Once causas, una tobillera rota y otra que no llega: la espera que define a Jaramillo

La Justicia de Rawson le sumó una nueva imputación por robo y dispuso arresto domiciliario apenas exista tobillera. La Fiscalía insistió con el riesgo de fuga.

La novedad surgió de un parte del Ministerio Público Fiscal del Chubut, publicado este martes 3 de marzo de 2026, y dejó una foto incómoda para el sistema de control: Santiago Jaramillo acumula once imputaciones por delitos contra la propiedad y, aun así, su situación inmediata depende de un dispositivo que todavía no está disponible. En una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la Fiscalía sumó un nuevo hecho y la jueza de garantías Eve Ponce habilitó la apertura de investigación por ese episodio. La resolución incluyó un punto central: cuando exista tobillera electrónica, la prisión preventiva seguirá en modalidad domiciliaria.

El eje de la discusión no pasó solo por el conteo de imputaciones, sino por la forma en que el expediente expone los límites prácticos del control. La Fiscalía pidió sostener la prisión preventiva y planteó que subsisten riesgos procesales, en especial el de fuga, en un contexto donde el imputado ya mostró resistencia a las medidas. Ese antecedente quedó en el centro del análisis: Jaramillo “anteriormente ya rompió una tobillera electrónica”, señaló la acusación, y ese dato terminó pesando en la decisión judicial.

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El nuevo hecho que incorporó la Fiscalía se ubica en una franja horaria y en una escena cotidiana: la noche entre el 12 y el 13 de julio del año pasado, en la zona céntrica de Rawson, cuando el dueño de un departamento salió a cenar con sus padres. Según la investigación de la Policía y la Fiscalía, el acusado ingresó tras dañar una ventana y se llevó objetos de valor y dinero en efectivo. En el listado figuran una bicicleta rodado 29 color naranja, una PlayStation con dos joysticks, $200.000, una pulidora azul con negro y un taladro con el cable cortado, además del dato de recuperación posterior de la bicicleta.

La imputación formal por ese episodio se encuadró como robo en calidad de autor, con referencia a los artículos 164 y 45 del Código Penal. Para la Fiscalía, la gravedad y la repetición de hechos justifican mantener la cautelar más estricta, aun con el giro hacia el domicilio. Esa postura se apoyó en el doble argumento que suelen cruzarse en este tipo de audiencias: la necesidad de asegurar el proceso y la dificultad de sostener controles efectivos cuando el propio sistema admite que la medida depende de una herramienta que falta.

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En la audiencia, la acusación quedó a cargo de la abogada de fiscalía Gimena Marote y la defensa fue asumida por el abogado Pablo Sánchez. La discusión incluyó el modo en que se ejecutará el arresto domiciliario, ya que la falta de tobillera no dejó vacío el esquema de control. El parte oficial indicó que la modalidad se complementará con rondines policiales sorpresivos en el domicilio fijado, una rutina que busca cubrir el bache tecnológico mientras se espera el dispositivo.

La jueza Eve Ponce escuchó a las partes y resolvió que Jaramillo continúe con prisión preventiva bajo arresto domiciliario apenas se cuente con tobillera, por el plazo que dure la investigación. En su fundamentación, sostuvo que se trata de hechos consumados y que siguen vigentes los riesgos procesales mencionados por la Fiscalía. En términos prácticos, la medida coloca a la causa en una suerte de transición: el imputado no recupera libertad, pero el cumplimiento inmediato queda atado al momento en que aparezca el recurso electrónico.

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El expediente también deja una lectura sobre cómo se articulan, en Rawson, las respuestas judiciales ante una seguidilla de delitos contra la propiedad. No se trata solo de una causa puntual, sino de un acumulado que ya sumaba diez imputaciones anteriores y que ahora trepó a once con la apertura de investigación por el nuevo robo. Ese volumen, sumado al antecedente de la tobillera rota, empuja a la Justicia a sostener cautelares fuertes, aunque la implementación se vuelva un rompecabezas operativo.

En esa tensión aparece la pregunta que sobrevuela la audiencia sin necesidad de formularse: qué tan consistente resulta una medida que, para funcionar, depende de un dispositivo que no está disponible. La Fiscalía tomó esa fragilidad como argumento a favor de endurecer el esquema y no aflojar el control, mientras la jueza optó por un punto intermedio condicionado. Entre rondines sorpresivos, antecedentes de incumplimiento y once imputaciones, el caso quedó estacionado en una espera que, de nuevo, no depende del expediente sino de la logística.

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Lo inmediato, por ahora, es un calendario abierto: la investigación sigue su curso y la cautelar se mantiene, con el arresto domiciliario listo para activarse cuando la tobillera llegue. En paralelo, el hecho que motivó la nueva imputación suma detalles materiales y una recuperación parcial, como la bicicleta, que también integra la reconstrucción del episodio. Con ese cuadro, la causa queda marcada por un dato que excede lo judicial: la disponibilidad real de los mecanismos de control y su impacto directo en cómo se cumplen las decisiones.