¿Ciberpatrullaje? El Gobierno prepara un decreto para ampliar el poder de la Policía Federal

El Gobierno nacional avanza en la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificaría por completo la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, vigente desde 1958. El borrador, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que el presidente Javier Milei firmaría tras su regreso del exterior, ya genera fuertes controversias jurídicas e institucionales.

Entre las modificaciones más relevantes figura la posibilidad de que la Policía Federal realice detenciones por hasta 10 horas sin orden judicial a quienes no puedan acreditar su identidad. También se contempla la realización de requisas sin orden del juez en determinadas circunstancias y la habilitación del patrullaje digital en redes sociales abiertas.

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Desde el oficialismo argumentan que la medida busca actualizar la normativa ante nuevas amenazas criminales y reorganizar una estructura institucional desactualizada. Según el texto preliminar, la reforma se fundamenta en la necesidad de “modernizar la fuerza”, siguiendo modelos como el FBI estadounidense o la Policía Federal de Brasil.

Sin embargo, juristas y dirigentes políticos advierten que la iniciativa roza la inconstitucionalidad, ya que modificaría aspectos del Código Penal por decreto. “Una reforma así no se puede hacer por DNU”, sostuvo el diputado nacional radical Fernando Carbajal, quien además integra la comisión bicameral de Seguridad Interior. “Están volviendo a la detención por averiguación de antecedentes”, cuestionó.

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El inciso 7 del artículo 6° del proyecto establece que la Policía podrá demorar a personas por hasta 10 horas si existen indicios fundados de que podrían haber cometido un delito y no acreditan identidad. Aunque se permite avisar a un familiar y exige separar a los demorados de los detenidos por delitos, especialistas consideran que la norma vulnera derechos básicos.

Otro punto crítico es la autorización a realizar requisas sin orden judicial, por ejemplo, en operativos de control en la vía pública o si se presume que podrían perderse pruebas de un delito. Expertos en derecho penal alertan que esta facultad puede abrir la puerta a prácticas discrecionales difíciles de controlar. “El ‘olfato policial’ no puede ser suficiente”, resumió un ex camarista federal.

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El borrador también prevé legalizar el ciberpatrullaje en redes sociales abiertas y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial. Aunque esta tarea ya se realiza desde gestiones anteriores, la iniciativa busca darle un marco normativo. Para algunos especialistas como Carlos Ñamandú, la medida no representa espionaje ilegal, sino una “vigilancia preventiva del siglo XXI” en espacios digitales.

La urgencia del decreto se explica por un motivo concreto: el 8 de julio vencen las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por la Ley Bases, y el Gobierno quiere firmar el DNU antes de esa fecha. Además, el texto declara en “situación de emergencia” a la Policía Federal por dos años, lo que permitiría contrataciones directas y reorganizaciones sin licitación.

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Desde el entorno de Bullrich evitaron dar declaraciones, aunque confirmaron que en los próximos días el proyecto será presentado públicamente junto al presidente Milei. Por ahora, el borrador lleva la firma digital de la ministra, pero podría sufrir modificaciones antes de su publicación oficial.