Una red de extorsiones desde cárceles quedó expuesta tras la muerte de un soldado en Olivos

La Justicia confirmó que el joven granadero fue víctima de una maniobra digital organizada desde penales bonaerenses, basada en perfiles falsos, amenazas y pedidos de dinero.

La investigación judicial por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, ocurrida en diciembre pasado mientras cumplía guardia en la Quinta Presidencial de Olivos, reveló el funcionamiento de una organización criminal dedicada a extorsiones digitales que operaba desde el interior de cárceles de la provincia de Buenos Aires. El caso expuso una modalidad delictiva sostenida en el uso de teléfonos celulares dentro de los penales.

Las conclusiones fueron presentadas de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Justicia Federal, con la participación de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Allí se confirmó que el joven granadero, de 21 años, fue sometido a una extorsión sistemática que derivó en una fuerte presión psicológica y económica.

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Según la investigación, la maniobra se inició a través de una aplicación de citas, donde la banda creaba perfiles falsos para entablar contacto con las víctimas. En el caso de Gómez, el vínculo virtual derivó en la aparición de una supuesta denuncia por abuso de una menor, acompañada por amenazas y exigencias de pago.

Uno de los elementos centrales del esquema era el envío de audios intimidatorios y la intervención de personas que se hacían pasar por agentes policiales, asegurando que existía una causa judicial en curso. A cambio de frenar supuestas consecuencias penales, exigían transferencias de dinero inmediatas.

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La jueza explicó que los delincuentes usurparon la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad, utilizando su nombre y documentación para dar verosimilitud a la extorsión. El dinero solicitado se transfería a cuentas de terceros vinculados a la organización, que luego fragmentaban los fondos para dificultar su rastreo.

La presión no se detenía tras el primer pago. Por el contrario, las exigencias económicas se repetían, generando un círculo de endeudamiento y angustia. La investigación determinó que este mecanismo fue aplicado a múltiples víctimas, no solo al soldado fallecido.

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Un elemento clave para reconstruir el impacto del hostigamiento fue la carta que dejó Rodrigo Gómez, en la que expresó sentirse atrapado por deudas, amenazas y falsas promesas de solución. Ese documento permitió a los investigadores dimensionar el grado de coerción al que estaba sometido.

La pesquisa identificó a los principales coordinadores de la organización, todos ellos detenidos en unidades penitenciarias bonaerenses, desde donde dirigían las maniobras. Además, se concretaron siete detenciones, incluyendo colaboradores externos que actuaban como receptores del dinero.

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Uno de los puntos más señalados durante la presentación oficial fue el uso sistemático de teléfonos celulares en las cárceles. Funcionarios nacionales advirtieron que estos dispositivos permiten organizar delitos complejos desde el encierro, con acceso a aplicaciones bancarias, redes sociales y mensajería instantánea.

Durante la conferencia, se utilizó una frase que sintetizó el diagnóstico oficial: “Un celular en una cárcel es un arma”. La expresión apuntó a subrayar que la conectividad sin control dentro de los penales convierte a las prisiones en plataformas delictivas con alcance nacional.

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Arroyo Salgado explicó que la legislación vigente solo garantiza el contacto familiar mediante visitas, pero que durante la pandemia se habilitó el uso de celulares a partir de un habeas corpus colectivo, sin que luego se establecieran límites ni controles efectivos, situación que persiste hasta hoy.

La investigación también puso en evidencia posibles niveles de connivencia o tolerancia interna, ya que el uso prolongado de teléfonos dentro de las unidades no podría sostenerse sin fallas estructurales en los controles. La jueza habló de un problema de carácter sistémico.

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Como resultado del operativo, los internos que coordinaban la red fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo, se secuestraron dispositivos móviles y se bloquearon cuentas bancarias utilizadas para las estafas.

Más allá del caso puntual, la Justicia y el Gobierno coincidieron en que la muerte del soldado no fue un hecho aislado, sino la consecuencia extrema de una estructura delictiva organizada, que opera desde las cárceles y encuentra en la tecnología una herramienta central.

Fuente: Infobae