

MILEI CONSIDERA INSPECCIONAR BASE CHINA EN NEUQUÉN
Ante crecientes interrogantes sobre el funcionamiento y cumplimiento del contrato, el gobierno evalúa una posible inspección técnica en la base China.
Actualidad03/04/2024


El gobierno de Javier Milei está considerando seriamente la posibilidad de llevar a cabo una inspección técnica en la base espacial china ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Esta decisión surge en un contexto marcado por la reciente visita de la generala Laura Richardson, titular del Comando Sur de Estados Unidos, y las preocupaciones expresadas por el embajador Marc Stanley.

Interrogantes sobre el contrato y funcionamiento
La construcción de la base espacial entre 2014 y 2017 ha suscitado diversas interrogantes sobre su funcionamiento y el cumplimiento del contrato entre China y Argentina. Este contrato otorga a China el uso de un predio de aproximadamente 200 hectáreas por un período de 50 años, con la condición de que el 10% de los recursos sean utilizados por Argentina.
La intención principal detrás de la posible inspección técnica sería verificar si se está respetando el acuerdo establecido y si los recursos están siendo utilizados conforme a lo acordado. Además, se especula sobre posibles actividades militares realizadas en secreto en la base, lo cual ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional, especialmente por parte de Estados Unidos.
Origen y funcionamiento de la base
La base espacial fue creada a partir de acuerdos entre la agencia espacial china CLTC, la CONAE, la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y China. Equipada con una antena de 35 metros de diámetro, la estación es utilizada para misiones de exploración del espacio profundo y forma parte de la red de estaciones de China.
Aunque se ha especulado sobre posibles objetivos militares de la base, se afirma que su uso dual para observación astronómica y seguimiento de satélites con fines militares está expresamente prohibido por una adenda al convenio original. Expertos señalan que esta restricción ya estaba contemplada en el contrato original firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.








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