La amnistía que prometía alivio todavía deja cientos de presos en Venezuela

Según el podcast Noticias de América, de Radio Francia Internacional, el proceso abierto por el Gobierno no cerró la crisis y sigue dejando a cientos de detenidos.

Según el podcast Noticias de América de Radio Francia Internacional, el proceso de amnistía que sigue en marcha en Venezuela no consiguió vaciar las cárceles ni desactivar las denuncias de persecución política. Aunque hubo excarcelaciones desde comienzos de enero, la organización Foro Penal sostiene que todavía hay 503 presos políticos en el país. Esa cifra vuelve a colocar el foco no sólo en la cantidad de personas que recuperaron la libertad, sino en el alcance real de una medida que varias ONG consideran insuficiente.

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El dato más fuerte del informe es justamente esa convivencia entre liberaciones y persistencia del problema. De acuerdo con el balance citado por RFI, entre los detenidos actuales hay 44 extranjeros o personas con doble nacionalidad, además de 452 hombres y 51 mujeres. El mismo registro distingue también entre 315 civiles y 188 militares, un reparto que muestra que la represión denunciada por las organizaciones no quedó limitada a un solo perfil de víctima ni a un único ámbito institucional.

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Al mismo tiempo, el reporte señala que desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026, se verificaron al menos 673 excarcelaciones de presos políticos. Esas liberaciones empezaron el 8 de enero y abarcan tanto a personas liberadas antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero. Dentro de ese total, al menos 166 casos aparecen directamente vinculados con la nueva norma, que según la fuente alcanzó a civiles, militares y también a ciudadanos extranjeros, entre ellos colombianos, chilenos y españoles.

Sin embargo, el problema no pasa sólo por cuántas personas salieron, sino por cómo funciona ese mecanismo. Diversas ONG vienen señalando que la ley no se aplica de manera automática, lo que deja amplios márgenes de discrecionalidad en manos de los tribunales. En esa línea, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, fue tajante al afirmar: “Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué”.

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Romero agregó en la entrevista con RFI que esa arbitrariedad no responde a excepciones aisladas, sino a una forma de actuar que se repite. “No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado”, sostuvo. La frase resume uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones de derechos humanos: la falta de criterios transparentes y previsibles para definir quién accede al beneficio y quién queda afuera.

El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES, aparece en el informe como una muestra concreta de ese funcionamiento desigual. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García, acusado de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres recuperaron la libertad condicional en febrero de 2026, después de más de cuatro años presos, pero el proceso judicial siguió abierto y bajo medidas cautelares, entre ellas presentaciones periódicas ante la Justicia.

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La situación de Tarazona no se resolvió completamente ni siquiera con la nueva ley. Según el reporte, un tribunal de Caracas rechazó su pedido de amnistía plena, es decir, el sobreseimiento total de la causa, bajo el argumento de que los cargos que enfrenta no están comprendidos en la norma sancionada en febrero. Ese rechazo refuerza la idea de que la ley no opera como una salida integral, sino como una herramienta parcial que en muchos casos sólo modifica el encierro sin cerrar el expediente judicial.

Para Alfredo Romero, el problema de fondo es todavía más profundo que la redacción misma de la norma. “Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame ‘amnistía’, no se va a lograr la liberación de todos ellos”, planteó. En ese sentido, remarcó además una contradicción central del oficialismo: “Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos”.

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El jurista también cuestionó el espíritu mismo con el que se diseñó la medida. “Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla”, afirmó, al sostener que el Gobierno mantiene la lógica de considerar a los liberados como personas ligadas a supuestos delitos y no como víctimas de persecución. Desde esa mirada, la amnistía no borra la marca política del proceso represivo, sino que la administra sin desmontarla.

Otras organizaciones fueron incluso más duras al describir el sentido de la ley. El informe de RFI recoge la postura de Justicia, Encuentro y Perdón, que definió el proceso como un “espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales”. Con más de 500 personas todavía privadas de libertad por motivos políticos, la discusión en Venezuela ya no gira solamente alrededor de cuántos salieron, sino de cuánto cambió realmente un sistema que, según las ONG, sigue operando con las mismas bases.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional