


Las cámaras empresarias del sector congelador presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta formal para iniciar negociaciones. La condición es clara: no se armará ningún barco para la prospección si las tripulaciones no aceptan la reducción del 30% en los valores de liquidación. Esta postura fue ratificada por las principales empresas. La fecha límite para definir la nominación de buques es el 23 de mayo. Si no hay acuerdo, no habrá participación congeladora en el operativo diseñado por el INIDEP.


El único buque congelador que podría sumarse es el “Mar Sur”, de la firma Pescargen. Esa sería la única excepción en caso de que no se llegue a un entendimiento. Las demás empresas optarán por no intervenir si no hay respuesta positiva por parte de los sindicatos. Esta presión empresaria se da en un contexto complejo para la actividad, con tensiones acumuladas y escasa rentabilidad.
Los fresqueros tampoco tienen intención de participar en la prospección mientras no se atiendan sus reclamos. El plan de manejo actual genera malestar. Se exige la modificación del tiempo máximo de marea y la velocidad nocturna de navegación. La postura es mayoritaria, aunque no hay una decisión unificada. Varias cámaras coinciden en que no están dadas las condiciones técnicas.
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En ALFA, los socios votaron por unanimidad no participar en la prospección bajo las condiciones vigentes. La misma línea adoptaron UDIPA y los fresqueros patagónicos. El precio ofrecido por la materia prima tampoco es alentador. Los números no cierran para nadie, ni para las plantas ni para los armadores. Los barcos no quieren salir a pescar a pérdida.
Conarpesa anunció que no nominará fresqueros y mantendrá la planta cerrada. La empresa considera que los costos actuales y el valor de compra del producto no permiten operar de forma rentable. En ese escenario, prefieren esperar hasta el inicio de la temporada en Rawson, que podría ofrecer mejores condiciones comerciales. La decisión es definitiva y fue comunicada públicamente.
En Mar del Plata, los fresqueros agrupados en ALFA y UDIPA también se bajaron de la prospección. En lugar de salir a buscar langostino, prefieren concentrarse en la pesca de calamar, que tiene un mercado más estable, precios aceptables y demanda asegurada. La comparación entre ambas alternativas no deja margen de duda para los armadores.
La decisión de no participar tiene otro respaldo legal. La representante de la Provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero, Carla Seaín, confirmó que no existe ninguna obligación para las empresas de nominar buques. Esta afirmación contradice los discursos de dirigentes gremiales que reclamaban sanciones en caso de inactividad. Por ahora, no habrá penalizaciones.
El conflicto con el sector congelador parece difícil de resolver en el corto plazo. La Secretaría de Trabajo aún no oficializó la fecha de convocatoria. Se espera una primera reunión entre CAPECA, CAPIP y los gremios. Pero no hay señales de que las partes puedan llegar a un acuerdo inmediato. Las posiciones están muy alejadas.
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El tiempo apremia. La inscripción para la prospección está abierta para cuatro fresqueros y dieciséis congeladores. Se había priorizado a estos últimos porque son quienes habitualmente llevan observadores del INIDEP a bordo. Sin embargo, la voluntad de participar desapareció en ambos sectores. Las condiciones actuales no son atractivas ni aceptables.
La publicación del acta del Consejo Federal Pesquero generó más dudas que certezas. El documento solicitaba opinión técnica al INIDEP, pero el mismo día ya se había oficializado la fecha de prospección. No se explicó por qué se manejó con tanto misterio la información. Ya se conocían las subáreas y el diseño del operativo.
Esto despertó críticas por parte de los empresarios, quienes consideraron que hubo un doble discurso. No se entiende por qué jugaron al misterio si ya tenían todo definido, fue el reclamo de varios actores del sector. La falta de transparencia no ayuda a mejorar la relación entre las partes.
Los gremios, por su parte, aún no respondieron de forma oficial a la propuesta empresaria. En asambleas recientes del SOMU se repitió el rechazo a cualquier tipo de reducción salarial. Pero también se evitó dar definiciones firmes. El conflicto tiene múltiples aristas y un fuerte componente político.
El presidente de Conarpesa, tras una reunión realizada en Barcelona, anticipó que irá a la Justicia si sus tripulaciones aceptan salir con nuevas condiciones. Su intención sería pedir autorización judicial para despachar barcos. El SOMU ya anticipó su rechazo a esa posibilidad. La tensión gremial-empresaria suma un nuevo capítulo.
La situación en el sector langostinero es crítica. Si no se nominan buques antes del 23 de mayo, la prospección no podrá realizarse. Sin barcos, no hay operativo. La pesca quedará suspendida hasta nuevo aviso. Es una consecuencia directa del conflicto laboral y de la falta de acuerdo político.
Por el momento, el Consejo Federal Pesquero no convocará nuevas reuniones. La próxima sesión está prevista para el 28 de mayo. Recién entonces se podrá debatir sobre los pedidos de modificación del plan de manejo, y consultar a los técnicos sobre su viabilidad. Hasta ese momento, el estancamiento es total.
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Para los fresqueros, una modificación podría destrabar el conflicto. Si se aceptan los cambios pedidos, algunas empresas considerarían salir a pescar. Pero para los congeladores el escenario es más complejo. Las diferencias son más profundas. El conflicto salarial requiere tiempo, paciencia y voluntad real de negociación.
Los próximos días serán decisivos. Los sindicatos deberán definir su postura. Las cámaras empresarias no están dispuestas a ceder sin garantías. Si no hay avances, la temporada de langostino podría comenzar con un retraso inédito.
La falta de acuerdo genera incertidumbre en todos los eslabones de la cadena productiva. Las plantas no operan, los barcos no zarpan y los trabajadores esperan. La pesquería más importante del país queda en suspenso por un conflicto sin solución a la vista.









