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La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una ampliación de denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) contra Cristian Ritondo. Según Frade, el dirigente omitió declarar empresas e inmuebles que generan sospechas de presunto lavado de dinero. La denuncia también incluye inconsistencias en su declaración jurada.
Ritondo negó todas las acusaciones y aseguró que sus empresas están declaradas. "Algunas tienen movimiento y otras no, pero están todas informadas", afirmó. Sin embargo, la denuncia señala que ciertas firmas muestran actividad no registrada, como Emprendimientos Rivadavia, que realizaría construcciones inmobiliarias en Buenos Aires.
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La polémica se intensificó tras una investigación periodística que reveló que Romina Aldana Diago, esposa de Ritondo, posee propiedades en Estados Unidos valuadas en 2 millones de dólares. Esto derivó en la apertura de una causa penal bajo la fiscalía de Eduardo Taiano, delegada por el juez Sebastián Ramos.
"El movimiento inmobiliario e inmobiliario no está reflejado en sus declaraciones juradas", apuntó Frade. También mencionó que las acciones de varias empresas de Ritondo presentan irregularidades. Por ejemplo, el valor de Emprendimientos Rivadavia retrocedió entre 2021 y 2023, mientras que firmas como Waterford y Bulls Business mantienen valores congelados.
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Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, ya había presentado una denuncia inicial para investigar el patrimonio del legislador. A esta causa se sumó la ampliación de Frade, quien insiste en que las actividades de Ritondo y sus empresas requieren un análisis exhaustivo por parte de la UIF.
Ritondo se defendió al afirmar que su actividad empresarial es previa a su carrera política. "Son empresas antiguas, salvo una que no tiene movimiento desde hace dos años", explicó. No obstante, Frade sostiene que esto no justifica las inconsistencias detectadas.
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Entre las firmas bajo la lupa se encuentran Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bulls Business y Agrolink. La denuncia destaca que las declaraciones juradas de Ritondo muestran posibles inconsistencias respecto al valor de estas empresas y dólares heredados.
El caso también señala posibles irregularidades en la documentación presentada ante ARCA, ex-AFIP. "Será fundamental analizar las declaraciones impositivas para esclarecer el origen de los fondos", afirmó Frade en su escrito.
El jefe de la bancada de Pro, por su parte, calificó las acusaciones como una maniobra política. "No hay nada que ocultar, todo está en regla", aseguró. Sin embargo, la apertura de una investigación patrimonial pone en jaque su defensa.
La causa, que combina elementos financieros y políticos, continuará bajo la supervisión de la fiscalía y la UIF. El desenlace de esta investigación podría tener implicancias significativas para Ritondo y su futuro político.
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