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El Senado mantiene en vilo los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, tras la polémica designación en comisión ordenada por Javier Milei. La decisión del Ejecutivo de avanzar sin consenso generó rechazo en distintos sectores políticos. El oficialismo tendrá un complejo escenario para la ratificación de los nombramientos.
García Mansilla juró como ministro de la Corte Suprema, pero su pliego aún no cuenta con las firmas necesarias para ser tratado en el recinto. En las últimas horas, trascendió que solo le falta una firma para habilitar el debate. De confirmarse, el Senado decidiría su futuro la próxima semana.
El caso de Ariel Lijo presenta un panorama distinto, ya que su pliego está en condiciones de ser discutido. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó su pedido de licencia extraordinaria, por lo que debe renunciar a su juzgado en Comodoro Py si quiere asumir. Esta situación complica aún más su designación.
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Desde el kirchnerismo sostienen que rechazar ambos pliegos es una cuestión de defensa institucional. Un senador del interbloque peronista advirtió que "si no caen los dos, estamos fritos", reflejando la postura de su espacio. A pesar de esta posición, existen diferencias internas sobre el tratamiento del caso Lijo.
El radicalismo también muestra divisiones sobre la votación de los pliegos. Mientras algunos legisladores guardan silencio, el presidente del partido, Martín Lousteau, evita pronunciarse públicamente. La falta de una estrategia común dificulta una definición rápida.
El PRO expresó su rechazo a la designación por decreto de García Mansilla, pero no avanzó en ninguna acción concreta para frenar el proceso. Mauricio Macri dejó en claro su postura, pero el bloque no tiene una línea unificada sobre qué hacer con los pliegos. Esta indefinición genera mayor incertidumbre.
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La iniciativa del senador Pablo Blanco para convocar una sesión especial quedó en suspenso. No hay acuerdos suficientes para garantizar la presencia de los legisladores y las posiciones siguen fragmentadas. La falta de consenso impide un tratamiento inmediato.
El rechazo a los nombramientos en comisión de Milei generó incluso críticas dentro del bloque Las Provincias Unidas. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien meses atrás respaldó a Victoria Villarruel en la idea de nombrar a una mujer en la Corte, ahora se opone a la maniobra del Gobierno.
El Ejecutivo sostiene que los nombramientos en comisión pueden mantenerse hasta noviembre de 2024, amparándose en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Sin embargo, en el Senado afirman que si los pliegos son rechazados en el recinto, los jueces quedarían automáticamente fuera del cargo.
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La incertidumbre crece en la Cámara Alta, donde el clima político se vuelve cada vez más tenso. Si el rechazo se concreta, el Gobierno deberá definir si insiste con nuevos candidatos o busca otra estrategia. La disputa por la Corte Suprema parece lejos de resolverse.
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