ARCA exige adhesión al “Plan Colchón” y amenaza con cortar el acceso a datos fiscales
Política01/06/2025
Sergio Bustos
Ministro de economía Luis-Caputo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una advertencia directa a las provincias que aún no adhirieron al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El organismo anticipó que las jurisdicciones que no firmen el nuevo convenio de intercambio de datos dejarán de recibir información clave sobre facturación y consumos. La medida busca garantizar la implementación efectiva del Régimen Simplificado de Ganancias y se inscribe dentro del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.
El gobierno nacional intenta consolidar un nuevo paradigma fiscal. A través de ARCA, convocó a las 24 provincias a suscribir un acuerdo que permita compartir y proteger la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos. Según el comunicado oficial, el objetivo es “preservar la libertad de uso del dinero de los argentinos” bajo un esquema que invierte la lógica tradicional de fiscalización.
La condición impuesta por ARCA generó tensión con varias provincias. El texto del organismo nacional señala que las jurisdicciones que no adhieran perderán el acceso a la información recabada a nivel nacional, incluyendo los datos sobre facturación de personas y empresas, así como los consumos que superen los 50 millones de pesos anuales. La amenaza fue interpretada como una maniobra de presión política para forzar el respaldo al nuevo régimen.
La provincia de Buenos Aires fue la primera en reaccionar con dureza. El gobierno de Axel Kicillof calificó al plan nacional como un “blanqueo encubierto” y ratificó que mantendrá su propio sistema de fiscalización. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aseguró que la provincia seguirá aplicando sus criterios de control sin modificaciones.
Girard sostuvo que “ARBA sigue trabajando con normalidad”. Reafirmó que los impuestos provinciales como Ingresos Brutos o el Inmobiliario no se verán afectados por los anuncios de Nación. “La fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, declaró.
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El funcionario también defendió el principio de equidad tributaria. “Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”, agregó Girard en declaraciones oficiales.
La postura bonaerense evidenció una fuerte grieta en el federalismo fiscal. La Nación impulsa un sistema centralizado basado en nuevos umbrales y eliminación de controles previos, mientras que las provincias insisten en sostener sus mecanismos propios de fiscalización y administración.
Desde ARCA aseguran que el plan busca garantizar derechos ciudadanos. El organismo explicó que el nuevo sistema pretende que “los ciudadanos sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, invirtiendo la carga de la prueba y reduciendo la intervención estatal directa en la vida financiera personal.
El Plan Colchón forma parte de un paquete de medidas para habilitar el uso de efectivo no declarado. Se trata de una estrategia para estimular el blanqueo de capitales sin penalidades, con el argumento de devolver libertad al contribuyente y facilitar la circulación de fondos que permanecen fuera del sistema.
La iniciativa fue rechazada por gobernadores del PJ y de otras fuerzas políticas. Consideran que representa una cesión de facultades sin garantías claras y que podría favorecer a los sectores de mayor poder adquisitivo sin asegurar beneficios para el resto de la sociedad.
ARCA planteó que el nuevo convenio es indispensable para sostener el sistema. El acceso a la información fiscal quedó condicionado a la firma del acuerdo, lo que implica que aquellas provincias que no adhieran quedarán al margen de los datos necesarios para detectar evasión o inconsistencias.
El umbral fijado por ARCA establece que los consumos superiores a los 50 millones de pesos deben ser informados. Esta información permite trazar perfiles patrimoniales, pero ahora quedará reservada para las provincias adheridas. El resto dependerá de fuentes propias o de convenios anteriores sin vigencia actual.
Las provincias más chicas manifestaron preocupación por la medida. Muchas agencias locales dependen de esos datos para complementar sus procesos de fiscalización. Sin acceso a esa información, podrían perder eficacia en la detección de maniobras fraudulentas.
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Desde Nación se intenta mostrar el plan como una revolución administrativa. El Gobierno asegura que eliminará burocracia, simplificará el sistema impositivo y fortalecerá la confianza de los contribuyentes. Sin embargo, las críticas se multiplican por la falta de precisiones sobre la implementación.
La disputa reabre un viejo conflicto entre Nación y provincias. El federalismo fiscal argentino se rige por acuerdos complejos que mezclan recaudación propia, coparticipación y convenios bilaterales. El Plan Colchón altera ese equilibrio y obliga a las jurisdicciones a tomar posición.
Cristian Girard remarcó que Buenos Aires no aceptará condiciones unilaterales. Aseguró que “la ley garantiza a las provincias autonomía fiscal” y que “la Nación no puede condicionar el acceso a información a la firma de acuerdos con cláusulas impuestas”.
El comunicado de ARCA fue interpretado como una amenaza directa. Funcionarios provinciales señalaron que la advertencia no respeta la lógica de cooperación institucional y rompe con los principios de corresponsabilidad en la administración tributaria.
El gobierno nacional reafirmó su decisión de avanzar con el régimen. Indicó que el sistema actual es ineficiente y que los cambios permitirán una mejora estructural en el control de la evasión y el uso del dinero informal.
Los analistas anticipan más conflictos en las próximas semanas. Las provincias deberán decidir si se suman al esquema propuesto o si enfrentan las consecuencias del aislamiento fiscal.
Las agencias tributarias provinciales piden diálogo. Requieren claridad sobre los alcances del convenio, las obligaciones que implica y el tipo de información que se compartirá bajo el nuevo régimen.
El plan divide a las provincias en dos bloques. Algunas evalúan adherir por necesidad operativa. Otras, como Buenos Aires, optan por resistir en defensa de sus estructuras propias.
El futuro del Plan Colchón dependerá del respaldo político. Si pocas provincias lo firman, el sistema podría fracasar en la práctica.
La pulseada pone en juego la transparencia y la equidad fiscal. La posibilidad de liberar grandes sumas sin controles genera debate sobre justicia tributaria y redistribución.
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El oficialismo considera que se trata de una medida histórica. Promete modernizar la relación entre contribuyentes y el Estado, aunque las provincias piden condiciones más claras.
La firma del convenio no es automática. Requiere debate legislativo y análisis técnico en cada jurisdicción. Algunos gobiernos ya anticiparon que no lo tratarán en el corto plazo.
La tensión entre ARCA y ARBA marca el tono del conflicto. La Nación apuesta al cambio drástico. Buenos Aires defiende el sistema vigente.
El resultado impactará en los ingresos provinciales. El acceso a datos fiscales es clave para sostener políticas sociales, salud, educación e infraestructura.
El debate recién empieza. La próxima etapa definirá si el Plan Colchón se impone o si queda como un nuevo capítulo en la larga historia de conflictos fiscales en Argentina.
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