EL GOBIERNO ELIMINA APORTES COMPULSIVOS A CÁMARAS EMPRESARIALES

Las empresas ya no estarán obligadas a financiar cámaras patronales con contribuciones obligatorias tras la firma de un decreto presidencial.

Política05/03/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger

El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, oficializaron este miércoles la eliminación de los aportes compulsivos a las cámaras empresariales. Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, las compañías dejarán de estar obligadas a realizar estas contribuciones, que hasta ahora se basaban en una interpretación amplia de la Ley 14.250 sobre Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

El decreto aclara que los convenios colectivos no pueden imponer pagos obligatorios a empresas no afiliadas a las cámaras del sector. "No hay fundamento normativo para exigir estos aportes", explicaron fuentes oficiales, justificando la decisión en la falta de una base legal para su cobro.

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La medida responde a un histórico reclamo de entidades empresariales, que argumentaban que el esquema de aportes compulsivos beneficiaba a ciertas cámaras a costa de empresas que no necesariamente compartían su representación. Sectores como el comercio y la industria metalúrgica fueron los más afectados, con contribuciones que representaban miles de millones de pesos mensuales.

En el caso del comercio, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recaudaban cerca de $6.000 millones al mes, equivalentes al 0,5% del salario de cada trabajador del sector mercantil. En la industria metalúrgica, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exigía un aporte del 1% de la masa salarial, alcanzando una recaudación mensual estimada en $2.500 millones.

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A partir de ahora, los aportes a cámaras empresariales serán voluntarios. Además, el Gobierno advirtió que no homologará acuerdos colectivos que impongan estos pagos, reafirmando su postura contra lo que considera una "interpretación exagerada" de la normativa laboral.

   

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