Barco pesca foto ilustrativa generada por AI
En una entrevista realizada en el programa El Quinto Poder por #LA17, Alejandro Boccolini, delegado gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo, alertó sobre el escenario de creciente tensión que atraviesa el sector portuario. Denunció presiones empresarias para reducir salarios, criticó el silencio del Estado nacional y defendió la unidad sindical como último bastión para frenar lo que considera un ataque directo a la dignidad de los trabajadores.
“No podemos ceder esto”, expresó Boccolini al referirse a la reunión en la que participaron más de diez gremios de la región, todos alineados en un mismo reclamo: defender el trabajo ante decisiones unilaterales de las empresas. Según explicó, el sector enfrenta un intento de recorte del 30% en los salarios, lo que consideró un chantaje inaceptable. “¿Quién aceptaría ganar 30% menos?”, preguntó con énfasis al aire, e instó a la sociedad a imaginar una situación similar en otros ámbitos laborales.
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“El Estado dijo que es un problema de privados”, reprochó, y sostuvo que los trabajadores quedaron solos en una pulseada desigual. Para Boccolini, la ausencia estatal deja al sector vulnerable frente a “decisiones de megaempresarios” que, según sus palabras, “juegan con el tiempo y la necesidad ajena”.
“Estamos todos como rehenes”, afirmó, en referencia no solo a los trabajadores embarcados, sino también a las plantas pesqueras, comercios y familias enteras que dependen de la actividad. “No se trata solo de los barcos”, insistió, al remarcar que la economía de ciudades enteras está en riesgo.
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Boccolini denunció que las empresas no buscan negociar, sino imponer condiciones cerradas. “Esto o nada”, sintetizó, al relatar la falta de voluntad empresarial para alcanzar acuerdos. Además, advirtió que si el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) se suma al conflicto, podría haber un paro total en los puertos del país. “Estamos en una delgada línea roja”, dijo, preocupado por el riesgo de ruptura de la paz social.
El delegado también criticó la contradicción oficial: “El Estado necesita dólares, pero no interviene”, y cuestionó que no se activen herramientas para reactivar la producción. Al mismo tiempo, apuntó contra el discurso empresario que pide baja de sueldos mientras invierte millones en barcos y plantas. “No se amortiza una planta en una campaña”, ironizó.
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Sobre los ingresos del sector, Boccolini desmintió los números que circulan públicamente: “No todo el mundo gana igual arriba del barco”, dijo, y pidió no estigmatizar al personal embarcado, que cumple con sus tareas y vuelca su dinero en la economía local. “La plata de los trabajadores queda en la ciudad”, subrayó.
También se refirió a la sobreacumulación de stock por parte de algunas empresas que buscan aprovechar esa ventaja para forzar condiciones laborales. Reconoció, sin embargo, que no todas las firmas atraviesan la misma situación y que hay empresarios con voluntad de sostener la actividad.
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A su vez, propuso agregar valor a la producción en origen y cuestionó la lógica de exportar materia prima sin procesamiento local. “El pueblo argentino es dueño del caladero”, recordó, y reclamó soberanía sobre los recursos pesqueros.
Boccolini también mencionó ataques personales al gremio SOMU, en particular desde sectores ligados al empresario Álvarez Castellano. “No puede una sociedad pagar por un encono personal”, sostuvo, en rechazo a posibles represalias sindicales.
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La entrevista cerró con un mensaje claro: “La dignidad de los trabajadores no se negocia”. La mesa sindical, aseguró, mantendrá su unidad ante cualquier intento de quebrar sus derechos. “Queremos trabajar en una industria próspera, no bajo amenazas”, concluyó Boccolini, y pidió una salida urgente y justa que contemple la producción, el empleo y la paz social.
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