


En una entrevista con #MODO17, Nelson Dalcolmo, representante del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), advirtió sobre la crítica situación del sector. Los yerbateros cosechan a pérdida y denuncian que la desregulación estatal favorece la concentración del mercado. La eliminación de controles amenaza a más de 13.500 familias productoras y a 15.000 trabajadores directos.
“Estamos en plena cosecha gruesa, pero muchos productores decidieron reducirla para no fundirse”, explicó Dalcolmo desde su chacra entre Misiones y Corrientes. El kilo de hoja verde cuesta entre 250 y 300 pesos, pero el paquete llega a las góndolas a más de 5.000. El productor, que trabaja a cielo abierto, no cubre los costos ni puede prever el futuro.
El Decreto 70/2023, impulsado por el Gobierno nacional, eliminó los controles sobre el precio y la fiscalización de la actividad. Esta medida, según Dalcolmo, “deja sin herramientas a una institución creada por ley y financiada por el propio sector”. La estampilla yerbatera, que sostiene al INYM, no representa un gasto para el Estado.
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La medida también anuló la limitación de nuevas plantaciones, lo que podría generar una sobreoferta, caída de precios y concentración en pocas manos. “Limitábamos la plantación a cinco hectáreas por productor para evitar lo que pasó con el té”, recordó. Hoy el té está en manos de cuatro empresas y los pequeños productores desaparecieron.
Dalcolmo recordó que el INYM nació en 2002, tras 45 días de acampe frente a Casa de Gobierno, luego de que la hoja verde pasara de valer 23 centavos en 1990 a sólo 3 centavos en el 2000. “La Comisión Reguladora fue eliminada en los 90, y el precio se desplomó”, relató. La creación del INYM permitió volver a una economía yerbatera sustentable.
“Nosotros no pedimos subsidios, pedimos reglas justas y un marco que proteja a los que producimos”, sostuvo el dirigente. La yerba mate, a diferencia de otras actividades regionales, se produce solo en Argentina, Paraguay y Brasil. Es, además, la infusión nacional y una economía de demanda inelástica.
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La falta de regulación amenaza el equilibrio alcanzado durante las últimas dos décadas, donde toda la cadena —desde cosecheros hasta molineros— logró sostenerse con esfuerzo. “Estamos nuevamente en una situación de riesgo y con medidas que desarman el sistema que construimos”, denunció. El sector reclama que se escuche su voz antes de que sea tarde.
La chacra, el secadero y el molino conforman una estructura frágil cuando no hay respaldo institucional. Dalcolmo alertó que muchas familias podrían abandonar la producción si se prolonga el escenario actual. El problema no es de productividad, sino de reglas de juego que ya no existen.
El INYM también garantiza el cumplimiento del convenio de corresponsabilidad gremial, uno de los más efectivos del país con un 99% de cumplimiento. Esa estructura permite registrar cosecheros y asegurar condiciones laborales. “Somos ejemplo nacional y nos quieren desarmar”, lamentó.
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El precio del paquete de yerba no refleja el valor pagado al productor, sino los márgenes que se suman en la cadena de comercialización. Según Dalcolmo, el precio se multiplica por veinte desde la chacra a la góndola. El productor yerbatero no ve esos márgenes ni tiene cómo defenderse sin el Instituto.
La coyuntura económica y las decisiones oficiales generaron una tormenta perfecta para el sector. Cosechar hoy significa resignar ingresos y asumir pérdidas para no perder la planta. “La yerba es perenne, si no la cosechamos ahora, se cae la hoja y perdemos la producción”, explicó el dirigente.
Las familias productoras reclaman previsibilidad, acceso a precios justos y límites a la concentración del mercado. El riesgo de convertir la yerba en un producto de grandes corporaciones amenaza el arraigo rural. La historia reciente del té sirve como advertencia.
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El Instituto busca evitar un escenario de concentración que excluya a los pequeños y medianos productores. La pérdida de esa estructura federal implicaría un retroceso en materia de equidad territorial. La yerba mate no es solo una bebida, es una cultura y una economía regional única.
Dalcolmo reiteró que la actividad no recibe recursos estatales y que el INYM se autofinancia. Además, cumple funciones que alivian al propio Estado, como el control laboral y la fiscalización. La eliminación de estos mecanismos, advirtió, perjudica a toda la cadena.
Mientras avanza la cosecha, la incertidumbre crece y las decisiones oficiales siguen sin contemplar al productor. “Si no hay una reacción, vamos camino a repetir los errores del pasado”, concluyó. La yerba mate está en peligro, y con ella, miles de familias del Litoral argentino.







