Piden 10 años para el ex juez federal Marcelo Bailaque por presunta corrupción

Policiales14/02/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La fiscalía estimó una pena de prisión para Marcelo Martín Bailaque, ex magistrado de Rosario. Lo acusan en tres causas conectadas y ahora el juzgado define si va a juicio oral.

Marcelo Bailaque (Foto: Marcelo Manera/LA NACION)
Marcelo Bailaque (Foto: Marcelo Manera/LA NACION)

La cifra impacta por sí sola y marca el tono del expediente: la fiscalía estimó que pedirá 10 años de prisión para un ex juez federal de Rosario en el marco de tres acusaciones por presunta corrupción. El nombre en el centro del caso es Marcelo Martín Bailaque, señalado por maniobras que, según los investigadores, exceden un episodio aislado. El proceso avanza mientras el tribunal evalúa el próximo paso formal.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Rosario y procuradurías especializadas sostuvieron que los hechos imputados reflejan una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”, de acuerdo con lo informado por el sitio Fiscales.gob. Esa caracterización no solo describe conductas individuales, sino un modo de uso de la función judicial para intereses particulares. La expresión eleva el caso desde lo penal al plano institucional.


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En la resolución citada, a Bailaque se le atribuyen delitos de fuerte gravedad y con múltiples aristas. El listado incluye prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. La diversidad de figuras configura un cuadro que mezcla decisiones jurisdiccionales, supuestos beneficios y circuitos de dinero.

La hipótesis central de la imputación apunta a un uso indebido de la función judicial con un objetivo concreto: favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos. En esa línea, los investigadores describen un esquema que no se agota en una sola acción, sino en un conjunto de conductas que se conectarían entre sí. El expediente, así, intenta probar no solo hechos, sino un patrón.


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La causa no se limita al ex magistrado. En el mismo expediente también quedaron acusados un escribano, señalado como presunto intermediario en extorsiones, y la esposa del ex magistrado, sindicada por operaciones vinculadas al supuesto lavado de activos. Esa extensión del señalamiento abre otra dimensión: quiénes habrían participado en la ejecución o en la circulación de fondos que se investigan.

El avance procesal también muestra un entramado de intervención fiscal con áreas especializadas en criminalidad económica y narcocriminalidad. Esa combinación sugiere que la pesquisa no mira solo conductas administrativas, sino conexiones que podrían tocar estructuras delictivas más complejas. En ese marco, la fiscalía elevó acusaciones y el juzgado ahora debe definir si el caso se encamina a juicio oral.


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En paralelo, Bailaque continúa con prisión domiciliaria mientras sigue el proceso judicial. Esa situación refleja que el expediente ya superó una etapa inicial y mantiene medidas restrictivas, aunque no se trate de un encierro en una unidad penitenciaria. La discusión que viene no será únicamente sobre su responsabilidad, sino sobre la consistencia probatoria que habilite la instancia oral.

Los letrados indicaron que las acusaciones corresponden a hechos diferentes, pero vinculados entre sí, y por eso no se descarta un único juicio oral. En ese esquema, el pedido de 10 años fue estimado para el tramo de mayor gravedad, mientras que en los otros expedientes también se prevén penas de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas. La eventual condena, si prospera, podría combinar cárcel con sanciones patrimoniales y políticas.


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Uno de los legajos apunta a un punto especialmente sensible en Rosario: causas ligadas a narcocriminalidad. Allí se investiga si el ex funcionario habría favorecido intereses particulares a través de resoluciones que podrían considerarse irregulares. Con esa pieza dentro del rompecabezas, el caso queda a la espera de una definición judicial que ordene el futuro inmediato del expediente y determine si la acusación se discute en un debate oral con todas sus conexiones.

Fuente: NA.

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