Cuestionan a South Mining por nueva licitación, mientras tiene deudas por obras anteriores: no hay "respeto a proveedores locales”

La licitación del acceso a Punta Colorada reabrió el reclamo contra South Mining: proveedores locales exigen pagos pendientes antes de otra adjudicación.

En Sierra Grande hay empresarios chicos que todavía arrastran facturas sin cobrar y, al mismo tiempo, ven cómo la misma firma cuestionada quedó primera en una nueva licitación sensible para la zona. Ese cruce entre deuda vieja y obra nueva es el que empujó la reacción de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio local frente al proceso abierto por el enripiado de la Ruta Provincial 9, el camino de acceso a Punta Colorada. La discusión ya no pasa solamente por quién presentó la mejor oferta, sino por el costo que puede tener para la economía de la ciudad volver a contratar a una empresa que dejó compromisos incumplidos.

La firma señalada es South Mining Services S.A., que quedó posicionada en primer lugar tras la apertura de sobres de esa licitación. Desde la Cámara remarcaron que el planteo no busca frenar la obra ni rechazar de antemano a ninguna empresa por una cuestión caprichosa, sino poner sobre la mesa antecedentes comerciales que consideran imposibles de ignorar. “Nosotros como Cámara no estamos en contra de ninguna manera”, aclaró en #LA17, Alejandro Villagra, aunque enseguida fijó el punto central del reclamo: “Sí, a favor del cumplimiento, la transparencia y el respeto de los proveedores locales”.

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La objeción tiene una base concreta en lo que dejó el paso anterior de esa contratista por la región. Según el contexto incluido en la fuente, South Mining Services fue una de las cuatro empresas principales vinculadas a la obra del consorcio VMOS, liderado por YPF, y su contrato fue rescindido en diciembre luego de un inicio conflictivo que había arrancado en septiembre. En ese lapso, la empresa acumuló una deuda de varios cientos de millones de pesos con proveedores locales, una carga que en una comunidad del tamaño de Sierra Grande golpea mucho más allá de los balances contables.

Villagra describió ese impacto con una imagen muy concreta: no fueron grandes grupos los que absorbieron el problema, sino comercios y prestadores chicos que habían confiado en una relación entre pares y terminaron absorbidos por el incumplimiento. “La empresa ha incumplido en sus obligaciones con varios de los proveedores”, dijo, y subrayó que muchos de los afectados son emprendimientos modestos para los que un atraso de pagos altera de forma directa la cadena de valor. En su lectura, el problema no se reduce al monto adeudado, porque aun cuando la cifra fuera menor, el golpe sobre negocios locales que vienen haciendo un esfuerzo para sostenerse igual resulta serio.

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La preocupación crece todavía más porque el contexto de Sierra Grande no es el de una ciudad consolidada que puede amortiguar cualquier sacudón sin consecuencias. La localidad atraviesa una etapa en la que muchas expectativas están puestas en las obras y en el movimiento económico asociado al proyecto VMOS, y por eso cada incumplimiento repercute sobre una trama comercial que intenta afirmarse y ganar escala. Villagra lo planteó desde esa tensión entre oportunidad y fragilidad: hay empresas que se radicaron, invirtieron, generaron trabajo y se acomodaron a las reglas locales, pero sienten que al momento de contratar no siempre son contempladas.

En ese punto apareció otro eje fuerte del reclamo: el cumplimiento del compre local. El dirigente recordó que en Río Negro rige el criterio del 80-20, aunque advirtió que su aplicación real queda a mitad de camino cuando las compañías grandes llegan con servicios ya contratados y paquetes cerrados desde afuera. La crítica no se dirigió solamente a South Mining, sino a una lógica más amplia que, según la Cámara, desnaturaliza el espíritu de esa normativa y vacía de contenido la promesa de que las grandes inversiones dejen un derrame efectivo en la región.

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La controversia además quedó montada sobre una necesidad material que nadie discute: la Ruta 9 está en malas condiciones y necesita intervención. Villagra sostuvo que tanto esa traza como la Ruta 5 muestran un deterioro fuerte y remarcó que, en el caso del acceso a Punta Colorada, la circulación permanente de camiones, colectivos, camionetas y vehículos pesados ligados a la obra volvió más visible el desgaste. A eso sumó otra alarma práctica: los vecinos de Playas Doradas también sufren el impacto, porque el movimiento de las empresas termina dañando caminos alternativos que forman parte de su uso cotidiano.

La Cámara reconoce que el consorcio VMOS tiene márgenes de acción limitados porque muchas de esas relaciones se encuadran en contratos entre privados. De acuerdo con Villagra, el consorcio elabora listados de proveedores habilitados y los pone a disposición de las empresas, pero después son esas contratistas las que deciden a quién convocar y a quién dejar afuera. Ahí es donde la entidad empresaria entiende que la responsabilidad política vuelve a entrar en escena, porque si una firma con antecedentes de incumplimiento vuelve a ser favorecida en otra licitación, ya no alcanza con decir que se trata solo de una decisión comercial privada.

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Por eso el foco del reclamo se desplazó hacia quienes ahora deben resolver. La propia fuente ubica en ese punto al municipio de Sierra Grande, al Gobierno de Río Negro y al consorcio VMOS, a quienes les atribuye la obligación de atender la demanda de la comunidad y garantizar que el avance de la obra no vuelva a construirse sobre deudas impagas. Villagra fue explícito al señalar que el gobierno provincial, como otorgante de la licitación, es quien debe evaluar si el antecedente comercial de la firma alcanza para habilitarle otra oportunidad en una obra tan sensible para la zona.