Un informe volvió a mostrar que las mujeres cobran bastante menos, cargan con más trabajo no pago y quedan más expuestas a la pobreza en un escenario de fuerte recorte estatal.
La desigualdad económica entre mujeres y varones volvió a quedar expuesta con números que no solo muestran una brecha persistente, sino también un deterioro en áreas donde antes existían herramientas públicas para amortiguarla. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundido en la antesala de un nuevo 8 de marzo señaló que los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29% más altos que los de las mujeres, una diferencia que incluso se amplía al 40% cuando se observan los salarios informales. Lejos de tratarse de una distancia aislada, el trabajo la conecta con un cuadro más amplio de menor participación en el mercado laboral, mayor informalidad y mayor peso femenino entre los sectores de menores ingresos.
El primer dato que ayuda a entender esa trama aparece en la tasa de actividad. Según el informe, la participación de las mujeres en el mercado laboral llega al 52,6%, mientras que en los varones alcanza el 70,1%, lo que deja una brecha de 17,5 puntos porcentuales. Esa diferencia no solo expresa menos acceso al empleo, sino también un sistema donde buena parte del tiempo femenino queda absorbido por tareas que no se pagan y que, sin embargo, sostienen la vida cotidiana de millones de hogares.
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Cuando esa menor participación logra transformarse en trabajo, la desigualdad tampoco desaparece. La tasa de desocupación entre las mujeres se ubica en 7,4%, contra 5,9% en los varones, mientras que la informalidad también golpea con más fuerza del lado femenino: 38% frente a 35,5%. El resultado es un mercado laboral donde las mujeres no solo ingresan menos, sino que además lo hacen en peores condiciones, con menos estabilidad, peores ingresos y más fragilidad frente a cualquier crisis.
Ese recorrido desemboca en una consecuencia concreta: la pobreza tiene rostro marcadamente femenino. El informe sostiene que las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, una participación que además creció respecto del 61,4% registrado el año anterior. A medida que se sube en la escala de ingresos, esa presencia cae de manera inversa hasta reducirse al 37% en el decil más alto. Esa fotografía permite hablar, otra vez, de una feminización de la pobreza como rasgo estructural, no como una anomalía pasajera.
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La contracara de esa escena también aparece con claridad en los sectores de mayores ingresos. Allí, el 63% está compuesto por varones, una concentración que CEPA define como una masculinización de la riqueza. Esa desigualdad no se expresa solo en los salarios mensuales, sino también en la acumulación patrimonial. Las mujeres son apenas el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Impuesto a las Ganancias, lo que muestra hasta qué punto también están subrepresentadas entre quienes concentran patrimonio e ingresos altos.
Uno de los motores silenciosos de esa desigualdad sigue estando adentro de las casas. El informe remarca que las mujeres destinan tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, una sobrecarga que condiciona su inserción laboral, su disponibilidad horaria y sus posibilidades de crecimiento económico. No se trata solo de una cuestión cultural o privada: esa distribución desigual del tiempo funciona como una estructura que empuja a muchas mujeres hacia empleos más precarios, menos horas pagas o directamente fuera del mercado de trabajo.
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También pesa la composición del empleo femenino. Los sectores más feminizados son, según el informe, los de menores ingresos, y el caso extremo es el del trabajo doméstico, donde la participación de mujeres llega al 98,8%. Allí, además, se registró entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 una pérdida de 22.436 puestos de trabajo, junto con una caída del 35,2% del salario real. Es decir, uno de los sectores más asociados al empleo femenino combinó destrucción de puestos con deterioro salarial, en un contexto ya marcado por la informalidad y la baja cobertura.
El documento también pone la lupa sobre el efecto del Presupuesto 2026 y sostiene que el Gobierno nacional consolidó allí el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. CEPA afirma que 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron recortes o fueron directamente eliminados. En materia de ingresos, menciona ajustes en la Moratoria Previsional con una caída de 41,71%, en la Prestación Alimentar con 17,26% menos y en las Pensiones para Madres de siete o más hijos con una reducción de 0,83%. En esa misma línea, marca que el único programa con crecimiento real es la AUH, con 74,64%, a la que interpreta como una herramienta de contención social dentro de un ajuste general.
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En el terreno laboral, el informe describe un retiro casi total de los principales programas pensados para achicar desigualdades. Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven aparecen como políticas virtualmente eliminadas hacia 2026. En el campo de las violencias, el ajuste que CEPA calcula para los programas de protección a víctimas llega al 86,5% respecto de 2023, mientras que la cantidad de personas asistidas por la Línea 144 cayó 90% en 2025 frente a 2023, con una meta proyectada para 2026 79,1% inferior a la de aquel año. En salud, la Educación Sexual Integral muestra una caída del 98% y queda sin crédito para 2026, mientras que el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable sufre un ajuste de 20,9%.
La situación previsional ocupa otro tramo fuerte del informe, sobre todo por su impacto diferencial sobre las mujeres. CEPA advierte que el veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria, quedando relegadas a la PUAM, que paga el 80% de la mínima y exige esperar hasta los 65 años, cinco más que la edad jubilatoria femenina. A eso suma que la jubilación mínima con bono, al primer trimestre de 2025, quedó 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre-noviembre de 2023, en un universo donde las mujeres aparecen sobrerrepresentadas entre quienes perciben haberes mínimos.
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En el cierre, el informe también vincula la reforma laboral aprobada en febrero con nuevos riesgos sobre la vida laboral de las mujeres. Menciona, entre otros puntos, la eliminación de la posibilidad de reclamar la nulidad del despido por embarazo con reincorporación, la implementación de mecanismos como el banco de horas, que introduce más incertidumbre sobre jornadas y descansos, y la derogación de la ley de teletrabajo que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Sumado al debilitamiento de la negociación colectiva y al peso que ya tienen las tareas no remuneradas sobre la vida cotidiana, el cuadro que deja CEPA es el de una desigualdad que no solo persiste: también encuentra menos herramientas públicas para ser enfrentada.
Fuente: NA.
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