Juez Martín Cormick.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional volvió a generar polémica. Pero esta vez, llegó a la Justicia. El juez Martín Cormick le pidió al Gobierno explicaciones por el DNU que habilita la negociación.
El pedido judicial surgió tras una denuncia de inconstitucionalidad. Organizaciones sociales y referentes políticos acudieron a la Justicia para frenar el decreto.
El magistrado dio cinco días para responder. El Ejecutivo debe presentar un informe oficial con detalles del acuerdo con el FMI.
La resolución se basa en la ley 26.854. Aplica a acciones de amparo. El juez usó el artículo cuarto. Ordenó al Estado nacional cumplir con el pedido sin demoras.
La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. La presentación se hizo tras la aprobación del DNU 179/2025. Ese decreto permite al Presidente negociar sin aval legislativo.
El DNU fue aprobado en Diputados el 19 de marzo. Fue una sesión tensa. Hubo protestas en las calles. Jubilados y organizaciones sociales marcharon. El oficialismo reunió 129 votos a favor. Necesitaba 123.
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El apoyo llegó de varios bloques. PRO, UCR, Coalición Cívica, MID, Innovación Federal. También votaron a favor diputados provinciales. La oposición sumó 108 rechazos, 6 abstenciones y 13 ausentes.
El decreto ya genera resistencia. La denuncia busca su nulidad absoluta. Los demandantes dicen que viola la Constitución.
Señalan una delegación indebida de facultades. El Poder Ejecutivo asume atribuciones que corresponden al Congreso.
Los denunciantes plantean una defensa del sistema republicano. Advierten sobre una concentración de poder. Alertan sobre el uso discrecional del endeudamiento externo.
La presentación judicial tiene cuatro firmantes. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Marcos Zelaya, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. María Eva Koutsovitis, ingeniera y activista. Claudio Lozano, economista de Unidad Popular. Todos cuestionan la legalidad del DNU.
El debate excede lo jurídico. Toca la relación con el FMI. Y revive las tensiones por la deuda externa.
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El decreto permite renegociar acuerdos. Otorga potestad directa al Presidente. El Congreso queda fuera del proceso.
La oposición lo considera un atropello institucional. El oficialismo lo defiende como medida de urgencia.
El juez debe evaluar la validez constitucional. También los efectos derivados del DNU. Los demandantes quieren anular todo acto basado en el decreto.
Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio. No presentó aún el informe requerido por la Justicia.
El fallo judicial podría marcar un precedente. En especial sobre el uso de DNU en materia económica. La Constitución fija límites a ese instrumento.
También se abre una disputa política. El Congreso podría debatir el decreto otra vez. El Senado aún no lo trató.
La negociación con el Fondo continúa. Pero ahora bajo lupa judicial. Las condiciones del acuerdo todavía no fueron publicadas.
El reclamo social se profundiza. Las organizaciones exigen transparencia. Quieren saber qué se firma y en qué nombre.
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La causa podría escalar a instancias superiores. Incluso llegar a la Corte Suprema.
Baldiviezo remarcó la importancia del caso. Dijo que se juega la institucionalidad. Koutsovitis advirtió sobre las consecuencias del endeudamiento sin control. Zelaya y Lozano coincidieron en el rechazo al DNU.
La presentación también cuestiona el modo de aprobación. Señala irregularidades en el tratamiento parlamentario. Denuncian presión sobre legisladores y falta de debate.
El Fondo Monetario aún no opinó. Pero sigue atento. Cualquier cambio puede afectar el cronograma de pagos.
La deuda externa vuelve a dividir aguas. Políticamente. Jurídicamente. Socialmente. Y pone en tensión la relación entre poderes.
El plazo judicial corre. El Gobierno debe responder. Y la Justicia deberá decidir si el DNU avanza o cae.
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