Lo que la Justicia podrá hacer ahora cuando el delito ocurre detrás de una pantalla

Con una nueva ley ya en vigencia, la investigación penal suma recursos para seguir huellas digitales, preservar pruebas y actuar en escenarios que hasta ahora quedaban en zona gris.

En buena parte de las causas complejas, la escena del delito ya no está en una calle, en una oficina o en una casa. Está en un teléfono, en una computadora, en una cuenta de mensajería o en una plataforma que guarda movimientos, contactos y conversaciones. Frente a ese cambio, la entrada en vigencia de la Ley XV N° 43 abre una etapa distinta para la investigación penal en Chubut.

La norma incorpora reglas específicas para trabajar con evidencia digital y le da a la Justicia un marco más claro para actuar cuando los delitos dejan rastros tecnológicos. Eso incluye desde la obtención y preservación de información hasta herramientas vinculadas con comunicaciones, dispositivos remotos e investigaciones encubiertas en entornos virtuales. En términos prácticos, busca reducir el margen de improvisación en expedientes donde una prueba puede desaparecer con un borrado, un cierre de sesión o un cambio de equipo.

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La fiscal de Puerto Madryn, Ivana Berazategui, puso el eje en esa transformación del delito y en la necesidad de que el sistema judicial no quede corriendo desde atrás. “El delito cambió y la Justicia tiene que estar a la altura. Hoy muchos delitos se cometen desde un celular o una computadora. Si la Justicia no tiene herramientas acordes a esa realidad, investigar se vuelve mucho más difícil”, sostuvo al explicar por qué se volvió necesario actualizar el marco legal.

El punto central no pasa solo por incorporar tecnología, sino por darle valor procesal a una clase de evidencia que cada vez pesa más en las causas. Mensajes, archivos, registros de acceso, movimientos en plataformas y datos almacenados en dispositivos pueden resultar determinantes para reconstruir hechos. Sin reglas claras, esa información corría el riesgo de quedar bajo discusión permanente, tanto por su obtención como por su uso en juicio.

Berazategui remarcó que esa zona incierta generaba problemas concretos en el trabajo diario de fiscales e investigadores. “Antes nos encontrábamos con situaciones donde había información relevante en dispositivos o plataformas digitales, pero sin reglas claras sobre cómo incorporarla como prueba. Esta ley viene a ordenar eso y a dar seguridad jurídica”, explicó. La definición no solo apunta a agilizar investigaciones, sino también a establecer límites y procedimientos para que la prueba digital tenga respaldo legal.

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La ley contempla herramientas que hasta hace poco aparecían de manera fragmentaria o dependían de interpretaciones judiciales caso por caso. Entre ellas figuran la preservación de evidencia digital, la intervención de comunicaciones, el acceso a dispositivos electrónicos remotos y la posibilidad de desplegar tareas encubiertas en espacios virtuales. Esa combinación busca responder a delitos que ya no se organizan únicamente en el mundo físico y que muchas veces se ejecutan, coordinan o encubren en línea.

El cambio, además, impacta en la lógica de investigación de causas complejas. Ya no alcanza con mirar el hecho consumado; también importa seguir la ruta digital que lo rodea, desde la preparación hasta la comunicación entre quienes intervienen. En ese terreno, cada minuto puede valer mucho, porque los datos son frágiles, se modifican rápido y exigen procedimientos precisos para no perder validez.

Para la Fiscalía, el nuevo esquema no resuelve todo por sí solo. La ley ofrece una base, pero su resultado dependerá de la capacidad real del sistema para usarla bien, sin errores técnicos y con personal preparado. Ahí aparece un desafío que excede la sanción de la norma y se mete de lleno en el funcionamiento cotidiano de la Justicia.

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Berazategui lo planteó sin rodeos al advertir que la aplicación efectiva necesita más que una herramienta legal. “No alcanza con la ley. También necesitamos capacitación, tecnología y trabajo especializado para poder aplicar estas herramientas de manera correcta”, señaló. La frase resume uno de los puntos más sensibles de esta etapa: la distancia que puede existir entre lo que la norma habilita y lo que las estructuras judiciales están en condiciones de hacer.

En ese contexto, la discusión deja de ser solamente jurídica y también pasa a ser operativa. Investigar delitos digitales o seguir evidencia tecnológica demanda equipos preparados, criterios uniformes y recursos que permitan actuar con rapidez. La nueva ley marca un cambio importante, pero su verdadero alcance empezará a medirse cuando esas herramientas entren en expedientes concretos y pongan a prueba la capacidad de respuesta del sistema penal.