El archivo Gangeme Sergio Bustos
El 13 de mayo de 1999, la tranquila localidad de Trelew, en la provincia de Chubut, se estremecía con el asesinato de Ricardo Gangeme, periodista de investigación y exdirector de los periódicos Jornada y El Informador Chubutense. Su homicidio marcó un antes y un después en la historia judicial y mediática de la región, convirtiéndose en un caso icónico de impunidad que, a 26 años, sigue sin resolverse.
Gangeme era conocido por su estilo incisivo y sus investigaciones que tocaban los intereses de poderosos sectores políticos y económicos. La noche de su muerte, había cenado en la Asociación Mutual de Empleados Provinciales en Rawson y fue seguido hasta su residencia en pleno centro de Trelew. A la 1:15 de la madrugada, mientras estacionaba su vehículo frente al edificio Albemar, un disparo calibre 38 lo alcanzó en la cabeza. Según las investigaciones, el asesino era un sicario contratado con apoyo local.
La conmoción inicial dio paso a una investigación plagada de irregularidades. La causa fue liderada en primera instancia por el juez Florencio Minatta, quien llevó a juicio a Gustavo Fabián Smith, Daniel Vitti y Alejandro Zabala como autor, instigador y partícipe, respectivamente. Sin embargo, todos fueron absueltos por falta de pruebas contundentes.
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Años más tarde, en 2007, el fiscal Ricardo Basílico ordenó una nueva pesquisa a cargo de la Policía Judicial, pero tampoco logró avances significativos. En 2010, los fiscales Fernando Rivarola y Mirtha Moreno archivaron la causa tras verificar que las pruebas recolectadas no eran suficientes para imputar a nuevos sospechosos.
La hipótesis más aceptada señala a Martín Laurindo Vélez Galván, un prófugo bonaerense que habría sido contratado para ejecutar el crimen. En 1998 y 1999, la Policía del Chubut había recibido advertencias sobre la presencia de un delincuente de alta peligrosidad en la región, vinculado a actividades criminales de gran magnitud. Vélez Galván habría sido alojado en la Unidad 6 de Rawson y mantenía contactos con delincuentes locales.
La noche del asesinato, un testigo clave reveló que un policía de civil marcó a Gangeme desde la Escuela 5, donde había sido interceptado por última vez. La investigación posterior indicó que el sicario huyó hacia Comodoro Rivadavia, escoltado por una logística que incluía vehículos y apoyo local.
Las primeras fallas en la investigación fueron evidentes. El proyectil que mató a Gangeme fue lavado, eliminando cualquier posibilidad de obtener evidencias genéticas. Además, varios testigos clave dieron declaraciones contradictorias o fueron descartados sin explicación aparente. Uno de los episodios más controvertidos fue el testimonio de Jorge “Turco” Castillo, quien, tras recibir beneficios judiciales, se convirtió en testigo estrella, pero su credibilidad fue cuestionada.
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El abogado defensor Fabián Gabalachis recordó el juicio como “atípico”, con un componente mediático que dificultó una investigación objetiva. Según Gabalachis, la amplia red de enemigos que Gangeme había acumulado debido a sus investigaciones amplió las hipótesis del caso, complicando aún más el esclarecimiento.
Fernando Rivarola, uno de los fiscales asignados en 2010, destacó las limitaciones de retomar un caso tan antiguo. Aunque lograron digitalizar el expediente y seguir la pista de Vélez Galván, confirmaron que había fallecido en un accidente de tránsito en 2009. Esto cerró la última posibilidad de interrogar al presunto autor material y de rastrear a los responsables intelectuales.
El entonces juez Roberto Portela, quien dictó la absolución de los imputados originales, admitió que las pruebas no eran suficientes para destruir el principio de inocencia. Según Portela, “algo falló” en la investigación inicial, dejando lagunas que no pudieron ser subsanadas en las pesquisas posteriores.
Pablo Gangeme, hijo del periodista, se convirtió en un incansable defensor de la causa de su padre. En 2009, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando las irregularidades de la investigación. En 2023, la CIDH declaró admisible el reclamo, aunque la resolución definitiva podría tardar varios años.
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Pablo sostiene que el caso fue manipulado desde el principio. Según él, su padre tenía documentación comprometedora que fue sustraída tras su muerte. También denuncia que varios testigos claves no fueron considerados y que las hipótesis se politizaron, desviando la atención del verdadero móvil del crimen.
El procurador general Jorge Miquelarena, quien reabrió la causa en 2007, concluyó que el asesinato de Gangeme fue un encargo ejecutado por Vélez Galván con apoyo local. Sin embargo, la imposibilidad de interrogar al sicario y la falta de pruebas materiales concretas impidieron cerrar el caso.
A pesar de los esfuerzos de varias gestiones, el crimen prescribió. Los responsables, tanto materiales como intelectuales, nunca fueron llevados ante la justicia. La CIDH podría sancionar al Estado argentino por su ineficiencia, pero esto no traerá justicia plena para Gangeme ni para su familia.
El caso del periodista también refleja los desafíos de investigar crímenes complejos en un contexto de limitaciones tecnológicas y judiciales. En 1999, no existían herramientas como el rastreo de teléfonos celulares o el análisis genético avanzado que hoy son comunes en las investigaciones criminales.
Gangeme fue una víctima de la violencia, y del sistema que no pudo protegerlo ni esclarecer su muerte. Su legado como periodista y la lucha de su hijo Pablo son recordatorios de la importancia de la verdad y la justicia en una sociedad democrática.
A 26 años del asesinato, el caso sigue siendo un doloroso recordatorio de cómo la impunidad puede perpetuar el sufrimiento de las víctimas y sus familias. La falta de respuestas concretas deja abierta la herida, mientras la historia de Ricardo Gangeme se erige como un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad.
Foto: Diario Jornada
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