La decisión de Río Negro para crecer: ceder ingresos con cuentas ajustadas y confiar en más empleo y movimiento económico

La provincia lanzó un esquema de beneficios para yacimientos maduros mientras apuesta todo al oleoducto y a la exportación de crudo desde Punta Colorada, con la mira puesta en cuidar empleo y producción en el interior.

En silencio, lejos de los actos con cascos blancos y caños recién bajados del camión, Río Negro movió una ficha clave para el futuro de su mapa petrolero. En febrero de 2026 entró en vigencia el Programa Provincial de Incentivos a la Producción Convencional, creado por el Decreto 136/26, que baja la presión fiscal sobre el petróleo “viejo” para que la foto del nuevo corredor energético al Atlántico no se sostenga sobre campos apagados. La lógica que recorre el texto oficial es simple: el oleoducto a la costa puede lucir moderno, pero si los yacimientos maduros se vacían, la provincia se queda sin base propia que alimentar esa infraestructura.

El plan está pensado para una geografía que no suele aparecer en los anuncios de grandes inversiones. Son las áreas convencionales del Alto Valle, el norte y el Valle Medio, donde los pozos acumulan décadas de producción y las curvas declinan año tras año. Allí la ecuación económica se volvió cada vez más fina: costos altos, regalías plenas y un precio del barril que no siempre acompaña. El programa provincial entra justamente en ese punto, cuando las operadoras miran la planilla y deciden si vale la pena seguir sacando petróleo de esos reservorios o concentrarse en otros negocios.

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El Decreto 136/26 no promete milagros, pero sí cambia las reglas para la producción incremental, es decir, para el volumen extra que se consiga gracias a nuevas inversiones. En vez de cobrar la regalía habitual sobre todo lo que sale del yacimiento, la provincia ofrece una alícuota reducida al 6% sobre esa porción adicional, durante un plazo de diez años. A eso se suma la posibilidad de eximir el aporte complementario del 3% que se aplica sobre el volumen base, siempre que el incremento esté asociado a un plan técnico concreto. Es una renuncia deliberada a parte de la recaudación inmediata para tentar a las empresas a meter más capital en campos que, de otro modo, quedarían en declive silencioso.

El punto de partida es una pieza técnica que puede parecer abstracta pero define quién se beneficia y quién no: la “curva de producción básica”. Cada operadora que quiera entrar al régimen debe presentar un modelo que indique cuánto produciría el área si siguiera con la inversión mínima, sin cambios ni campañas adicionales. Esa curva se audita y queda fijada como línea de base. Solo lo que se logre por encima de ese nivel, gracias a workovers, reparaciones, nuevas perforaciones o proyectos de recuperación secundaria y terciaria, accede a la regalía del 6%. El objetivo es claro: que el incentivo premie inversión real y no un simple rebote coyuntural de los volúmenes o de los precios.

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Detrás de esa arquitectura fiscal hay un problema de empleo que preocupa a los intendentes petroleros y al propio gobierno provincial. La producción convencional sostiene un entramado de pymes de servicios que no siempre tiene lugar en el mundo del shale: empresas de transporte, montajes, electricidad, mantenimiento, catering, metalmecánica, laboratorios. Cuando un operador decide “bajar actividad” en un área madura, los primeros en sentir el impacto no son los barcos que algún día cargarán en Punta Colorada, sino esas cuadrillas que se quedan sin órdenes de trabajo. El programa intenta cortar esa cadena con una señal concreta: si la empresa vuelve al campo con más equipos y más horas de torre, el Estado resigna parte de su tajada.

La apuesta se conecta de lleno con la estrategia del corredor al Atlántico, que promete llevar el crudo de la cuenca neuquina y de la producción rionegrina hasta la terminal en el golfo San Matías. En los discursos suele aparecer el oleoducto nuevo, los tanques gigantes y los futuros barcos cargando petróleo rumbo a otros continentes. El decreto introduce un matiz: ese futuro exportador, sostiene el gobierno, no puede construirse sobre una provincia que solo presta su costa. Por eso el mensaje hacia las operadoras es doble: por un lado, se les ofrece la salida marítima para el crudo; por el otro, se les pide que no abandonen los yacimientos maduros que todavía pueden aportar barriles.

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En la práctica, el programa busca acelerar una lista de trabajos que los técnicos conocen de memoria y que muchas veces quedan postergados por razones de costo. Reactivar pozos cerrados, hacer campañas de reacondicionamiento en pozos con alta carga de agua o arena, mejorar instalaciones de superficie para reducir pérdidas y tiempos muertos, incorporar tecnologías de recuperación terciaria donde tenga sentido. Cada intervención suma poco en términos individuales, pero multiplicada por decenas de pozos puede representar un volumen incremental que justifique la rebaja de regalías y, al mismo tiempo, mantenga en movimiento la rueda de los servicios.

El esquema no está exento de tensiones. Desde el punto de vista fiscal, la provincia corre un riesgo: cede ingresos en un contexto de cuentas ajustadas y confía en que los mayores volúmenes, el empleo y el movimiento económico compensen esa pérdida. Si las inversiones prometidas no llegan o si la producción incremental se queda corta, el esfuerzo puede quedar mal pago. Del lado del control, la clave será que la “curva básica” no se convierta en una formalidad manipulable: si la línea de partida se dibuja demasiado baja, casi cualquier producción posterior podría presentarse como “incremental” y entrar al beneficio, desvirtuando el espíritu del programa.

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Más allá de los números finos, el decreto ordena un mensaje político que hasta ahora aparecía de manera implícita. Río Negro no quiere que su futuro energético se reduzca a ser una autopista para el crudo neuquino rumbo al mar. Al bajar la presión sobre los convencionales y atar esos beneficios a nuevas inversiones, intenta que el corredor al Atlántico tenga raíz en su propio territorio: que los pueblos del Alto Valle y el norte también puedan leer en el oleoducto y en la terminal de Punta Colorada una oportunidad, y no solo una postal lejana.

En ese equilibrio se juega buena parte de la promesa que rodea al nuevo mapa energético provincial. Por un lado, la ambición de convertirse en puerta de salida del petróleo patagónico y de subirse a la agenda global del GNL. Por el otro, la necesidad de que ese salto no se construya sobre campos abandonados y talleres cerrados en el interior. El Programa de Incentivos a la Producción Convencional intenta tender ese puente: menos carga fiscal a cambio de más actividad en pozos que parecían condenados al cierre, con la expectativa de que el corredor al Atlántico sea algo más que un caño lleno camino al mar.