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La brutal guerra contra las drogas que llevó a Duterte a la CPI. Se lo acusa de crímenes de lesa humanidad durante su gestión como presidente.
Actualidad12/03/2025El expresidente de Filipinas enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad tras miles de ejecuciones extrajudiciales.
Rodrigo Duterte aplicó una política de exterminio contra el narcotráfico. Su estrategia dejó miles de muertos y ahora lo llevó a prisión.
"Estaría feliz de masacrar a millones de drogadictos", declaró en 2016.
Con esta frase, comparándose con Hitler, justificó su guerra contra las drogas. Su gobierno reportó 6.200 muertes, pero organizaciones elevan la cifra a 27.000.
La policía ejecutó a miles de sospechosos en operativos nocturnos. Los cuerpos aparecían en calles y callejones sin pruebas en su contra. Muchas víctimas no tenían relación con el narcotráfico.
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Duterte gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 con altos índices de aprobación. Sin embargo, su política represiva generó condenas internacionales.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de captura. El exmandatario fue arrestado en Manila y enviado a La Haya.
"Nunca me disculparé por las muertes", dijo en 2022.
Su postura extrema lo hizo popular entre sectores conservadores. Filipinos cansados del crimen apoyaron su estrategia violenta.
Durante su gestión, alentó a policías y civiles a ejecutar traficantes. Su discurso generó un clima de miedo y permisividad para la violencia.
Duterte construyó su imagen en la ciudad de Dávao. Fue alcalde durante 22 años y aplicó allí sus primeras tácticas de "conmoción y miedo".
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Él mismo confesó haber matado a tres personas cuando era alcalde. Grupos de derechos humanos denunciaron que las cifras oficiales estaban manipuladas. Se inflaron datos sobre consumo y tráfico de drogas para justificar la represión.
En una sola noche, la policía reportó 32 muertos en operativos en la provincia de Bulacan. Se repitieron casos similares en todo el país.
Los muertos incluían adolescentes, políticos opositores y ciudadanos inocentes.
En 2017, se destituyeron 1.200 policías de Manila tras la ejecución de tres menores. Pero la estrategia represiva continuó sin cambios.
La ONU advirtió que la represión extrema no reduciría el narcotráfico. Expertos señalaron que solo perseguía pequeños vendedores y consumidores.
"La gente puede comprar drogas en cualquier momento y lugar", admitió un jefe policial en 2020.
El gobierno nunca logró afectar la estructura de las mafias. A pesar de las muertes, el tráfico de drogas siguió en ascenso.
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El Nobel de la Paz Maria Ressa denunció los abusos de Duterte. En respuesta, el expresidente persiguió periodistas y encarceló opositores.
Dos senadores críticos fueron arrestados con causas dudosas. La periodista Ressa fue acusada de evasión de impuestos y hostigada judicialmente.
Duterte justificó la violencia hasta el final de su mandato. Su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., cambió la estrategia. Enfatizó la prevención y la rehabilitación en vez de las ejecuciones.
Duterte aún mantiene apoyo entre sectores conservadores. Su popularidad cayó solo en 2021, durante la crisis de la pandemia.
Su hija, Sara Duterte, fue elegida vicepresidenta en 2022. Sin embargo, su alianza con Marcos Jr. terminó rápidamente.
Ahora, Rodrigo Duterte enfrenta un juicio en La Haya. La comunidad internacional espera justicia por miles de víctimas.
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