Condenan a otra implicada por la estafa de lotes que dejó a decenas de familias sin nada
Policiales17/04/2026
Sergio BustosLa causa por la venta irregular de terrenos en el Foro de la meseta sumó un nuevo capítulo judicial con impacto directo en decenas de familias. Una mujer fue declarada culpable por estafas reiteradas tras reconocer su participación en el esquema que durante años captó a personas interesadas en acceder a un lote propio.
La resolución fue adoptada por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Cristian Piana, quienes validaron un acuerdo entre la fiscalía, la defensa y la querella. La imputada, identificada por sus iniciales C.G., ocupaba un rol clave dentro de la cooperativa 14 de Octubre.
El fallo se enmarca en una investigación que ya había tenido una condena previa. En 2024, el entonces presidente de la cooperativa, Mario del Río, fue declarado culpable por su participación en la misma maniobra, lo que permitió avanzar ahora sobre otros actores involucrados.
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Según la acusación, ambos desarrollaron un sistema para captar compradores bajo la promesa de acceder a terrenos dentro del proyecto de urbanización. A lo largo de varios años, lograron convencer a 63 familias de que estaban pagando por lotes que en realidad nunca les serían adjudicados.
El perjuicio económico resulta significativo. De acuerdo con la investigación, el daño asciende a 455 millones de pesos y 13.450 dólares, una cifra que refleja la magnitud del fraude y el impacto directo sobre quienes buscaban una solución habitacional.
Los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022. Durante ese período, las víctimas realizaron distintos pagos creyendo que cumplían con los requisitos para acceder a los terrenos, hasta que con el tiempo advirtieron que no estaban correctamente inscriptas en el proyecto.
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La maniobra incluía la utilización de documentación con apariencia legal. Según se detalló en la causa, los imputados firmaban convenios que daban una sensación de formalidad, pero modificaban los datos bancarios para que el dinero terminara en cuentas de la cooperativa.
Ese mecanismo resultó clave para sostener el engaño. Las transferencias no se dirigían a la empresa desarrolladora encargada de ejecutar la infraestructura, sino a una cuenta distinta, lo que desvirtuaba completamente el destino de los fondos.
Durante la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad, aunque el tribunal dejó en claro que esa admisión no fue el único elemento considerado. “No podemos homologar el acuerdo sin suficiencia probatoria; además existe evidencia documental y los testimonios de las familias estafadas”, explicó el juez Lupica Cristo.
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El fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, también detalló el funcionamiento del esquema y confirmó que las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo alcanzado, en una instancia que busca avanzar hacia una resolución integral del caso.
Con la responsabilidad penal ya definida, el proceso seguirá con el juicio de cesura. En esa etapa se determinará la pena que deberá cumplir la condenada, lo que marcará el cierre de esta instancia judicial.
El expediente se mantiene como uno de los más relevantes en materia de estafas inmobiliarias en la provincia. No solo por la cantidad de damnificados, sino también por el volumen económico involucrado y el impacto social que generó.
En paralelo, la investigación dejó al descubierto irregularidades en otros puntos. En localidades como Centenario, los contratos firmados omitían condiciones clave vinculadas a acuerdos previos con el municipio, lo que terminó dejando a los compradores sin los terrenos y sin respuestas.
El avance de la causa vuelve a poner en primer plano los riesgos de este tipo de operatorias y la necesidad de controles más estrictos en proyectos vinculados al acceso a la tierra. Mientras tanto, para muchas de las familias afectadas, el proceso judicial sigue siendo el único camino para intentar recuperar lo perdido.
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