Esperan se fije fecha para dirigentes camioneros por el robo de vacunas en pandemia

Actualidad24/04/2025

Camioneros a juicio.

La Justicia avanza con una causa clave de la pandemia en la región. Se trata del robo de 30 dosis de vacunas contra el Covid del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La investigación alcanzó a 24 personas imputadas, muchas vinculadas al gremio de Camioneros. El fiscal Teodoro Nürenberg confirmó que la instrucción terminó. Solo falta la fecha de inicio del juicio oral. “La causa está lista para el debate”, aseguró el fiscal a El Chubut.

Las dosis habrían sido aplicadas de forma irregular entre enero y febrero de 2021. Según la hipótesis judicial, un integrante del sindicato le ofreció dinero a una enfermera a cambio de vacunas. El objetivo fue inmunizar a dirigentes gremiales y autoridades de la obra social. Esto ocurrió por fuera del protocolo oficial establecido en pandemia. El procedimiento violó los lineamientos nacionales del plan de vacunación. El fiscal sostiene que hubo un acuerdo económico para saltear el sistema.

El gremio de Camioneros quedó en el centro del expediente. La organización conducida por Jorge Taboada no aparece como querellante. Sí se investiga a uno de sus integrantes como el principal intermediario del acuerdo. Dos enfermeras también fueron imputadas. Ambas habrían facilitado el acceso a las dosis desde el hospital. “Nos ofrecieron plata por vacunas”, declaró una de ellas. Esa frase quedó registrada en el expediente como evidencia.

Durante casi tres años, la causa estuvo estancada en los tribunales. Hubo un conflicto de competencia que frenó su avance. La discusión llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal. Finalmente, la Sala III resolvió el asunto y destrabó el proceso. Los jueces Mahiques, Gemignani y Hornos habilitaron el juicio oral. La resolución judicial fue clave para retomar el caso y llevarlo a su etapa final.

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Las 30 dosis no aparecen en los registros oficiales del hospital. El sistema informático no refleja su aplicación. Los peritajes confirmaron que las vacunas salieron del depósito sin justificación. El hospital no presentó documentación que explique su destino. Las cámaras de seguridad y las comunicaciones internas fueron claves para detectar las maniobras.

El fiscal recopiló pruebas documentales, bancarias y testimoniales. Analizó transferencias de dinero y mensajes entre los involucrados. También revisó hojas de ruta de vacunación, actas médicas y correos internos. Se reconstruyó el circuito completo de las dosis sustraídas. La investigación apuntó a revelar un vacunatorio paralelo dentro del sistema público.

La causa generó fuerte repudio en la comunidad. Durante la pandemia, las vacunas escaseaban y se priorizaban grupos de riesgo. Este caso expuso privilegios sindicales por encima del bien común. Muchos sectores lo vincularon al escándalo nacional del “Vacunatorio VIP”. El caso de Comodoro evidenció fallas locales en el control sanitario.

Los 24 imputados enfrentarán audiencias públicas. Algunos son personal de salud. Otros, integrantes del gremio. Hay directivos de la obra social señalados por haber recibido las vacunas. También figuran administrativos y personal de logística. Todos tendrán que responder por su participación.

Los delitos que analiza el tribunal son graves. Se habla de administración fraudulenta, cohecho y abuso de autoridad. Podrían sumarse cargos por violación de los deberes de funcionario público. La Justicia busca determinar si hubo una estructura organizada.

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El juicio tendrá impacto político además de judicial. El gremio de Camioneros es una fuerza poderosa en la región. El proceso podría dañar su imagen pública. También afectará la credibilidad del sistema sanitario. Los medios nacionales ya anticipan una cobertura extensa.

El fiscal Nürenberg pidió que se garantice la publicidad del juicio. Aseguró que la comunidad necesita transparencia y justicia. Propuso convocar a testigos del hospital y de la obra social. También solicitó informes de expertos en epidemiología. “No podemos permitir que este caso quede impune”, expresó.

Desde el gremio aún no se emitieron comunicados. Algunos de los implicados se abstuvieron de declarar. Otros negaron toda vinculación. Varios están representados por abogados privados. La defensa sostiene que no hubo delito. La Justicia deberá resolver los hechos con pruebas y no con rumores.

El proceso se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro. Las audiencias serán orales y públicas. El tribunal aún no fijó la fecha. Se espera que el juicio comience en los próximos meses. La decisión está en manos de la oficina judicial.

La causa podría sentar un precedente importante. No solo por el tipo de delito, sino por los actores involucrados. Es uno de los pocos casos en el país que llega a juicio por robo de vacunas. El resultado marcará una línea para futuras investigaciones similares.

Organizaciones sociales seguirán de cerca el juicio. Especialmente aquellas que fiscalizan el sistema de salud. También participarán organismos de derechos sanitarios. Pedirán que se respeten los principios de equidad y justicia. El reclamo es claro: no más privilegios en pandemia.

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La comunidad de Comodoro se siente estafada. Durante 2021 hubo largas filas para conseguir una vacuna. Muchas personas esperaron semanas para recibir su turno. Mientras tanto, dirigentes gremiales accedían a dosis de forma clandestina. La indignación social no desapareció.

Este caso demuestra los límites del poder sindical. Aunque poderoso, no puede vulnerar normas sanitarias. El juicio pondrá a prueba la igualdad ante la ley. Ningún cargo gremial debería justificar un privilegio. El mensaje es contundente: todos deben respetar las reglas.

Las vacunas robadas eran de uso exclusivo para personal esencial. Fueron enviadas por el Estado nacional. Tenían un destino específico. Su desvío constituye una falta grave. El juicio buscará determinar quién tomó la decisión. Y quién se benefició de esa decisión.

La obra social del gremio también podría tener responsabilidades. Si se prueba que sus directivos sabían del acuerdo, podrían enfrentar cargos. La investigación aún no lo descarta. El juicio será el escenario para determinarlo. Las responsabilidades no terminan en las enfermeras.

El caso tuvo una gran cobertura local desde el inicio. La prensa documentó cada paso. Las familias afectadas también lo hicieron. Varios profesionales del hospital colaboraron con la fiscalía. La comunidad espera un veredicto justo.