La Corte Suprema de la Nación, ha emitido un rechazo a intervenir en una acción de amparo ambiental que exigía poner fin a la pesca ilegal y depredadora realizada por flotas extranjeras en aguas territoriales. A pesar de ser un país con una de las áreas pesqueras más importantes del mundo y numerosas leyes para su protección, la pesca ilegal en aguas argentinas ha alcanzado niveles alarmantes en la última década. Cerca de 300 buques extranjeros se llevan anualmente entre 500 mil y un millón de toneladas de diversas especies marinas, lo que resulta en pérdidas económicas de más de mil millones de dólares al año, daños ambientales significativos y una amenaza a la soberanía nacional.

La demanda presentada por un especialista en derecho internacional público, en calidad de ciudadano argentino, buscaba que la Corte Suprema tomara medidas para detener esta actividad depredadora y proteger el ecosistema marino. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema señala que solo el Estado Nacional tiene el poder de frenar esta captura masiva e ilegal de recursos marinos.

La demora de dos años y medio en emitir el fallo y la falta de medidas cautelares para proteger el ambiente han generado críticas en la sociedad. Pablo Ferrara, quien presentó la demanda junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, calificó el fallo como "profundamente incoherente" y señaló que podría interpretarse como un permiso tácito para la depredación marina.

Milla 201

La pesca ilegal en la milla 201, que se extiende hasta 370 kilómetros desde la costa, no solo representa una amenaza económica, sino también ambiental. El calamar, en particular, juega un papel crucial en la cadena alimentaria marina, y su sobreexplotación podría desencadenar desequilibrios ecológicos significativos.

La Corte Suprema, al considerar que el Estado Nacional es el único con autoridad para frenar esta actividad, ha sido acusada de separar al Estado de sus ciudadanos y, en última instancia, privar a los afectados de acceso a la justicia. Los críticos argumentan que, dado que el ecosistema marino no respeta fronteras, la protección efectiva del ambiente no debería quedar únicamente en manos del gobierno, sino que el Poder Judicial debe garantizarlo como parte integral de su función de tutela.

A medida que la pesca ilegal y depredadora continúa amenazando los ecosistemas marinos y la soberanía nacional de Argentina, el debate sobre el papel del sistema judicial en la defensa del ambiente y los derechos ciudadanos sigue siendo crucial.