Casación aceptó el recurso de la Procuraduría de Investigaciones y revisará la falta de mérito dictada a Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
El Gobierno anunció que los subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se asignarán en función de la demanda de pasajeros, con el objetivo de optimizar el uso de los fondos. La medida fue oficializada a través de la Resolución 45/2024 en el Boletín Oficial.
A partir de ahora, los subsidios no se otorgarán en base a la oferta de los servicios, sino según la cantidad de pasajeros efectivamente transportados, generando un cambio en el esquema de distribución.
La Secretaría de Transporte aprobó además una nueva metodología de construcción de tarifas teóricas de referencia, aplicada a servicios de jurisdicción nacional en áreas urbanas y suburbanas del AMBA.
Esta modificación sigue las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación de 2017, que sugirió redireccionar los subsidios hacia la demanda para aumentar la eficiencia del sistema y minimizar los gastos sin respaldo en pasajeros.
El sistema SUBE tendrá un rol principal en la actualización de los cálculos de los subsidios, que ahora incluirán datos de kilómetros recorridos y ajustes estacionales para cada mes.
El Gobierno aclaró que los operadores deberán demostrar un crecimiento real de la demanda en los kilómetros recorridos. En caso de no cumplir con esta condición, los kilómetros adicionales se considerarán “ineficientes” y no serán contabilizados.
Las tarifas compensadas incluyen el Boleto Integrado, el Atributo Social y los Boletos Escolar y Estudiantil. Se mantendrán beneficios como el descuento por viaje integrado para estos grupos.
El nuevo esquema también asegura compensaciones adicionales a las líneas con ingresos insuficientes para cubrir los costos mínimos operativos, incluyendo gastos de personal y combustible.
Para evitar abusos, se establecerá un límite máximo en los ingresos que excedan los costos operativos, evitando beneficios desproporcionados para los operadores.
La resolución estipula que las tarifas teóricas de referencia se calcularán considerando costos fijos y variables, y se ajustarán a las tarifas comerciales vigentes.
Este esquema es el que podría aplicarse al resto del país.
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