Argentina oculta los datos de su pesca y queda última en transparencia en toda la región

Actualidad27/06/2025Sergio BustosSergio Bustos
barcos pesqueros
La pesca aprovecha la "opacidad".

Argentina está última en el ranking regional de transparencia pesquera. El informe lo elaboraron las organizaciones Sin Azul No Hay Verde y Círculo de Políticas Ambientales. La conclusión es directa: nadie sabe quién pesca, cuánto extrae ni qué permiso tiene.

Mientras otros países publican registros digitales con datos básicos —barcos, licencias, cuotas— la Argentina esconde toda la información. El Estado la recopila, pero no la difunde. Ni la ciudadanía, ni la prensa, ni las comunidades costeras pueden consultarla.

“No es un problema técnico, es político”, explicó Juan Coustet, investigador de Sin Azul No Hay Verde. Dijo que los datos existen, pero la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura los mantiene cerrados, sin acceso ni rendición de cuentas.

La opacidad alimenta la pesca ilegal. También impide controlar la sobreexplotación, los fraudes y la distribución del recurso. La falta de trazabilidad convierte al mar argentino en un negocio sin reglas ni balances.

La Auditoría General de la Nación ya advirtió sobre barcos sin permiso, controles flojos, capturas sin verificación y balanzas en manos privadas. La fiscalización, cuando existe, queda en manos de quienes más ganan con el sistema.


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La flota está concentrada. Desde los años 90, empresas chinas, españolas y coreanas se quedaron con permisos y barcos. Muchas operan también fuera de las 200 millas, sin control argentino.

El 90 % del pescado se exporta. El consumo interno es de apenas 5 kilos por persona al año. Aun así, el Estado no garantiza sostenibilidad ni reparte los beneficios. Todo queda entre pocos.

Los datos científicos tampoco se publican. Informes provinciales y nacionales sobre especies y ecosistemas duermen en cajones. No están actualizados, ni disponibles para la prensa, ni para la ciudadanía.

“La pesca es un bien común que hoy funciona como un negocio privado sin reglas”, denuncian las organizaciones. El manejo del recurso está guiado por intereses sectoriales, no por la ciencia ni por decisiones públicas abiertas.

La información fragmentada y desactualizada impide planificar. No se sabe si el recurso se agota, ni si se cumple lo que dictan los estudios. Las políticas se deciden a ciegas.


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La campaña “Mar Abierto” exige un registro público y digital que incluya permisos, barcos, cuotas, zonas de operación y antecedentes. También piden la liberación de los datos científicos.

“El mar argentino no puede seguir funcionando como una caja negra”, advirtió Consuelo Bilbao. La investigadora insistió en que la transparencia no es un lujo, sino una condición básica para cuidar el recurso.

En otros países de la región, como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay, los registros ya son públicos, gratuitos y online. La tecnología no es un obstáculo. En Argentina, el freno es político.

Sin control ciudadano, no hay pesca justa. Los beneficios se concentran, las comunidades quedan afuera y la sostenibilidad desaparece. Lo que no se mide, no se cuida.

El país necesita una política pesquera democrática, transparente y sustentable. Pero para eso, hay que abrir los datos, poner límites reales y garantizar que la sociedad pueda participar.

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