CASO CORREA: SE CONSTITUYERON LAS QUERELLAS

Tres diputados provinciales del PJ-FPV, Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y una ONG pidieron su incorporación al expediente que investiga una asociación ilícita.

El juez de garantías Sergio Piñeda convalidó que en el la investigación de la causa “Embrujo” se presenten como querellantes representantes de la Fiscalía de Estado, de la Oficina Antocorrupción, los diputados que realizaron la denuncia y la ONG Iniciativa Ciudadana.

Por el momento todos los querellantes lo hacen en carácter de “adhesivos”, es decir que acompañan en su totalidad la investigación que están llevando adelante los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.

El cuestionamiento que uno de los defensores había realizado para la rechazar la condición de querellante de la ONG Iniciativa ciudadana, fue rechazada por Piñeda. El defensor Fabián Gabalachis había argumentado que Iniciativa Ciudadana se creó con posterioridad a los hechos investigados destacando que la mencionada organización “fue una consecuencia de los hechos investigados”.

Piñeda fue contundente al responderle en su resolución que el Código Procesal Penal del Chubut nada dice que el querellante debe reunir requisitos puntuales respecto de la fecha de creación o de su antigüedad. “Nos estamos presentando como ciudadanos preocupados por la corrupción. Nuestra actuación no por política deja de ser jurídica porque claramente nuestra Constitución es política con efectos jurídicos”, destacó el abogado Pablo Hualpa uno de los integrantes de la ONG con representación en la zona. La misma es integrada además por el jurista Alberto Binder, creador del Código Procesal Penal que rige en el Chubut.

En su resolución, el juez Piñeda destacó que el carácter de “adhesivo o autónomo” de cada uno de los querellantes, “puede ir mutando con el tiempo y el transcurrir de la investigación. Si se da esa circunstancia, deberé resolver en el momento, porque en este momento no sirve de nada hacer futurología”.

Respecto de la participación de los diputados provinciales que realizaron la denuncia y los posibles intereses políticos en la investigación, Piñeda dijo que “esta es una investigación netamente jurídica más allá de las consecuencias políticas.Solo haré valer la aplicación del Código Procesal Penal y los derechos que tienen no solo las víctimas sino también los imputados. Esta es una causa penal muy importante y grave, por la gran cantidad de delitos que se investigan y la gran cantidad de documentación que se tiene como pruebas. A todo este proceso y las respectivas pruebas podrán acceder todas las partes”, indicó.

Durante la audiencia estuvieron presentes los siete imputados en la causa: Diego Correa, Natalia Mc Leod, Diego Luters, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y Federico Gatica . Este último está imputado del delito de lavado de activos. Los restantes por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la administración pública, Correa en carácter de jefe y las cinco personas restantes como partícipes necesarios.