya asoma como foco de disputa en tribunales. Los artículos cuestionados plantean mínimos de actividad durante medidas de fuerza que llegan a 75% en servicios esenciales y 50% en los “trascendentales”, con impacto sobre transporte, educación, salud y otras actividades. Ese esquema ya figuró en el DNU 70/23 y chocó con fallos judiciales, un antecedente que los gremios vuelven a poner sobre la mesa para anticipar litigio.

En paralelo, el proyecto introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa, con un aporte empresarial del 3% de la masa salarial bruta y, a la vez, una rebaja del 3% en contribuciones patronales. La CGT rechaza ese diseño por el efecto sobre el sistema previsional y por el cambio de lógica en el esquema indemnizatorio. En la misma línea, los sindicatos alertan por el recorte de aportes a obras sociales: el texto baja del 6% al 5% las contribuciones patronales y, según la mirada gremial, eso abre un frente de desfinanciamiento significativo.

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La reforma también mete mano en condiciones de contratación y organización del tiempo de trabajo. Entre los puntos señalados por los gremios figuran mecanismos de flexibilización de contrataciones y despidos, la creación del Banco de Horas, la extensión de jornadas hasta 12 horas y cambios en el régimen de vacaciones. En conjunto, esa combinación reordena la relación de fuerzas en cada empresa y desplaza parte de la discusión del ámbito sectorial al terreno de acuerdos más atados a cada actividad y empleador.

Del lado empresario, el proyecto recibe respaldo, pero no con una sola voz. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó apoyo y planteó una agenda propia: modernizar condiciones de contratación, revisar la ultraactividad y bajar el costo no salarial del empleo formal, con foco en litigiosidad y seguros de riesgo del trabajo. En esa lectura, el FAL aparece como herramienta para reducir riesgos de contratación, aunque ese punto es, al mismo tiempo, uno de los que más objeciones despierta en la CGT.

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Las diferencias se vuelven más visibles cuando aparecen las cámaras del comercio y la mediana empresa. CAC, CAME y ADIMRA discuten artículos que la UIA defiende, en especial la limitación de la ultraactividad, y presionan para eliminar el artículo 128, que vuelve voluntarios aportes que hoy se destinan a capacitación. En esa pulseada, la discusión deja de ser solo “laboral” y se convierte en un conflicto por recursos y representación: según el planteo de Ricardo Diab (CAME), el cambio implicaría "la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas".

Con la sesión encima, el escenario combina votos por cerrar, artículos bajo negociación y una calle que promete hacerse escuchar. En el Senado, el oficialismo apuesta a pasar la prueba general y seguir discutiendo el articulado fino, mientras sindicatos y cámaras recalculan su estrategia con un ojo en el recinto y otro en los tribunales. El resultado del miércoles no solo define una ley: fija, también, el nuevo punto de partida para la pelea por convenios, aportes y poder real en el mundo del trabajo.