En la milla 200, la Armada sigue a 500 pesqueros y vigila el Atlántico Sur

Con “Mare Nostrum VII”, buques, aviones y 100 efectivos buscan frenar incursiones y pesca ilegal con monitoreo en tiempo real, en un mar hostil y de alto valor.

El mapa que preocupa no se dibuja en la costa, sino en el borde de la Zona Económica Exclusiva: la franja adyacente a la milla 200 concentra, en temporada alta, una presencia masiva de flotas extranjeras. En ese corredor, la vigilancia deja de ser una consigna y se vuelve una rutina diaria, con decisiones que se toman con información minuto a minuto. Desde el edificio Libertad, en Retiro, el comodoro de Marina Santiago Villemur puso en números el escenario: “alta concentración de buques pesqueros extranjeros” y un volumen que ronda los 500.

El dato no impacta solo por la cantidad, sino por lo que arrastra: con tantos cascos cerca del límite, aparecen “riesgos de incursiones” y maniobras que obligan a sostener presencia en el mar aun cuando el clima juega en contra. En esta época, además, el Atlántico Sur se vuelve un imán por la disponibilidad de especies como el calamar illex y la merluza, que se ubican en grandes concentraciones sobre la plataforma y el talud continental. Ese movimiento tensa un control que ya de por sí se realiza en un espacio marítimo enorme. Y, como reconocen en la conducción operativa, no alcanza con mirar: se vigila de forma constante y se actúa cuando corresponde.

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La operación que ordena ese despliegue se enmarca en las acciones permanentes de vigilancia y control denominadas “Mare Nostrum”, que se ejecutan durante todo el año y toman intensidad cuando crece la concentración en la milla 201. En esta edición, la Armada dispuso el despliegue de 100 efectivos, el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” y vuelos del P3C “Orión” de la Fuerza Aérea. El objetivo central es disuadir y detectar a tiempo, con medios de superficie y aeronavales. En paralelo, se mantiene un patrón de control que combina navegación, patrullaje y capacidad de respuesta.

Detrás de ese trabajo aparece una estructura que, desde 2022, opera con una lógica particular: el Comando Conjunto Marítimo. Villemur explicó que la tarea se divide en dos planos que no siempre se distinguen desde afuera: “La vigilancia se realiza de manera permanente”, mientras el control se ejerce cuando se destacan medios en áreas de interés. Esas áreas incluyen el mar territorial, la zona contigua, la ZEE y la plataforma continental, con presencia también en zonas sensibles como áreas marinas protegidas y, según definiciones operativas, otros espacios que se determinen. En esa arquitectura, el comando conduce operaciones con medios principalmente navales, pero bajo un esquema de coordinación con el Estado Mayor Conjunto.

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La dimensión del sistema se entiende cuando se mira cómo llega la información: la central de operaciones recibe datos y enlaces que, según la descripción oficial, permiten seguir lo que ocurre en el mar argentino. Villemur lo sintetizó así: “Todos estos espacios son monitoreados de forma permanente” desde la central, con información en tiempo real. A esa red se suman apoyos específicos, como el Comando Conjunto Aeroespacial y el Comando Conjunto Antártico, además de organismos civiles y técnicos que aportan insumos clave. En esa interacción, la vigilancia deja de ser un radar aislado y pasa a ser un tablero compartido.

El problema, además, ya no se limita al barco que entra o sale: en el propio relato oficial aparece un salto en la complejidad. Villemur advirtió “incremento en la sofisticación de las actividades ilegales”, con foco en el uso malicioso del sistema de identificación automática (AIS) y prácticas como el spoofing, que alteran o suplantan identidades. También mencionó maniobras coordinadas entre buques, un patrón que obliga a integrar capacidades y ajustar respuestas. Con ese telón de fondo, el control de la milla 200 se vuelve, a la vez, un control tecnológico.

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El operativo suma otro capítulo cuando se detecta una posible infracción: primero se certifica la actividad mediante procedimientos internos y análisis de situación. En el buque que patrulla suele viajar un inspector de Pesca, autoridad que participa del examen técnico de lo observado. Cuando aparecen elementos suficientes, se realiza la visita y el registro con personal adiestrado para reunir pruebas, labrar actas y obtener material fotográfico. Recién después de ese circuito, se informa a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que define si corresponde capturar o no al buque infractor.

La eventual resistencia también está contemplada en el esquema: Villemur señaló que el sumario administrativo lo confecciona la Prefectura Naval para aplicar la multa correspondiente y que, si el buque no colabora, se encuadra como resistencia a la autoridad. En ese caso, según explicó, “se da intervención a los Juzgados y Fiscalías Federales”. Esa combinación de control operativo y derivaciones judiciales busca sostener la capacidad de respuesta sin sobreactuar el uso de la fuerza. Y, al mismo tiempo, apunta a dejar trazabilidad documental de cada intervención.

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El sostén del sistema, en definitiva, no descansa solo en barcos o aviones, sino en cómo se usan. En el edificio Libertad, la tecnología aparece como un actor decisivo: radares, satélites, sistemas AIS, aeronaves tripuladas y no tripuladas, además de sensores como sonares no tripulados, con posibilidad de aplicar inteligencia artificial para detectar incidencias o amenazas. En esa línea, Villemur recordó que la Armada incorporó patrulleros oceánicos y aviones P3C Orión con sistemas modernos, helicópteros y embarcaciones RHIB para ampliar despliegue. Pero dejó una frase que condensa la lógica del operativo: “La tecnología solo adquiere valor” cuando la usa personal capacitado.

Fuente: Infobae.