Tapia quiso ir a un acto en Venezuela y el tribunal le dijo que no, por dudas en las invitaciones

Lo investigan por una presunta evasión de $19.000 millones en la AFA y la Justicia volvió a frenar una salida del país. Los jueces hablaron de invitaciones dudosas y del contexto político venezolano.

La agenda internacional del fútbol suele moverse con invitaciones, vuelos y ceremonias, pero en este caso chocó con un expediente penal y con el control de un tribunal. Claudio “Chiqui” Tapia buscó sumar un nuevo destino al exterior y la respuesta judicial volvió a ser un no. El trasfondo no fue deportivo: el dirigente está bajo investigación por la presunta evasión de $19.000 millones en la AFA.

El viaje que quedó bloqueado tenía una formalidad atractiva para la dirigencia regional. Tapia recibió una invitación para participar del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol, en el marco del inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. El plan, según la presentación, incluía presencia institucional como representante del organismo sudamericano.

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El problema para su defensa no fue solo pedir permiso, sino encajar el pedido en límites ya fijados por los jueces. El tribunal ya le había autorizado una salida previa, con destino a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), entre el 23 y el 28 de febrero. Esa autorización, según la resolución citada, tenía destinos e itinerario concretos, y cualquier cambio posterior quedaba bajo nueva revisión.

Con esa ventana ya otorgada, la defensa comunicó un giro: Tapia habría sido designado por el presidente de la CONMEBOL para representar al organismo en un acto en Venezuela. La idea implicaba modificar el itinerario para trasladarse desde Río de Janeiro a Caracas, es decir, sumar un país y un trayecto no contemplados. Para los jueces, ese movimiento excedía lo permitido porque “no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado mediante la resolución”.

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Después llegó un segundo intento, con un dato que buscó despejar el conflicto de fechas. La defensa pidió autorización para viajar entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, y explicó que el acto se reprogramó para los días 1 y 2 de marzo. También aportó un itinerario de vuelo, una nota que informaba el cambio y sostuvo que Tapia regresó al país el 27 de febrero, con la intención de mostrar cumplimiento.

El Ministerio Público Fiscal, según el texto, evaluó que el tribunal podía conceder la autorización bajo caución. Sin embargo, el dictamen no definió el caso, porque los magistrados encontraron un punto flaco que cambió la lectura del pedido. En el expediente quedaron bajo la lupa las invitaciones mismas y su consistencia formal.

El fallo citó que existieron “dos notas de invitación para el mismo evento”, pero con fechas distintas consignadas en cada una. Para el tribunal, ese detalle no fue menor, porque “torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(...)”. En otras palabras, la Justicia no solo miró el riesgo procesal del imputado, también miró la solidez del motivo del viaje.

A ese argumento documental se sumó otro que excede a Tapia y toca el contexto del destino elegido. Los jueces mencionaron “la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar” y recordaron que incluye denuncias sobre detenciones arbitrarias, incluso con ciudadanos argentinos mencionados. Esa referencia introdujo un riesgo adicional: no solo el traslado, también la posibilidad de complicaciones para garantizar el regreso o la sujeción al proceso.

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En el mismo razonamiento, el tribunal añadió una preocupación vinculada a la cooperación estatal. Según la resolución, las relaciones diplomáticas se encuentran en un estado tal “que tampoco existe garantía alguna” de que, si hiciera falta cursar requerimientos para asegurar la presencia del peticionante en el proceso, esos pedidos fueran atendidos. Con esa frase, los jueces dejaron asentado que el control judicial no se limita al pasaporte, sino a la posibilidad real de ejecutar decisiones si el expediente lo requiere.

La decisión, así, no se leyó como un castigo anticipado, sino como una línea de control en una causa abierta por una cifra millonaria. Tapia seguirá sujeto a las condiciones del proceso mientras avanza la investigación por la presunta evasión en la AFA. Y, por ahora, su agenda internacional queda atada a lo que el tribunal considere verificable, razonable y ejecutable.