CONFLICTO DEL PODER JUDICIAL: LA CÁMARA CIVIL RECHAZA FALLO DE LA CORTE SUPREMA

En un hecho sin precedentes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profundizando una crisis institucional que arrastra el Poder Judicial desde hace décadas. Los camaristas decidieron no enviar las apelaciones de sus fallos al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad de Buenos Aires, en abierta oposición al criterio fijado por el máximo tribunal.

La decisión fue tomada en una acordada firmada este martes por los 25 integrantes de la Cámara Civil, quienes argumentaron que su instancia superior sigue siendo la Corte Suprema y no la justicia porteña, como establece el fallo del caso Levinas, dictado en diciembre por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

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El conflicto se enmarca en la histórica resistencia de los jueces nacionales con competencia en la Ciudad de Buenos Aires a ser transferidos a la órbita del STJ porteño. Desde la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Ciudad, la Corte ha interpretado que la justicia nacional ordinaria con sede en la Capital debería quedar bajo la jurisdicción del poder judicial porteño, tal como ocurre en el resto de las provincias.

Sin embargo, los magistrados de los fueros civil, comercial, penal y laboral han resistido cualquier intento de traspaso, argumentando que fueron designados como jueces nacionales y que el cambio afectaría su inamovilidad, estructura de trabajo y autonomía.

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El fallo que desató la crisis se dio en el marco de una disputa judicial entre los herederos del artista plástico León Ferrari y el periodista Gabriel Levinas, por la gestión y exposición de las obras del fallecido artista. La Corte determinó que la apelación de la causa debía resolverse en el STJ de la Ciudad, ratificando su criterio sobre el traspaso de competencias.

Sin embargo, la Cámara Civil rechazó esa interpretación y en un extenso documento afirmó que la Corte creó "una vía recursiva no prevista por las leyes nacionales" y que el STJ porteño "no tiene jurisdicción sobre la justicia nacional".

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En su resolución, los camaristas expusieron una serie de fundamentos para oponerse a la medida:

Autonomía de la Justicia Nacional: La Cámara sostiene que sus jueces fueron designados como magistrados nacionales y que la Corte no puede modificar ese estatus sin una ley del Congreso.

Inamovilidad judicial: Argumentan que aceptar la intervención del STJ porteño implicaría desconocer la estabilidad y permanencia de los jueces nacionales.

Impacto institucional: Advirtieron que un traspaso sin un marco legal claro podría "paralizar el sistema judicial", generar incertidumbre en miles de causas en trámite y aumentar los costos para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

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Además, en un mensaje directo a la Corte, afirmaron que sus fallos tienen "obligatoriedad atenuada", lo que significa que pueden apartarse de sus resoluciones si encuentran "nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición del tribunal".

La postura de la Cámara Civil abre un escenario de gran incertidumbre en el sistema judicial. Es la primera vez que un tribunal inferior rechaza explícitamente acatar una decisión de la Corte Suprema, lo que plantea un desafío sin antecedentes recientes en la administración de justicia.

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El conflicto tiene implicancias legales y también políticas e institucionales. Sin un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad para regular el traspaso de la justicia nacional, la disputa entre la Corte y los jueces porteños podría generar un efecto dominó en otros fueros.