Cuánto costaría la nafta sin impuestos: el dato que reabre la discusión

Cada vez que un automovilista se detiene en un surtidor, el precio que paga no responde solo al costo del petróleo o a la logística. Una parte central del valor final está definida por la carga impositiva, un factor que vuelve a instalar el debate sobre cuánto podría bajar la nafta si ese componente fuera menor.

Hoy, con un precio promedio cercano a los $2.000 por litro en el AMBA, los impuestos explican casi la mitad del valor. En términos concretos, unos $932 corresponden a tributos, lo que representa el 46,6% del precio final que abonan los consumidores.

Ese número permite dimensionar el impacto que tendría cualquier modificación en el esquema fiscal. Si se eliminaran esos impuestos, el litro de nafta podría ubicarse por debajo de los $1.100, una diferencia que modificaría de forma directa el costo del transporte y, en consecuencia, el de muchos bienes y servicios.

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El grueso de la carga impositiva proviene del Estado nacional. Cerca de $830 por litro corresponden a impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el tributo al dióxido de carbono y el IVA. Estos gravámenes concentran más del 40% del valor total.

A esa estructura se suman impuestos provinciales, que rondan los $60 por litro, y tasas municipales que agregan alrededor de $42. Si bien su incidencia es menor, también contribuyen a elevar el precio final en los surtidores.

Este esquema genera tensiones en distintos niveles. Por un lado, el combustible representa una fuente de recaudación estable para el Estado, ya que su consumo es difícil de reemplazar en el corto plazo. Por otro, el peso de los impuestos impacta en la competitividad de la economía.

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El encarecimiento del transporte se traslada a toda la cadena productiva. Desde los alimentos hasta los servicios, muchos precios incorporan ese costo logístico, lo que termina presionando sobre la inflación y el bolsillo de los consumidores.

Además, el efecto no es igual para todos. Los impuestos sobre los combustibles tienen un carácter regresivo, ya que afectan en mayor proporción a los sectores de menores ingresos, que destinan una parte más significativa de su presupuesto a movilidad o a productos que dependen del transporte.

La dinámica de actualización de estos tributos también influye en los precios. En varios momentos, los aumentos fueron postergados y luego aplicados de manera acumulada, generando saltos bruscos en el valor del combustible.

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En ese contexto, la discusión de fondo trasciende el precio en sí mismo. El eje pasa por cómo se compone ese valor y qué margen existe para modificarlo sin comprometer la recaudación estatal.

La pregunta sigue abierta: hasta qué punto es posible reducir la carga impositiva sin afectar los ingresos públicos, y cuánto podría aliviar eso a una economía donde el costo del combustible impacta en casi todas las actividades.