


Las cuotas de las empresas de medicina prepaga volverán a subir en mayo, con aumentos que van del 3,5% al 3,9%. El dato inquieta a los afiliados, ya que se trata de un incremento superior a la inflación de marzo, que fue del 3,7%. El alza se suma al aplicado en abril, cuando las subas fueron de entre 2,2% y 2,8%.
Las empresas justifican los incrementos en el nuevo esquema de desregulación que rige desde febrero. El decreto 102/2025 les permite ajustar precios de manera diferenciada según plan, lo que significa que dos personas con distintas coberturas pueden recibir aumentos distintos. Es una lógica que apunta a una mayor competencia, pero que también genera incertidumbre en los usuarios.
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Entre las compañías que ya anunciaron sus cifras están Omint, con un aumento del 3,9%, Galeno con 3,5% y Swiss Medical con 3,7%. En todos los casos, los incrementos se aplicarán en las cuotas de mayo. El resto del sector informará sus subas en los próximos días, pero se espera que sigan la misma línea.
Los aumentos se dan en un contexto donde el bolsillo de los afiliados viene muy golpeado. La inflación general sigue elevada y la suba acumulada de las prepagas ya genera preocupación en sectores medios. Cada ajuste mensual tensa la relación entre empresas, usuarios y reguladores.
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Aunque el nuevo decreto otorga más libertad a las compañías, persisten ciertos límites legales. El más relevante es el del artículo 17 del decreto 1993/2011, que establece que la cuota de la franja etaria más alta no puede ser más del triple que la de la franja más baja. Esto busca evitar que las personas mayores queden afuera del sistema por razones económicas.
Este tope se mantiene a pesar de las presiones del sector para flexibilizarlo. Las empresas afirman que los costos médicos son mayores en adultos mayores y que el límite los obliga a absorber pérdidas. Sin embargo, el Gobierno aún no se mostró dispuesto a revisar esa norma.
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En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) viene intensificando los controles. En los últimos meses, ya intervino ocho obras sociales, declaró en crisis a tres más y dio de baja a más de 120 prepagas. Muchas de estas últimas estaban registradas pero no prestaban servicios reales.
La SSS asegura que busca ordenar el sistema y proteger a los usuarios. Con esa premisa, ha comenzado una etapa de auditorías más exhaustivas. Las empresas formales ven con buenos ojos la limpieza del registro, pero temen nuevas regulaciones que limiten su capacidad de maniobra.
El sistema de salud privado se encuentra en pleno reordenamiento. La combinación de aumentos, cambios normativos y controles genera un escenario inestable. Las señales que lleguen desde el Gobierno en los próximos meses serán clave para definir el rumbo.
Fuente: El Patagónico







