Telecom deberá entregar 6 millones de usuarios para quedarse con Telefónica

El Gobierno puso condiciones duras a la operación: clientes móviles, espectro e internet fija quedan en juego antes de aprobar la compra de Telefónica.

La compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom quedó atada a una condición de enorme impacto para el mercado: la empresa deberá desprenderse de 6 millones de usuarios móviles si pretende quedarse con la operación. La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia cambió el centro de gravedad del negocio, porque ya no alcanza con cerrar la adquisición entre compañías. El Gobierno exige una poda sobre clientes, infraestructura y espectro para evitar que un solo grupo concentre una porción dominante de las telecomunicaciones en el país.

La medida golpea directamente sobre la escala futura de Telecom, empresa del Grupo Clarín, que buscaba sumar Telefónica Móviles Argentina a su estructura. El análisis oficial concluyó que, sin condiciones, la operación podía dejar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones bajo un mismo grupo económico. Con las exigencias impuestas, esa participación quedaría en torno al 50%. La diferencia marca el sentido de la resolución: permitir la compra solo si el comprador resigna una parte sustancial del negocio que busca absorber.

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El desprendimiento más fuerte alcanza a la telefonía móvil, donde Telecom tendrá que ceder clientes junto con la infraestructura asociada. La transferencia deberá beneficiar a un nuevo competidor del sector y distribuirse entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur. Esa condición apunta a que la operación no se limite a un cambio de dueño sobre los usuarios, sino que también abra espacio material para otra empresa. El criterio oficial combina cantidad de clientes, capacidad técnica y presencia territorial.

La resolución también obliga a Telecom a garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión. Ese plazo busca sostener la continuidad del servicio mientras el competidor construye su propia red. La exigencia tiene un costado operativo sensible, porque la migración de millones de usuarios no puede recaer sobre una estructura improvisada. El Gobierno intenta que el remedio regulatorio no termine en cortes, deterioro del servicio o pérdida de alternativas reales para los consumidores.

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El otro punto pesado de la decisión pasa por el espectro radioeléctrico, un recurso esencial para prestar servicios móviles. Telecom deberá restituir 130 MHz en total, con una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional. Además, deberá realizar devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y permitir que el remanente pase al mercado secundario. Ese esquema busca que otras empresas accedan a capacidad técnica para competir, en lugar de quedar encerradas frente a una compañía con mayor cantidad de clientes y frecuencias.

La intervención no se limita al negocio móvil. En internet fija, Telecom tendrá que ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la empresa resultante supere el 50% de participación minorista. Ese punto resulta relevante para ciudades donde la oferta de conectividad depende de pocos prestadores y cualquier concentración modifica precios, calidad y opciones de contratación. La condición introduce una regla territorial: donde la compra deje una posición demasiado alta, la empresa deberá reducir su presencia para sostener competencia.

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El Tribunal de Defensa de la Competencia tomó la decisión sobre la base de un informe técnico del ENACOM, que evaluó el impacto de la adquisición en el mercado. La Autoridad Nacional de la Competencia ubicó el caso dentro de una discusión más amplia sobre posiciones dominantes, opciones para usuarios y acceso de nuevos jugadores. La compra, por lo tanto, no queda anulada de entrada, pero tampoco queda liberada. Su viabilidad depende de que Telecom cumpla cada una de las condiciones estructurales y conductuales fijadas.

La resolución mueve varias piezas al mismo tiempo. Por un lado, obliga a Telecom a resignar parte de los beneficios económicos y comerciales de quedarse con Telefónica. Por otro, intenta construir condiciones para que otro operador entre al mercado con clientes, infraestructura y acceso técnico durante la transición. Esa combinación muestra que el Gobierno no solo mira el tamaño final del comprador, sino también la posibilidad concreta de que exista competencia después de la operación. Sin esa salida, la concentración quedaría prácticamente intacta.

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Para los usuarios, el punto sensible será cómo se ejecuta la cesión de clientes y qué empresa recibirá esa cartera. La información oficial no precisa todavía el nombre del nuevo competidor ni el cronograma operativo completo. Tampoco detalla cómo se comunicará cada transferencia ni qué condiciones comerciales conservarán los usuarios migrados. Esos datos serán decisivos porque una operación de esta magnitud puede cambiar proveedor, infraestructura de soporte y relación comercial para millones de líneas móviles en distintas regiones del país.

La compra de Telefónica por Telecom queda así en un terreno condicionado, con una aprobación posible pero subordinada a una desinversión de gran escala. La decisión oficial coloca al Grupo Clarín ante una definición económica fuerte: avanzar solo si acepta perder millones de clientes, devolver espectro y abrir infraestructura a un tercero. El expediente seguirá atado al cumplimiento de esas exigencias, y la operación no tendrá cierre real mientras no se implemente el paquete completo de medidas.

Fuente: NA.