Un artículo escondido de la reforma laboral puede costarle el cargo a un juez

Política22/02/2026

El proyecto que espera el tratamiento del Senado incluye una regla dura para el fuero del trabajo: obliga a seguir precedentes de la Corte y advierte que el apartamiento puede terminar en un juicio por mal desempeño.

Reforma laboral imagen ilustrativa generada por LA17

El capítulo menos visible de la reforma laboral dejó una señal directa hacia los tribunales: la desobediencia ya no queda en el terreno del criterio, sino en el de la sanción. El texto aprobado en Diputados incorpora un mecanismo que vuelve obligatorios los criterios de la Corte Suprema para el fuero laboral. En el mismo movimiento, instala una amenaza explícita: el juez que no se alinee puede enfrentar un proceso de remoción.

La novedad gira alrededor del artículo 89, que aparece como una pieza que pasó sin demasiado ruido en el debate público. La norma apunta a que los fallos del máximo tribunal dejen de operar como una guía y pasen a funcionar como una orden. Hasta acá, según fuentes judiciales citadas en el texto, los criterios de la Corte se aplicaban caso por caso y en "forma difusa".

OTRAS NOTICIAS:

En ese cambio de regla, también cambia el margen de interpretación que muchos jueces usan para distinguir un caso de otro. Un abogado laborista, citado sin nombre, lo sintetizó con una frase que marca el contraste entre el pasado y lo que viene: "antes sus fallos era de una obligatoriedad relativa, más bien indicativa". Con la reforma, ese terreno se achica y la tensión pasa a ser institucional, porque la ley ya no tolera el apartamiento como práctica habitual.

El proyecto no se queda en una formulación general y lo escribe en términos de disciplina funcional. El texto establece que el apartamiento "configurará una causal de mal desempeño en sus funciones", una advertencia que pone a jueces y cámaras bajo un nuevo clima de presión. La idea no apunta solo a uniformar criterios, también busca bloquear el conflicto judicial que se anticipa cuando sindicatos y centrales presenten planteos de inconstitucionalidad.

OTRAS NOTICIAS:

Ese esquema convive con otro punto espinoso: la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el Gobierno y sectores empresarios, el andamiaje completo se justifica en la pelea contra la "industria de juicio", una expresión que aparece como argumento político y económico. La combinación de obediencia obligatoria a la Corte y traslado jurisdiccional reordena el tablero donde se tramitan conflictos laborales.

La jugada tiene, además, un rebote político concreto sobre el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona, sanciona y destituye jueces. En el texto se describe la preocupación por el efecto electoral interno: al cambiar el peso del fuero laboral, una parte de la representación de jueces puede perder base de apoyo. En esa lectura, el kirchnerismo quedaría más expuesto a perder una silla sensible, en un momento donde también se discuten reglas de selección y alianzas.

OTRAS NOTICIAS:

Mientras tanto, el proyecto detalla cómo se “ata” la obligación de seguir a la Corte con la estructura normativa del fuero. El artículo 89 sustituye el artículo 124 de la ley 18.345, y se complementa con el artículo 90, que ordena adecuar decisiones a los precedentes del máximo tribunal. No es una sugerencia ni un criterio flexible: el texto lo define "de forma obligatoria", y vuelve a insistir en la sanción cuando no se cumpla.

El traslado del fuero laboral a CABA aparece respaldado por artículos posteriores, con un acuerdo de transferencia y una cláusula que manda recursos para sostener el funcionamiento transitorio. En paralelo, se menciona un antecedente institucional: la AMFJN impulsó una acción judicial contra leyes locales porteñas porque faltaba acuerdo con Nación, un punto que ahora figura subsanado por la firma del convenio. Así, la discusión ya no se limita al derecho laboral, también toca competencias, presupuesto y poder político real.

OTRAS NOTICIAS:

En esa arquitectura, el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia aportó una explicación que revela el argumento pragmático detrás de la norma: "en la práctica algunos no lo cumplen y es necesario". También planteó el criterio de competencia para los casos que tramiten en CABA: "la competencia la fija el lugar de prestación del empleo y no el domicilio social de la empresa". En la misma línea, proyectó el volumen de expedientes y deslizó un número que dimensiona la carga actual: "aproximadamente 55.000 causas año".

El debate en el Senado queda como el próximo capítulo, pero la discusión de fondo ya se instaló en tribunales y en la política judicial. Por un lado, se abre una pelea sobre independencia, precedentes y castigo por apartamiento. Por el otro, la transferencia del fuero laboral suma una disputa por poder dentro del sistema, con consecuencias sobre representación y control institucional. En el medio, la reforma introduce una regla que cambia la conducta esperada de los jueces, con una amenaza que no se disimula en el texto.