La Iglesia llega al Senado para frenar la baja de imputabilidad a 14 y Villarruel marca distancia
Política21/02/2026
REDACCIÓNCon el debate en puerta, Pastoral Social y Cáritas llevaron al Congreso una advertencia: castigar antes no baja el delito. Plantearon prevención e inclusión.
El Senado se prepara para tratar la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y, antes de que arranque la discusión formal, una voz con trabajo territorial pidió lugar en el Congreso. Representantes de Pastoral Social y Cáritas fueron a una reunión informal con senadores para exponer su posición crítica. El encuentro se dio con la invitación de Victoria Villarruel, en un movimiento que volvió a mostrar diferencias internas con el rumbo del oficialismo.
La iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y llegó a la Cámara alta con una semana por delante para ordenar apoyos y resistencias. En ese contexto, la Iglesia católica insistió en que la discusión no se resuelve solo con un cambio de edad. También reclamó que el tema se mire con una lógica de abordaje integral, con prevención, contención y políticas sociales que hoy aparecen en tensión.
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En la reunión, los enviados de los obispos repitieron una idea central: el cambio no reduce el delito juvenil. Plantearon que la delincuencia en adolescentes requiere respuestas que incluyan espacios adecuados de contención y trabajo sostenido contra la pobreza y la deserción escolar. El planteo buscó correr el eje del castigo como primera respuesta y poner la atención en las causas.
Villarruel quedó en el centro de la escena por el modo en que armó el encuentro en el Senado, con referentes eclesiales que llegaron para cuestionar un proyecto impulsado por el Gobierno. La vicepresidenta volvió a mostrarse cerca de la Iglesia católica y se diferenció del clima que domina la relación entre el Presidente y los obispos. El texto fuente marca, además, un dato político: Milei no recibe a los obispos desde hace dos años, mientras sostiene encuentros frecuentes con pastores evangélicos.
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El vínculo de Villarruel con la Iglesia apareció en gestos concretos de los últimos meses y no solo en reuniones de agenda. En el Senado inauguró un oratorio católico y, durante una visita a La Rioja por la fiesta de La Chaya, se reunió con el obispo local y titular de Pastoral Social, Dante Braida. En ese mismo viaje, visitó por primera vez la tumba del beato monseñor Enrique Angelelli, mencionado como víctima de la dictadura.
Los representantes eclesiales llegaron al Congreso con un documento como base: la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”. Allí sostuvieron que la respuesta penal temprana no ofrece una solución eficaz frente al delito juvenil. Para reforzar el argumento, incluyeron una comparación regional que busca impactar en la discusión parlamentaria.
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En ese punto, el texto remarca una frase que los enviados de Pastoral Social y Cáritas llevaron como respaldo de su postura. “La evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina —con un piso de 16 años— mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región”. El razonamiento apunta a cuestionar la idea de que bajar la edad, por sí sola, mejora la seguridad.
La Iglesia también cuestionó la capacidad actual del Estado para aplicar un régimen penal ampliado sin vulnerar derechos ni agravar desigualdades. “No cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social”, advirtieron. El señalamiento no se centró en un tecnicismo jurídico, sino en la falta de estructura para sostener lo que la norma promete.
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El documento agregó una advertencia política y social sobre a quién termina alcanzando una respuesta punitiva si no se atacan causas de fondo. “En un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables sin atacar las causas estructurales de la violencia”, plantearon. La frase enlaza la discusión penal con el mapa social y con el modo en que se distribuye el impacto de las políticas públicas.
Otro eje del posicionamiento se apoyó en argumentos de desarrollo y evidencia científica sobre adolescencia. “Los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos”, señalaron. Desde esa mirada, pidieron sostener el sistema de protección de derechos como primera vía y reservar el sistema penal como última instancia.
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En la propuesta, también apareció una alternativa para casos graves en mayores de 16, con un enfoque distinto al castigo como única salida. Propusieron “fortalecer mecanismos de justicia restaurativa” y sostuvieron que esos modelos “contribuyen a reducir la reincidencia y a promover instancias de reparación hacia las víctimas y la comunidad”. Además, dejaron planteado un frente jurídico, al advertir sobre eventuales cuestionamientos de constitucionalidad por compromisos internacionales y derechos humanos.
El cierre del documento buscó fijar la discusión en un plano más amplio que el artículo puntual de una ley. “La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, advirtieron. Con el Senado por debatir la norma la semana próxima, la intervención de la Iglesia dejó instalada una disputa de fondo y, al mismo tiempo, exhibió el papel de Villarruel como articuladora de una voz crítica dentro del propio oficialismo.
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