Confirmaron 10 años por abuso y ahora imputan al abogado que grabó a la menor

La condena por abuso sexual contra una menor quedó firme en Esquel y, en paralelo, se abrió otro frente judicial que involucra a un abogado de la ciudad. La Cámara Penal confirmó la pena de 10 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su sobrina y desestimó una supuesta retractación de la joven que había sido presentada por la defensa.

El punto más controvertido del caso fue un video grabado en un estudio jurídico, donde la adolescente, después del juicio, afirmaba que se había equivocado en su denuncia. Ese registro fue aportado para intentar anular el proceso original, pero los jueces coincidieron con la Fiscalía en que no reunía las garantías necesarias.

Según el fallo, la grabación se realizó en privado, sin presencia de psicólogos ni especialistas y sin control del Ministerio Público Fiscal. Para la Cámara, esa situación implicó “una revictimización, ya que la ley prohíbe que el abogado del agresor entreviste a solas a la víctima”, y por eso descartó el video como prueba válida.

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En diciembre de 2025, el tribunal analizó de manera unánime el planteo de la defensa y resolvió mantener la condena. Los magistrados remarcaron que, además de ratificar la culpabilidad del agresor, la decisión buscó resguardar el equilibrio emocional de la víctima y la validez de los testimonios obtenidos bajo parámetros legales.

Otro de los argumentos centrales fue el fenómeno de la retractación en casos de abuso intrafamiliar. Los jueces explicaron que es frecuente que las víctimas intenten retroceder por presiones del entorno. En este expediente, señalaron que la adolescente sufría hostigamiento y que incluso se la responsabilizaba por la detención de su tío, lo que debilitaba la credibilidad de ese cambio de versión.

Mientras la condena quedó firme, la situación del abogado Daniel Sandoval pasó al centro de la escena. El letrado fue imputado por el delito de prevaricato y deberá declarar el jueves 12 de marzo en Tribunales, citado por la Oficina Judicial de Esquel.

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En un comunicado, Sandoval cuestionó la acusación y sostuvo que “el delito es haber priorizado la verdad real, y la protección de una menor por sobre la conveniencia institucional”. También afirmó que él mismo puso en conocimiento de la Justicia posibles irregularidades vinculadas al caso.

“La comunidad jurídica de la provincia asiste con preocupación a un hecho sin precedentes, como mi imputación por el Ministerio Público Fiscal, por el delito de prevaricato luego de haber denunciado ante la Justicia hechos de los que tomé conocimiento en el ejercicio de mi profesión, y que involucraban a una adolescente víctima de abuso sexual”, expresó.

El abogado relató que en junio de 2025 una joven de 17 años y sus padres acudieron a su estudio con la intención de contarle situaciones vinculadas a la causa penal donde un familiar había sido condenado. “Lejos de silenciarla o de actuar con sigilo escuché su relato y ante la gravedad de lo manifestado, que incluía posibles presiones y amenazas hacia la menor, decidí poner los hechos en conocimiento de la Justicia, dando origen a una nueva investigación fiscal”, aseguró.

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Sandoval explicó que, para evitar conflictos de intereses, renunció a intervenir en la causa del familiar condenado y pidió que se designara un defensor oficial. Sin embargo, la Fiscalía interpretó que habría actuado de manera incompatible al entrevistar a la joven y presentar luego esa información.

“Lo que debió ser considerado un acto de colaboración con la administración de justicia, poner en conocimiento de la autoridad hechos relevantes que involucraban a una menor vulnerable, se transformó en el origen de una persecución penal en mi contra”, sostuvo. Además, cuestionó la imputación al afirmar que “me imputó por prevaricato, sosteniendo una insólita teoría de que al entrevistar a la joven y denunciar los hechos habría actuado como defensor simultáneo del condenado y de la víctima, perjudicando deliberadamente los intereses de la misma”.

El letrado adelantó que su defensa “formulará un contundente descargo de oposición a la apertura de la investigación, solicitando su sobreseimiento por atipicidad manifiesta de la conducta”. También remarcó que “nunca acepté ser abogado del condenado. La doctrina penal es clara en que el delito de prevaricato exige una relación profesional vigente. Yo presenté un escrito expreso declinando la aceptación del cargo, por lo que nunca asumí defensa técnica alguna”.

Por último, aseguró que no asesoró a la víctima y que su intervención se limitó a escucharla y denunciar lo que consideró irregularidades. “Estoy imputado por traición cuando no traicioné a nadie”, afirmó, mientras la Justicia deberá definir si su actuación constituyó un delito o si, como sostiene, actuó dentro de sus deberes profesionales.