OTROS 3.000 MILLONES DE DOLARES POR YPF?

El fondo buitre Burford nos reclama una deuda de otros 3.000 millones de dólares por la recompra de la petrolera YPF. El fondo Burford, que ya ganó en primera y segunda instancia, posiblemente tendrá la ratificación definitiva de su posición este 4 de enero próximo.

En pocos días se definirá la causa que el fondo buitre Burford le hace al país por la manera en que el gobierno de Cristina de Kirchner recompró YPF. Será el viernes 4 de enero cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tome una decisión.

El máximo tribunal norteamericano deberá resolver si acepta o rechaza un pedido extraordinario realizado por los abogados que representan al país, y que buscan que el caso sea tratado en los tribunales de la Argentina. El fondo Burford, que ya ganó en primer y segunda instancia, buscará que la Corte rechace el pedido de la Argentina y deje firme los dos fallos anteriores, favorables a su posición.


De la decisión que tome el tribunal dependerá si el gobierno de Mauricio Macri deberá empezar a buscar la forma de conseguir unos 3.000 millones de dólares para pagar la deuda que reclama el fondo demandante.

El fondo buitre Burford Capital, compró los derechos para litigar a las compañías originales del Grupo Petersen. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la compra del 2012.

Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún no se sabe quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas especulaciones hablan de vinculaciones políticas locales.

El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado del fallecido Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que ayer comenzó a expedirse.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarles el país.

El 19 de junio Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones. En esa operación, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

El motivo para que exista esa diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la petición, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford lleva adelante el juicio por un porcentaje que no superaría el 25%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si el fallo es positivo, unos u$s2.250 millones. Nadie, salvo Burford, sabe quién o quiénes son los desconocidos inversionistas. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona argentina o extranjera. Puede ser un actual accionista de la empresa. O incluso un político o un grupo de políticos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Fue el caso de Petersen, que luego de la compra del 51% de las acciones de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

Luego del 4 de enero del 2019 nos enteraremos quién (o quiénes) serán los acreedores de todos los argentinos que, nuevamente, deberemos pagar por una nacionalización que ni siquiera fue completa, ya que el 49% de las acciones de YPF siguen en manos privadas.

Fuente: Carlos Burgueño – ámbito.com